Pedro Sánchez ha prometido a Bruselas un aumento de 26.000 millones de euros de la presión fiscal en los próximos cuatro años, según se indica en el Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 enviada al ejecutivo comunitario dos días después de ganar las elecciones del 28-A. Un impuestazo que tendrá dos sectores destinatarios muy concretos: la banca y las empresas tecnológicas. 

En el programa de estabilidad enviado a Bruselas, Moncloa reconoce que esperan elevar en 5.654 millones su recaudación para el año 2020, año a partir de cual se incluirán 850 millones de euros anuales por la creación del impuesto sobre transacciones financieras y otros 1.200 millones por el impuesto sobre determinados servicios digitales.

Si se hace una extrapolación para los tres últimos años de este plan de estabilidad (desde 2020 a 2022), se infiere que el dinero recaudado por el impuesto digital llegará a los 3.600 millones en tres años y a los 2.550 millones en el caso de la banca, 6.150 millones de euros en total. Esto según las previsiones del Gobierno porque, tanto en el sector bancario como en el tecnológico, se cree que estos impuestos no cubrirán el montante esperado por Moncloa.

Esta cifra podría incrementarse para estos sectores, ya que no incluye el impacto en estas empresas de la subida anual de 1.776 millones de euros anuales que se aplicará al impuesto sobre sociedades (limitación de los exenciones y tributación mínima) durante este periodo, según se ha indicado desde Moncloa a Bruselas.

No se superarán los 450 millones

En cualquier caso, hablamos de dos impuestos que han sido rechazados categóricamente por estos sectores. En el caso del impuesto a las transacciones financieras, gravará la compra de grandes empresas españolas con un 0,2%. Afectará a la compraventa de las compañías con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros y es una tasa que tendrá que abonar el intermediario financiero, con independencia de si actúa por cuenta propia o de terceros. 

Con él se esperan recaudar unos 850 millones de euros anuales, aunque la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) cree que la cifra será muy inferior. Baraja una horquilla cercana a los 450 millones de euros. Se trata de un impuesto finalista, que busca financiar las pensiones. 

No es un impuesto a la banca, es un impuesto que pagarán los ahorradores dado que los intermediarios financieros serán quienes lo abonen y, a buen seguro, lo repercutirán a los clientes, indican las fuentes consultadas por este diario. Además, en Francia (donde se aplica algo similar) nunca ha cumplido con las expectativas de recaudación.

Impuesto "difícil de cuantificar"

En el caso de la tasa de servicios digitales el nuevo impuesto que gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Se aplicará a servicios de publicidad en línea, de intermediación online y a la venta de datos a partir de información proporcionados por el usuario.

El Gobierno quiere sacar adelante este impuesto desoyendo los consejos de Bruselas que pedían un acuerdo de todos los países europeos. El objetivo es recaudar unos 1.200 millones de euros, una cifra que en el sector se ve como inasumible y que según el propio gobierno "es difícil de cuantificar".  De este montante, al menos 100 millones de euros anuales, se recaudarán entre las empresas de telecomunicaciones.

La patronal de la industria digital en España, AMETIC, ha destacado que la propuesta del gobierno se ha llevado a cabo “sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo”. Por su parte, DigitalES -asociación que integra a compañías como Cellnex, Huawei, Siemens, HP, MásMóvil, Orange, Vodafone y Telefónica- advierte de la doble tributación en que incurriría el proyecto. 

En el caso de las tecnológicas, la lucha contra este impuesto había tenido una pausa al conocerse la convocatoria de elecciones, pero tras la confirmación de la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a saltar las alarmas en un proyecto que en principio cuenta con el apoyo parlamentario de Unidas Podemos.

En cualquier caso, tanto la nueva tasa a la banca como la de servicios digitales tiene todo este 2019 para aprobarse y todo dependerá de los apoyos que el PSOE logre en el Congreso. Comienza una nueva batalla.