El Grupo de Inversores Mexicanos (MIG) liderado por Antonio del Valle ha decidido unificar los arbitrajes internacionales iniciados contra el Reino de España por la resolución de Banco Popular en agosto del año pasado en un solo procedimiento consolidado, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a los demandantes.

En concreto, los demandantes en el arbitraje iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) intervendrán como demandantes en el arbitraje llevado a cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de Uncitral.

De este modo, el arbitraje bajo el Reglamento Uncitral --con sede en La Haya-- será el único procedimiento arbitral que continúe su curso, ahora con la totalidad del MIG en un mismo arbitraje.

El tribunal arbitral que decidirá la disputa del MIG en este procedimiento será el mismo que ya había sido confirmado para el arbitraje Uncitral, conformado por Gabrielle Kaufmann-Kohler, como presidenta; William Park y Alexis Mourre.

La disputa se resolverá conforme al Tratado Bilateral de Inversión entre México y España y el Reglamento de Arbitraje Uncitral.

La semana pasada, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Empresa, suscribió un convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Fondo de Reeestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para defender sus intereses en los procedimientos arbitrales internacionales impulsados por el grupo de mexicanos liderado por Antonio Del Valle afectados por la resolución de Banco Popular.

El grupo inversor mexicano presentó en agosto del año pasado dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución de Banco Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

El MIG está compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, en torno al 4% del capital del banco resuelto, por valor de unos 470 millones de euros, que buscan compensación por los daños causados por la pérdida de su inversión.

Diez meses después de que se presentara la solicitud de arbitraje, España firmó este convenio con el "fin de facilitar la función de representación y defensa del Reino de España en los arbitrajes".

El grupo de inversores liderado por Antonio del Valle denuncia que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones y culpa al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de causar la resolución por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después".