La primera semana de julio está marcada en rojo en el calendario del Santander y la Abogacía del Estado. Será entonces cuando tengan que presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sendos escritos en los que defenderán que la resolución del Banco Popular se efectuó acorde a la Ley y que, por tanto, se ajusta a derecho.
Esa defensa de la forma en la que la Junta Única de Resolución (JUR) solventó la crisis del Banco Popular la noche del 6 al 7 de junio de 2017 se justifica en que tanto el Santander como el Reino de España se consideran terceros coadyuvantes en el caso. ¿Qué significa esto? Que solicitaron incorporarse a la causa en favor de las autoridades europeas porque tienen interés en que éstas no pierdan el caso.
Precisamente en el escrito que ambas partes presentaron ante Luxemburgo es en donde ambos dejan entrever que son partidarios de que el Tribunal falle en contra de los accionistas que cargan contra la JUR. Ahora está por ver qué argumentos son los que ponen encima de la mesa para justificar sus posiciones.
Eso sí, los abogados de las acusaciones dejan claro que no les termina de convencer que el Abogado del Estado haya decidido dar la espalda a los accionistas del Popular. “Un error gravísimo”, dice el letrado Bernardo Cremades Jr. a EL ESPAÑOL.
De hecho, Cremades Jr. es uno de los abogados que presentó uno de los seis casos que está analizando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son seis de las demandas contra la JUR que los magistrados consideraron más representativas y cuyos fallos marcarán la pauta del resto de las reclamaciones presentadas. En total, más de un centenar en la vía europea.
¿Cuándo habrá solución? Todavía es pronto para saberlo. Se está la espera de que el Santander y el Abogado del Estado presenten sus alegatos. Después vendrá el turno para las diligencias de pruebas para ver cuáles se van a practicar. A continuación vendrá la audiencia, algo que los abogados calculan que se producirá a principios de 2020.
Otras vías en Europa para reclamar
La mayor parte de las demandas presentadas en la Justicia europea buscan la nulidad de la venta del Popular al Santander por un euro más una ampliación de 7.000 millones de euros. Era la primera vía que se podía adoptar dado que para poder solicitarla, las partes interesadas tan sólo tenían dos meses desde que la JUR ordenó la resolución del Banco Popular al Banco de España y al Frob.
Sin embargo, según explica Cremades, aunque era la primera vía a explorar en Europa por el corto espacio de tiempo que había para ejecutarla, los accionistas del Popular todavía tienen bastante recorrido en Luxemburgo. En caso de que las pretensiones de los reclamantes no fueran atendidas y no se declarara la nulidad de la venta, quedaría la opción de reclamar a la JUR la responsabilidad extracontractual. Algo para lo que los accionistas del Popular tienen cinco años.
Todavía es pronto para saber qué ocurrirá, pero lo que sí parece claro es que quedan años para conocer exactamente el fallo de la Justicia sobre la resolución del ‘Popu’.