La concejal del Ayuntamiento de Barcelona Lucía Martín ha anunciado este viernes que el consistorio ha ejecutado la primera expropiación forzosa del derechos de uso de una vivienda vacía del BBVA, por un período de 10 años y por motivos de interés general.
Lo ha dicho en una rueda de prensa, en la que ha detallado que legalmente el Ayuntamiento ya es titular del derecho de uso sobre la propiedad y la ha incorporado al parque municipal de vivienda, ya que la entidad bancaria tuvo vacía esta propiedad durante más de dos años.
Esta expropiación del derecho de uso se ha hecho en aplicación del artículo 15 de la Ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que vuelve a estar en vigor tras levantarse la suspensión que interpuso el Tribunal Constitucional (TC).
Martín ha detallado que los requisitos legales para utilizar esta vía son que las viviendas se encuentren en zonas de fuerte demanda y gran necesidad, y que estén inscritas o sean susceptibles de figurar en el registro de viviendas vacías de la Agència de l'Habitatge de Catalunya.
En concreto, la vivienda expropiada, que se destinará a alquiler social, se encuentra en la calle Palerm, en el barrio del Besòs y el Maresme, en el distrito de Sant Martí, y la concejal ha celebrado que el levantamiento de la suspensión del TC permita al Ayuntamiento retomar la actividad sancionadora contra grandes propietarios.
En el momento de la suspensión, en octubre de 2017, el Ayuntamiento tenía 16 expedientes abiertos y en trámite, que tuvo que interrumpir durante el mismo período en que ha durado dicha suspensión: "Hemos recuperado siete procedimientos, además del ya analizado, de viviendas de Caixabank, BBVA, Sareb y Bankia".
Alquiler social
Martín ha recordado que este fue uno de los artículos que también quedó suspendido por el TC y que por el desistimiento del recurso, vuelve a estar vigente, y ha asegurado que no ofrecer alquiler social a familias vulnerables puede ser una infracción grave a sancionar con una multa de hasta 90.000 euros.
En los nueve meses en los que estuvo vigente la Ley 24/2015 antes de ser suspendida por un recurso al TC del PP, la norma permitió detener 50 desahucios en Barcelona y convertirlos en alquiler social, y el consistorio ha calculado que la suspensión durante más de dos años ha impedido aplicarla en 397 casos.
Según el Ayuntamiento, actualmente hay unos 300 casos abiertos que deberían ser objeto de ofrecimiento de alquiler social y que se encuentran en gestión, y Martín ha insistido en que los grandes propietarios deben corresponsabilizarse de la situación de "emergencia habitacional que sufren muchas familias".