Podría suponer un cambio en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España. Por eso, todos los actores implicados se han puesto a trabajar con un mismo objetivo: evitar que el título III de la Ley Helms-Burton afecte a las empresas españolas en Cuba.

La reactivación a partir del 1 de mayo del título III de la Ley Helms-Burton, anunciada por la administración de Donald Trump, permite a los estadounidenses reclamar ante los tribunales de EEUU las propiedades que les fueron expropiadas durante la revolución cubana y que actualmente están en manos de empresas.

Entre las empresas españolas que podrían verse afectadas está la hotelera Meliá, pero no Barceló Hotel Group, que según ha confirmado a este periódico gestiona tres hoteles en Cuba pero los inmuebles no son de su propiedad. Meliá, por su parte, no ha querido hacer declaraciones.

Sin embargo, fuentes del sector señalan que se sigue trabajando con normalidad. Además, añaden que las empresas que operan en Cuba están muy acostumbradas a trabajar bajo las presiones de Estados Unidos.

Desde la CEOE confirman la preocupación de los empresarios aunque prefieren mantenerse “discretos” sobre a qué compañías afecta esta medida aprobada por la administración Trump este miércoles. En esta línea, fuentes de la patronal aseguran que se han mantenido reuniones con los ministerios de Industria y de Exteriores y con la embajada estadounidense en Madrid.

El objetivo de las reuniones es evitar que la reactivación de este título tenga impacto sobre las empresas españolas y europeas. De hecho, las mismas fuentes señalan que Business Europe, la patronal europea se encuentra “defendiendo el mismo asunto” junto al Gobierno y la CEOE.

Títulos suspendidos por Clinton, Bush y Obama

La Ley aprobada en 1996 fue denunciada por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por perjudicar a las empresas europeas. Un acuerdo durante la presidencia de Bill Clinton en 1998 permitió mantener suspendidos los títulos III y IV de la norma y Bruselas anuló el procedimiento contra Washington.

Los sucesores de Clinton, George Bush y Barack Obama, enviaban una notificación al Congreso cada seis meses para que estos títulos no entrasen en vigor durante sus mandatos y permaneciesen suspendidos. Sin embargo, Trump pasó a enviar sus notificaciones cada 45 días y fue acortando el tiempo hasta este miércoles.

El Gobierno “respaldará a las empresas”

El Gobierno ha señalado que las empresas que puedan verse afectadas pueden contar con el respaldo de la Administración. "El Gobierno de España va a estar respaldando a las empresas españolas en Cuba y entendemos que Europa va a apoyar, junto a España, a las empresas con actividades comerciales legítimas y bien organizadas en otros países", ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.

Celáa se ha referido así a la intención de la administración estadounidense de "pedir cuentas" a las empresas extranjeras que trabajan en Cuba.