Héctor Merino, presidente de la asociación Asoriders, escribía el pasado 16 de abril una carta en EL ESPAÑOL bajo el título “Queremos libertad y flexibilidad, no ser asalariados”. En ella hacía bandera de la relación mercantil que establecen empresas como Deliveroo o Glovo con sus repartidores, dado que es la fórmula que –de acuerdo con su razonamiento- proporciona a los trabajadores libertad y flexibilidad para compaginar esta actividad con otras.

Defendía, asimismo, la necesidad de evolucionar el modelo de autónomo económicamente dependiente (TRADE) incluyendo nuevos beneficios para los trabajadores, para no “correr el riesgo” de que se les considere asalariados.

Esta posición y sus argumentos son idénticos, literalmente exactos, a los que promueve la patronal de estas empresas, hecho que no deja de resultar paradójico. Ante esta semejanza en los planteamientos de ambas partes cabe situar una visión alternativa sobre la cuestión.

El modelo laboral de estas plataformas digitales de reparto no ofrece flexibilidad ni libertad a los trabajadores. Por el contrario, como ya apuntan numerosas actuaciones de Inspección de Trabajo y algunas sentencias judiciales, lo que realmente existe es dependencia y subordinación de los repartidores a la organización del trabajo, las directrices, el control y el sistema disciplinario decidido por la empresa.

Esto se materializa en que el repartidor no puede establecer el precio del servicio que ofrece, sino que está fijado por la empresa, ni puede realizar el servicio en base a sus criterios, sino que tiene que ajustarse a las directrices de esta. Tampoco tiene a su disposición el medio imprescindible para realizar la actividad, a saber, la plataforma digital; y además está expuesto a un sistema de “reputación online” que permite a la empresa organizar el trabajo y aplicar el régimen sancionador, y al repartidor limitar la elección de franjas horarias. La clave no se encuentra, por tanto, en la voluntad expresada por las partes, sino en las condiciones de hecho en que se ejerce la actividad.

Estos modelos de negocio se insertan en una dinámica de largo plazo caracterizada por el intento de las empresas de evadir toda clase de responsabilidad con nosotros, los trabajadores. En efecto, los riesgos asociados a cualquier actividad mercantil, acrecentados por un capitalismo globalizado, y la búsqueda de beneficios a corto plazo, asumidos tradicionalmente por el capital, se han venido trasladando a los trabajadores por medio de muy diversas fórmulas de flexibilidad en provecho de las empresas que se han instalado con el impulso de las políticas públicas.

La versión más sofisticada de esta flexibilidad a favor de las empresas es la de la desconexión (despido) que sufren los repartidores de estas plataformas digitales. Lo que se nos presenta como novedoso (“nuevas formas de trabajo”), adornado con el lenguaje eufemístico, individualizador y políticamente correcto vinculado al mundo digital, no es más que la vuelta a un modelo de relaciones laborales más propio del siglo XIX y comienzos del XX.

Enfrentamos, en consecuencia, un retroceso histórico en los derechos del conjunto de los trabajadores en tanto la intención de estas empresas, de este capitalismo de plataformas, es demoler el Derecho del Trabajo tal y como lo conocemos y remercantilizar las relaciones laborales.

Tampoco es posible obviar que estas empresas evaden sus compromisos con el conjunto de la sociedad no contribuyendo de la forma debida a nuestro sistema de protección social. Efectivamente, al establecer una relación mercantil estas empresas evitan dar de alta en la Seguridad Social a estos trabajadores, que solo tienen que sufragar una pequeña cuota de autónomo, la denominada tarifa plana, establecida por el Gobierno.

Esta tarifa plana es el único motivo por el que el trabajador puede acceder al trabajo de repartidor para una de estas plataformas y explica la altísima rotación entre este colectivo, ya que una vez que desaparece y tienen que abonar una cuota de autónomo no subvencionada por el conjunto de la sociedad deja la actividad. Podemos señalar que la denominada tarifa plana es una palanca que impulsa la expansión de la figura de los “falsos autónomos” y, por tanto, debe ser eliminada.

Por otra parte, cabe preguntarse si estos modelos de negocio están comprometidos mediante el justo pago de impuestos con nuestro Estado de Bienestar: con la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales o la vivienda pública. Son conocidas las complejas artimañas que realizan este tipo de empresas para eludir la contribución fiscal que les corresponde en las sociedades donde llevan a cabo su actividad y generan el beneficio. De esta forma colocan el beneficio en el país que fiscalmente les es más favorable, reduciendo la factura impositiva.

Tenemos ante nosotros el gran desafío de gobernar un proceso de transformación tecnológica que no puede agravar las múltiples caras que toma hoy la precariedad laboral, entre otras la de los “falsos autónomos”. El camino debe ser el de reformar nuestro marco laboral para combatir la precariedad laboral y los salarios de miseria que tantos trabajadores sufrimos. Nuestra libertad solo se conquista de la mano de unas condiciones laborales que nos permitan poder elegir y construir proyectos de vida sólidos y autónomos a medio y largo plazo; de la mano, también, de un Estado de Bienestar y un sistema de protección social que promueva la cohesión social y no deje a nadie atrás.

Nuestra libertad solo se conquista desde la igualdad y la seguridad. Hoy las plataformas digitales de reparto son negocios que caminan en sentido contrario. Precarizan y actúan de modo rentista. Por ello nos encontrarán a la mayoría de trabajadores enfrente.

Carlos Gutiérrez es secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO