Desde el sector de la economía digital en general y desde Glovo en particular, compañía de la que soy cofundador, hemos transmitido al Gobierno la necesidad de trabajar conjuntamente en una legislación específica para una actividad en auge y con un gran impacto económico y social. Llevamos tiempo instando al Gobierno a crear un marco regulatorio adaptado a las nuevas relaciones laborales surgidas de la digitalización, sin destruir un modelo que se ha mostrado práctico y útil para todas las partes implicadas.

Una regulación que permita aumentar la protección a los trabajadores de plataforma y mantenga los beneficios de la flexibilidad. En esta línea, el presidente de la asociación de repartidores de plataformas Asoriders, Héctor Merino, abogaba recientemente en EL ESPAÑOL por una legislación actualizada a las nuevas realidades sociales que contemple este nuevo modelo de trabajo, algo que suscribimos completamente. 

Siempre hemos defendido que el primer paso es el diálogo y el aprendizaje conjunto. Por ello, consideramos prioritario que se aborde un debate con los agentes sociales en el que estén representadas todas las partes implicadas, desde la Administración Pública hasta los trabajadores, los consumidores, las empresas y los sindicatos como CCOO, para encontrar una fórmula que dé encaje a las especificidades de los trabajadores de este sector.

En este sentido, lamentamos que España sea el único país de la Unión Europea en el que se están judicializando los casos, en lugar de optar por el diálogo y la adaptación de una legislación (de 1995) para que se adapte a los cambios que implica la digitalización de la economía y de la sociedad. De este modo, se podría garantizar la seguridad jurídica de los profesionales de plataformas, en línea con lo que está ocurriendo en otros países de Europa, como Francia o Reino Unido. 

No podemos obviar tampoco que existe una gran contradicción en las diferentes sentencias dictadas al respecto, a pesar de que en algunas ocasiones se esté dando por hecho que nuestro modelo ya ha sido definido como laboral. Esta contradicción en las conclusiones de los magistrados es fruto de la aplicación de una ley no actualizada a un modelo económico nuevo.

Asimismo, las inspecciones están evaluando un modelo de relaciones con los repartidores que, a día de hoy, es distinto y está revisado y mejorado. De todo este caos se desprende la necesidad de crear un marco regulatorio para estas nuevas formas de empleo, en línea con lo que apuntaba recientemente el juez del juzgado de lo Social 33 de Madrid, quien realizaba en su escrito un llamamiento a resolver la definición del sector por vía legislativa y no judicial. 

Las plataformas digitales y empresas disruptivas nacidas en el seno digital no somos un problema. Somos, de hecho, una solución para muchas realidades, y nos gustaría ir más allá, trabajando conjuntamente para que el modelo pueda seguir beneficiando a todas las partes y que España pueda seguir el mismo camino de innovación que otros países europeos. 

Desde Glovo, empresa con sede en Barcelona, transmitimos con orgullo algunas cifras de nuestra empresa, que sirven para poner en contexto nuestra actividad. El año pasado generamos más de 140 millones a los negocios asociados, 33 millones a las pymes españolas. Es decir, las 2.783 pequeñas y medianas empresas que trabajaron con nosotros en 2018 ganaron más de 12.000 € cada una de ellas.

Todo ello con la contribución de los 7.000 repartidores activos en España, y 30.000 en todo el mundo, porque Glovo es una compañía en expansión, que está presente ya en más de 100 ciudades de 23 países. Y todo tan solo cuatro años después de empezar. 

Más allá de los colaboradores, la compañía tiene en su plantilla alrededor de mil personas y este año tiene previsto incorporar a su sede central 300 profesionales de la tecnología, generando empleo cualificado y posicionando a nuestro país en el sector digital. 

Desde Glovo confiamos plenamente en nuestro modelo de negocio y nos reafirmamos en el convencimiento de que la relación que une a los repartidores con la plataforma se ajusta plenamente a la legalidad. Desde el principio hemos trabajado para que las personas que colaboran con nosotros tengan cabida de forma flexible, cómoda y beneficiosa dentro de este modelo. Por ello, creemos que el debate actual y las dificultades de encaje en la legislación deben abordarse conjuntamente.

Vamos a seguir ofreciendo a todo aquel que quiera colaborar con la plataforma un tipo de trabajo flexible, que le permita combinarlo con otras actividades profesionales y obtener un ingreso extra. A pesar de que CCOO manifestara hace unos días en este medio que “el modelo laboral de estas plataformas digitales de reparto no ofrece flexibilidad ni libertad a los trabajadores”, desde la asociación Asoriders defienden su “libertad de elección a la hora de trabajar, percibiendo una retribución por encima del salario mínimo profesional”. No obstante, la asociación reclama mayor seguridad jurídica y más derechos, algo que se solucionaría adaptando el modelo de autónomo trade, tal y como defiende el sector.

El modelo de trabajo es novedoso, flexible y aporta riqueza en un país con tasas de paro por encima del 14%. Tenemos la oportunidad de construir unos cimientos sólidos para el futuro que se nos avecina, eminentemente digital. Las plataformas digitales no somos el problema, y queremos formar parte de la solución.