Si algo tiene el dinero es que es asustadizo. Así que los inversores internacionales (y nacionales) estarán muy pendientes en las próximas semanas de las alianzas electorales que se conforman. El panorama surgido de las urnas este domingo deja un escenario complicado, en el que el PSOE de Pedro Sánchez tendrá que optar entre un Gobierno Frankestein o buscar el respaldo de Albert Rivera para tratar de reconfigurar el Pacto del Abrazo del 2016. 

Conocer los resultados de las negociaciones llevará semanas, sobre todo porque esos pactos se verán ralentizados por la llegada de las elecciones municipales y autonómicas, el próximo 26 de mayo. Así que, hasta entonces, el mundo de la empresa da por descontado que todo estará al ralentí. Ahora bien, resueltas las cuestiones electorales que tanto preocupan a los partidos, el mundo de la empresa en España reclama que los políticos y el nuevo Gobierno se pongan a trabajar. 

Estabilidad. Es la palabra más repetida por todos los empresarios. Es fundamental para dar seguridad y certidumbre a la llegada del dinero, pero también para que las empresas decidan invertir y contratar. Máxime después de que en el primer trimestre del año el sector privado no creara ni un sólo puesto de trabajo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Basta con fijarse en el dardo que lanzaba la patronal CEOE en sus propuestas de cara a la próxima legislatura. En ellas aseguraba que “la actividad empresarial se ve beneficiada cuando el clima político se caracteriza por la moderación y el encuentro”.

La patronal refleja en esas líneas la petición que muchos de los empresarios hacen en privado, y que muy pocos dicen en público. Ahora bien, ya sea personalmente o a través de patronales, el mundo de la empresa tiene muy claro qué más espera del futuro ejecutivo. 

Reformas urgentes

Desde NH, su consejero delegado, Ramón Aragonés, pide “generar un entorno de estabilidad política con capacidad de diálogo y consenso para alcanzar acuerdos que favorezcan a todos los actores de la economía española y se evite el bloqueo de la actividad en las instituciones”.

Ana Botín, la presidenta del Santander, reclamaba en la última junta de accionistas una “educación de primer nivel”, que debe venir precedida de un “gran pacto por la educación”. Una reforma a la que otra banquera, María Dolores Dancausa, suma también “un cambio en la justicia y una apuesta por la innovación y el desarrollo, porque no puede ser que el ladrillo y el turismo sean los únicos sectores que crecen a gran velocidad". 

Todas ellas acompañadas por un proceso de reducción del déficit y de la deuda pública, con el objetivo de que las cuentas públicas estén saneadas y ayuden, entre otras cosas, “a la sostenibilidad de las pensiones”. 

La CEOE, con Antonio Garamendi al frente, cree que es importante también que la política económica del futuro Gobierno contribuya a “resolver problemas como el bajo crecimiento potencial debido a la elevada tasa de paro; la dificultad para reducir el déficit a pesar de los altos ritmos de actividad y de empleo; el envejecimiento poblacional; la baja productividad, o la elevada deuda exterior”.

Y es que, como señalaba el presidente de la patronal bancaria, AEB, José María Roldán, “necesitamos mantener la confianza de los inversores que renuevan el endeudamiento exterior. Sin ella será difícil mantener el comportamiento diferencial respecto a otros países de la UE”. 

Pero más allá de las reformas estructurales, las empresas también tienen sus propias peticiones a nivel más sectorial. Por seguir con la banca, obviamente ésta intentará evitar que se ponga en marcha una subida del Impuesto de Sociedad o que se imponga un impuesto a los bancos por el rescate financiero. Sobre todo porque, como dijo la pasada semana el CEO del Sabadell, Jaime Guardiola, “la banca vende como objeto de vudú, pero paga muchísimos impuestos”. 

Las eléctricas  

El sector energético ha terminado la legislatura pasada satisfecho, en líneas generales, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Ejecutivo de Sánchez envió a Bruselas. 

Creen que es tan completo que, aunque cambie el Gobierno, no será modificado. Para ello tiene sentido un panorama claro que ofrezca seguridad a los inversores. Además, las eléctricas firmaron con Enresa, bajo los ojos de la ministra Teresa Ribera, el protocolo de cierre nuclear.

Ahora bien, como ocurre en el caso de Endesa, su consejero delegado, José Bogás, reclamaba que ese plan no estuviera “escrito en piedra”.

“Ambicioso pero realizable”, decía sobre el PNIEC el presidente de Iberdrola,IgnacioSánchezGalán, en la última junta de accionistas. Ahora bien, desde Naturgy era Francisco Reynés quien se ponía la venda antes de la herida. Aunque no cree que los planes en esta materia vayan a cambiar sustancialmente con el nuevo Ejecutivo, sí cree que es importante “tener la certeza de que la hoja de ruta va a ser parecida, porque está influenciada por lo que quieren los países del entorno".

