Ha fijado como objetivo que en España haya 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Una cifra que, asume el Gobierno, no ha podido incrementar más porque existirán limitaciones.

En concreto, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de elaborar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) cuyo borrador fue enviado a Bruselas en febrero, señalan que que existirán dos tipos de limitaciones. Por un lado, de oferta en ciertas categorías de vehículos; por otro, de la capacidad de renovación del parque.

Aunque el Ejecutivo cree que esta renovación se intensificará cuando se alcance la paridad de precio con los vehículos de combustión (algo que, calculan, ocurrirá hacia 2025), asume que, con los datos de hoy sobre los que se ha construido el PNIEC, el parque de vehículos no se incrementa e incluso tiende a reducirse. ¿La razón? El aumento del uso de servicios de movilidad compartida.

Así lo recoge el documento inicial estratégico del plan elaborado por el ministerio, al que ha tenido acceso este periódico, fechado a finales de abril. En él, el Gobierno reseña que los vehículos eléctricos contribuirán "en gran medida" a descarbonizar el sector del transporte en un escenario de alta penetración de energías renovables en la generación eléctrica (ver tabla inferior), junto a los vehículos propulsados con biocombustibles avanzados.

Un sector, el del transporte, en el que el esfuerzo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero tiene "una importancia y una dificultad mayor", reconoce el Ejecutivo. En este sentido, argumenta que en el resto de sectores (de generación eléctrica, industrial, residencial...) que reducen emisiones de una manera importante, el escenario refleja una tendencia a reducir estas emisiones. No ocurre así, sin embargo, en el transporte. "En este sector, las emisiones tienden a aumentar en el escenario tendencial, por lo que las medidas implementadas deben ir en contra de esta tendencia", apunta el ministerio de Ribera.

Objetivo: PNIEC definitivo

El documento elaborado por el ministerio tiene, como objetivo básico, iniciar la evaluación ambiental estratégica del PNIEC. Se trata, explica el ministerio en el documento, de orientar desde el principio la elaboración del plan hacia los objetivos ambientales, integrándolos con los de la planificación, "para hacerla más sostenible". Durante 2019, el Gobierno modificará el borrador del PNIEC -que es el que ha enviado a Bruselas- incluyendo los resultados de la evaluación que inicia con el citado documento, las consultas públicas y los comentarios que la Comisión Europea emitirá el próximo mes de junio. Después, enviará el PNIEC definitivo antes del 31 de diciembre.

Del mismo modo, el PNIEC estará sujeto a actualizaciones cada dos años, así como a una reelaboración completa a mitad de la década 2021-2030. "Es en estos hitos intermedios en los que se actualizarán los resultados obtenidos y se modificarán las previsiones, en su caso, teniendo en cuenta la evolución de los costes de las tecnologías, de las materias primas o de la economía española y europea", reseña el Ejecutivo.

Cabe recordar que el borrador del PNIEC contempla, para 2030, un 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990; un 42% de renovables sobre el uso final de la energía; y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

Centrando la atención en la integración de renovables en las redes, el Ejecutivo insiste en que se desarrollará un marco normativo adecuado, se adaptará la planificación de las redes eléctricas de transporte y distribución, se revisarán los criterios para definir la capacidad de conexión a la red y se impulsarán actuaciones en materia de almacenamiento (como pueden ser subastas de potencia o capacidad firme de respaldo para tecnologías que no supongan la utilización de combustibles fósiles) y de gestión de la demanda.

Una inversión de más de 200.000 millones

El Gobierno estima que las inversiones totales para lograr los objetivos del PNIEC alcanzarán los 236.124 millones de euros entre 2021-2030; de esta cifra, un 42% iría destinado a renovables, otro 37% a ahorro y eficiencia, un 18% a redes y electrificación y el último 3% al resto de medidas.

En el documento, el Ejecutivo recalca que, atendiendo al origen de la inversión, una parte "muy sustancial" de la misma la realiza el sector privado (cercana al 80% del total) y está asociada sobre todo al despliegue de las renovables, las redes de distribución y transporte, a las inversiones en rehabilitación de viviendas, la sustitución de vehículos por otros más eficientes, la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga particulares.

Por su parte, las Administraciones Públicas y la Unión Europea serán las impulsoras del algo más del 20% restante de la inversión (la procedente de UE en torno al 5%), que se destinará a ayudas al ahorro y eficiencia energética y otras actuaciones asociadas al fomento de la movilidad sostenible.

Un plan que "necesita mejorar"

A la espera del pronunciamiento de la Comisión Europea el próximo mes, el borrador PNIEC español recibió a mediados de este mes el único aprobado de la European Climate Foundation, que ha analizado los borradores de los 28.

No obstante, y aunque España consigue el puesto número uno, su puntuación no llega muy lejos (52,4%). A ojos de los expertos de Ecologic Institute and Climact, que han elaborado el informe, el borrador español tiene defectos.

Entre otras cosas, destaca el informe que el PNIEC fue presentado con retraso (de más de dos meses), que las consultas no se celebraron con suficiente antelación para ser tenidas en cuenta, y que se echan de menos algunos puntos importantes como el de la cooperación regional para lograr los objetivos. En este sentido, el citado informe analiza el nivel de ambición, el nivel de detalle de las políticas y medidas descritas y la calidad del proceso de redacción.

Hasta finales de año, el Ejecutivo tiene tiempo para seguir trabajando en el plan incorporando las sugerencias de unos y de otros. El resultado final todavía no está sobre la mesa.