Una familia de origen cubano notificó oficialmente a la cadena hotelera Meliá su intención de demandarla en tribunales de EEUU por operar un hotel en Cienfuegos (Cuba) que le fue expropiado hace casi 60 años a raíz de la Revolución cubana, informó este martes a Efe su abogado Andrés Rivero.

El letrado, que representa a los descendientes de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano y propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando sucedió la expropiación, demandó este lunes a funcionarios cubanos que se lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además lo notificó a la compañía española.

La familia Mata ha podido interponer esta acción judicial a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por una decisión del Gobierno de Donald Trump.

En qué consiste la Ley Helms-Burton

El título III estuvo suspendido hasta el pasado 2 de mayo porque todos los presidentes estadounidenses anteriores a Trump desde Bill Clinton (1993-2001) decidieron no activarlo para evitar problemas en organismos internacionales y con otros gobiernos.

En virtud de ese título, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución pueden demandar en tribunales de EEUU a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas.

Meliá es mencionada en la acción judicial presentada por los Mata, pero todavía no está demandada, pues Rivero ha optado por la fórmula de notificar y dar un plazo de 30 días para que la empresa compense económicamente a los demandantes.

En caso de que no lo haga y la demanda siga su curso, la cuantía de la compensación podría triplicarse, indicó el abogado, quien dijo que ha enviado ya la notificación a las sedes corporativas de Meliá en EEUU, España y Cuba.

La demanda interpuesta por las nietas de Mata Álvarez es lo que se conoce como una acción colectiva por el hecho de que se pueden sumar otras personas que hayan sufrido similares acciones de los gobiernos que siguieron a la Revolución de 1959, explicó.

La postura de Meliá

Meliá se ha reafirmado este martes en lo que dijo el pasado 17 de abril de que la activación del título III de la ley no supone "ninguna alteración sustancial" de su actividad y que "opera legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años" en la isla, "un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional".

En la demanda presentada en los tribunales federales de Miami los funcionarios cubanos demandados son todavía anónimos.

Siguiendo la fórmula usada por la justicia estadounidense en estos casos, el demandado es "Raúl Doe" por Raúl Castro, anterior presidente de Cuba, dijo Rivero, quien señala que el objetivo es incautar los activos que puedan tener fuera de Cuba los demandados.

El hotel San Carlos, hoy Meliá San Carlos, fue construido en 1925 en el centro histórico de Cienfuegos y expropiado a principios de la década de 1960.

La compensación

Rivero dice que desconoce la cuantía de la compensación que Meliá debería pagar, pues eso le corresponde a la justicia, pero a su juicio está claro que debe incluir el valor de la propiedad y su uso, y de la utilización del nombre original del hotel y su historia y reputación en la publicidad.

Las cadenas hoteleras españolas que operan en régimen de empresa mixta más de 60 establecimientos propiedad del Estado cubano están en la mira de familias cubanas a las que la Revolución les confiscó propiedades o negocios y se exiliaron en EEUU.

El Gobierno español ha transmitido a los grupos hoteleros presentes en Cuba su apoyo frente a posibles demandas en EEUU bajo el título III de la ley Helms-Burton.

La UE, que considera que esa ley contraviene el Derecho Internacional, ya adelantó su intención de activar el "estatuto de bloqueo" que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias en EEUU sobre el título III de la Helms-Burton y permite a los demandados recibir indemnizaciones en cortes europeas.

Tampoco se descarta una posible demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), medida a la que la UE ya recurrió cuando se aprobó la Helms-Burton en 1996 y que no fue retirada hasta que Washington se comprometió a mantener congelado el citado título III.