Quizá la más crítica sea Repsol, quien una vez más apostaba la pasada en semana en un encuentro con periodistas, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), por la “neutralidad tecnológica” y que no se vaya “por la vía de la prohibición”. Se refería Repsol a las prohibiciones de vehículos de combustión que no cumplan con las normativas de emisiones.

Las telecos 

Las operadoras de telecomunicaciones agrupadas en DigitalES, cuya directora general es Alicia Richart, reclaman, sobre todo, analizar las cargas tributarias que afectan a la economía digital. También crear un  marco normativo que “reduzca la complejidad impositiva y disminuya la inseguridad jurídica”. 

Lo que están haciendo, sutilmente, es aceptar el fondo de la tasa Google que intentó sacar adelante el PSOE, pero criticar la forma en la que intentaron llevarla a cabo. Estos cambios implicarían la elaboración de una nueva Ley de Telecomunicaciones para adaptar nuestro sector a los nuevos requerimientos de la Unión Europea.

Formalmente, DigitalES pide la revisión y reconfiguración del actual marco tributario y la derogación de la polémica tasa RTVE por la que las operadoras han pagado 1.200 millones de euros en la última década. Respecto de la tasa RTVE, piden su derogación inmediata. 

Las operadoras critican que hacer un doble pago por la televisión pública: el primero del 3% de sus ingresos brutos por operar como televisiones de pago y el 0,9% de sus ingresos por prestar servicios de telecomunicaciones. El año pasado pagaron unos 150 millones y este se espera que deban abonar unos 160 millones. Las ‘telecos’ han recurrido todos los pagos de la última década.

Construcción e Infraestructuras 

Éste es uno de los sectores en el que más esperanzas se han puesto en la próxima legislatura. Desde la patronal Seopan, recuerdan que el nivel de inversión en este momento en infraestructuras es equivalente al de hace 30 años. Algo que está afectando, denuncian, al mantenimiento. 

Por tanto, la apuesta desde del sector es lograr que se incremente la colaboración público-privada en los próximos meses. Máxime porque las estimaciones de la patronal que lidera Julián Núñez estiman que España necesita realizar 814 proyectos prioritarios que darían lugar a casi un millón de puestos de trabajo. Además, sus empresas reclaman que se ejecuten al 100% los presupuestos, ya que la mayor parte de los años el dinero queda sin gastar. 

Turismo 

Con el 12% del PIB, el turismo es uno de los pilares de la economía española. Sin embargo, las empresas del sector llevan años quejándose de que no tiene “prioridad política ni presupuestaria”. Algo que debería ser fundamental ya que, en palabras de Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, “hemos entrado en una fase de desaceleración, sobre todo por la contracción de la demanda internacional”. 

Es por ello que el líder de la cadena hotelera reclama “una clara apuesta del sector público, liderando una auténtica estrategia turística de país, promoviendo una estrecha colaboración público-privada, y creando un marco legal, fiscal y financiero que favorezca, fundamentalmente, la inversión en la mejora de las infraestructuras y destinos turísticos, así como en las personas, su cualificación técnica, y su capacitación digital y en idiomas”.

Escarrer pide también al futuro Ejecutivo que “dote al turismo de un mayor rango administrativo, mejore la coordinación interministerial con una Comisión semestral de las áreas con mayor incidencia en el turismo, renueve el marketing y la promoción turística, regule los alquileres vacacionales e implemente fórmulas para impulsar la competitividad (entre las cuales debe estar la eliminación de las tasas turísticas que gravan a los destinos vacacionales en algunas Comunidades Autónomas como Baleares). 

El nuevo Gobierno debería además acometer dos grandes planes, esenciales para mantener el liderazgo de España a largo plazo: un gran “Plan Renove” que estimule la renovación de nuestros destinos de litoral, y un “Plan de Digitalización” de las empresas y los destinos turísticos”.

Por último, desde NH, Ramón Aragonés, reclama “impulsar políticas fiscales que ayuden a consolidar la posición de España como destino de referencia mundial y permitan impulsar su competitividad frente a los mercados que recuperan protagonismo”. 

Distribución

La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) pide “defender la unidad de mercado, trabajar por una política armonizada y basada en evidencias científicas en nutrición y salud, así como medidas que contribuyan al equilibrio de la cadena en las relaciones comerciales”. 

Además, el sector reclama “una apuesta decidida por una comunicación activa que impulse el reconocimiento del sector y sus productos, transitar hacia una economía circular y sostenible, que promueva la competitividad industrial y el equilibrio fiscal y que impulse la internacionalización, la innovación y la digitalización del sector”.

En esta información han colaborado Fernando Cano, Nerea San Esteban, Miguel Elizondo, Yasmina Pena y Olga Rodríguez.