El consejo del Popular no tuvo todos los datos de la ampliación de 2016 antes de aprobarla

Las dudas sobre la ampliación del Banco Popular en 2016 se dejan entrever en cada línea del informe de los peritos del Banco de España. El documento refleja que el consejo de administración estaba "dividido" en torno a si ésta era la mejor opción para cumplir con los requerimientos del Banco Central Europeo (BCE) en materia de activos dudosos. 

Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández llegan a advertir que buena parte de los miembros del consejo carecían de toda la información necesaria para dar luz verde a la misma. Un hecho que se produjo en el consejo de administración del 25 de mayo de 2016, sin que "conozcamos las conclusiones" que llevaron al grupo de trabajo liderado por el consejero delegado, Francisco Gómez, a presentar la ampliación como la mejor alternativa. 

Las actas reflejan cómo "hay, al menos, dos opiniones que manifiestan claras dudas sobre la ampliación". La primera de ellas parte del mexicano Ángel del Valle, quien insistía en que no se había aportado "una revisión por parte de un asesor externo", y acusaba al equipo directivo de preparar el proceso "a espaldas del consejo", ya que Ángel Ron explicó que era la solución acordada con el BCE y que ya había un plan de mejora de la gestión que llevara a aumentar los ingresos. 

Ron contesta

También José María Arias se mostraba dubitativo sobre los planes del Popular. En concreto, aseguraba que "en anteriores consejos se acordó una operación combinada que contemplaba una ampliación, la desinversión en activos y una operación corporativa". Sin embargo, lo que se encontró ese 25 de mayo fue "una ampliación de gran envergadura, lo que hace muy difícil valorarla aisladamente" y que optó por "salvar" su voto. 

Menciones particulares al margen, también existieron dudas sobre si era o no el momento más adecuado a la vista de la situación económica que vivía el mercado. Sea como sea, y ya en el consejo del 29 de junio de 2016, el consejero Jaime Ruiz insistió en que "no hubo tiempo para tomar una decisión". 

No sólo eso, es que también pidió explicaciones sobre la estrategia de desinversión de activos improductivos, que fue respondida por el presidente de la entidad, Ángel Ron. En él señalaba que la idea era "separar el banco en dos, por un lado el negocio principal y los activos no rentables por otro". 

Ron explicó también que se hizo una "ampliación con un impacto positivo en la imagen de la entidad con los reguladores y supervisores", aunque explicó que la CNMV quería conocer cómo se iba a contabilizar la ampliación de capital. 

Preguntas adecuadas antes de ampliar capital

El documento enviado al juez Calama refleja también cómo tras la ampliación hubo un sesudo análisis en la Comisión de Auditoría. En ella Javier Moreno y Miguel Ángel Moran reclamaron información acerca de "las medidas que motivaron la ampliación de capital", y pidieron información acerca de qué se iba a hacer con los 4.700 millones de provisiones anticipados al mercado, a qué se iban a destinar y qué niveles de saneamiento esperaban conseguir. 

Ambos consejeros preguntaban también acerca de las necesidades de retasación de inmuebles que se necesitarían para cumplir con los requerimientos del Banco de España, y "un análisis de la inversión crediticia de los últimos 5 años por añadas para conocer las entradas en dudosos de cada año y la calidad de la cartera no comprometida por operaciones anteriores al inicio de la crisis así generada". 

Unas preguntas que los peritos del Banco de España califican de "muy razonables", pero que "debían estar analizadas y ser conocidas por el consejo antes de tomar la decisión de ampliar". Esto demuestra, a su juicio, que "era en ese momento cuando el Consejo estaba analizando la ampliación y no antes de aprobar" que se llevara a cabo.