La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña del 18,5% del capital, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obligue a los fondos que controlan el grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100% de su capital por actuar de forma concertada e "ilegal".

No obstante, estarían dispuestos a negociar su salida del capital de Codere al precio que tenían sus acciones cuando les fueron arrebatadas las funciones ejecutivas en el compañía y que supondría valorar su participación en al menos unos 208 millones de euros, ha explicado en declaraciones a Efe José Antonio Martínez Sampedro.

A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la que los Martínez Sampedro acusan a los fondos Silver Point, Contrarian y Abrams, cuya participación conjunta en Codere supera el umbral del 30% al que la ley obliga a lanzar un opa, de actuar de forma concertada y "manejar" el consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 2018.

Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José Antonio Martínez Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, permaneciendo ambos en el consejo sin funciones ejecutivas y en calidad de consejeros dominicales. Entonces, Silver Point controlaba el 23,19%, Contrarian el 9,85% y Abrams el 8,72%.

José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a las discrepancias en la gestión de Codere que mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con la mayoría de su capital con motivo de su reestructuración financiera en 2016 y los acusa de basar sus decisiones en continuos "recortes de costes", entre ellos de plantilla, restando así capacidad de crecer en ingresos al grupo.

Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por los Martínez Sampedro, que también han llevado el caso ante un arbitraje en París por entender que los fondos han incumplido el pacto de equilibrio entre los accionistas al que se llegó con motivo de la reestructuración financiera de Codere.

El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta mala gestión es la que ha llevado a que las acciones de la compañía hayan perdido un tercio de su valor en bolsa desde enero de 2018 hasta ahora, pasando de 9,5 euros a poco más de 3.

Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la demanda, la familia Martínez Sampedro ha solicitado a las autoridades estadounidenses la práctica de un "discovery", una figura que permite tener acceso a información confidencial de los demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados entre ellos.

Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut para aportar a la CNMV el "discovery", los demandantes confían en el supervisor la requiera y entienden que de no hacerlo "sería una dejación flagrante de sus funciones", ya que, aseguran, prueba que los fondos actuaron de forma concertada.

Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean sancionados por infracción muy grave, avanzan que en el caso de que la CNMV les de la razón, la opa debería lanzarse al precio al que cotizaban las acciones en enero de 2018 y en base a su cotización actual.

Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa por parte de Blackstone, José Luis Martínez Sampedro ha subrayado que no tiene sentido que un sector de tanta repercusión como el del juego quede en manos de "fondos buitre" que miran por hacer caja y no por su responsabilidad social.

Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su familia estaría dispuesto a formar parte de un proyecto en el que participaran accionistas entendidos en el sector.