“A veces le pregunto a mi mujer que por qué luchamos por esto. La casa tiene una calidad malísima. Luego pienso que es nuestro hogar y que no pueden ganar los de siempre”. Quien habla es José, una de las personas que vive en una de las más de 3.000 viviendas públicas que Ignacio González vendió al fondo Azora-Goldman Sachs en 2013. 

Seis años después, la Justicia les ha devuelto un poco de esperanza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado que la venta de esas casas no se ajusta a la legalidad. Consideran los magistrados que “si las viviendas tienen una función social, no pueden ser vendidas por criterios estrictamente contables”, explica César Pinto, el abogado que ha conseguido el primer gran éxito judicial para las miles de familias que llevan años luchando por mantener sus casas. 

Con la decisión del TSJM “la Comunidad y Goldman se quedan sin base para justificar la venta”, por lo que es más que probable que -una vez se hayan estudiado todos los recursos- “todas esas viviendas sigan siendo de alquiler social”, explica el letrado. 

El pago del alquiler

Pinto no quiere protagonismo, él hace su trabajo, explica. Tampoco su cliente, que rechaza hablar con EL ESPAÑOL, ya que prefiere esperar a que el caso sea estudiado en todas las instancias. Sin embargo, su abogado sí reconoce que ahora respira un poco más tranquilo. “La venta ha sido perjudicial para las familias, las han dejado en la calle y al albur de un fondo de inversión”, sentencia. 

Se cuentan por cientos las demandas que hay contra Azora y EnCasaCibeles, la filial de Goldman que gestiona los inmuebles. Sin embargo, las causas de las demandas son muy distintas. A algunos los desahucian por no pagar el alquiler que les han ido subiendo, a otros no les renuevan el alquiler y a otros muchos, denuncian sus inquilinos, les hacen la vida imposible eliminando el mantenimiento de los edificios. 

Uno de ellos es nuestro protagonista inicial, José: “Yo he ido pagando religiosamente los 350 euros de alquiler durante todo este tiempo”, explica. Los primeros años de su relación con EncasaCibeles fueron positivos: “El único cambio que notamos fue el membrete de la carta”, ironiza. 

Las cosas cambiaron a mediados de 2018. EnCasaCibeles comunicó a José y su familia que debían marcharse porque el contrato terminaba. “Nos decían que no nos renovaban cuando no había cambiado nada y en nuestro contrato se deja claro que el alquiler se renovará anualmente mientras no se modificaran las condiciones”. Es decir, mientras siguieran siendo una familia que cumpliera los criterios para haberles adjudicado en 2007 una vivienda de protección oficial. 

Lejos de amedrentarse José y su mujer optaron por luchar. Por llegar hasta el final. “Las cosas han ido rápido”, nos iban a desahuciar en noviembre de 2018, pero todo se paró; y en abril han tenido el juicio. 

También el Ayuntamiento

¿Qué dijo el juez? Básicamente que “la vivienda tiene una calificación de protegida durante 15 años, y por tanto no se puede echar a sus inquilinos si no varían sus circunstancias personales”. Una vez más Goldman ha recurrido, pero es posible que ahora ya no tengan muchas más opciones de recurso. 

José confía en mantener su casa. “Hace poco me contactaron para ofrecerme 3.000 euros para que me marchara. Una especie de cobertura por los daños ocasionados. Les dije que no, que me dieran 40.000 euros y, claro, nunca más han vuelto a llamarme”, sentencia. 

Más complicadas están las cosas para Montse. Ella tenía una vivienda perteneciente al Ayuntamiento de Madrid que fue vendida a Fidere también en 2013. Ese año pagaba 500 euros por una casa de 70 metros y tres habitaciones en la Avenida de Carabanchel. Cinco años más tarde, cuando empezó el desahucio por impago, eran 800 euros. 

En febrero de este año lograron echarles, y ahora vive en casa de un amigo que le ha alquilado una vivienda para poder irse con su marido. “Hemos ido a peor. Hemos vuelto a un barrio, Pan Bendito, al que no queríamos volver porque es muy malo”, dice Montse lamentándose de todo lo que han vivido. 

Recuperar sus casas

Ella también ha demandado junto a otros centenares de personas. Sus casas pertenecían a la casa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMV) del Ayuntamiento de Madrid. Un caso que ahora está revisando la justicia después de que se decidiera archivar la causa. ¿Qué dicen los abogados? Por ahora poco, “ellos recurren absolutamente todo”, indica. 

José y Montse ni siquiera se conocen, pero ambos tienen clara una cosa: “Queremos recuperar y mantener nuestras casas”.