La mirada está puesta en el Gobierno, que tendrá que poner los "obstáculos" para que la burbuja no se forme; no obstante, desde el ministerio que preside Teresa Ribera insisten en que hasta que no haya gobierno no pueden legislar. La realidad, hoy, es esta: las solicitudes para conectar a la red nuevas instalaciones renovables triplica más que de sobra toda la potencia renovable prevista por el Gobierno para 2030.
En concreto, ya se han recibido solicitudes para conectar más de 150.000 MW; más del triple de los previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge la construcción de unos 55.000. De hecho, según el director general de operación de Red Eléctrica, Miguel Duvison, cerca de la mitad de las solicitudes ya tienen los permisos concedidos, lo que cubriría el 90% de toda la fotovoltaica y el 83% de la eólica previstas para 2030. ¿Estamos ante una burbuja?
"Las medidas del ministerio son fundamentales para poner en orden este asunto del acceso. Creemos que las medidas que proponen van en el buen camino, debe separarse el grano de la paja", comentaba el propio Duvison durante el congreso de la patronal Aelec, celebrado hace unas semanas. Durante su intervención, Duvison reclamó que hay que garantizar "que los proyectos que piden acceso a la red se acaben, que no sirvan sólo para transaccionar con documentos".
Se trata, reconocen fuentes del sector, de peticiones para acceder a la red que no tienen un proyecto detrás y que sirven, en definitiva, para ser vendidas luego, una vez concedidas. "Es una especulación por la que acabamos pagando todos", cuentan a este periódico las citadas fuentes.
Ante la avalancha de peticiones, otros expertos alertan de una situación de cuello de botella que "casi siempre produce cosas negativas", apunta a este diario el secretario de Anpier, Juan Castro-Gil, que insiste en que "lo que es un error es no prever que en un momento concreto va a haber una solicitud masiva sin control".
La oferta "triplicará la demanda"
Las críticas y alarmas no son pocas. Este mismo lunes, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, volvía a ser muy duro contra el plan de la ministra Ribera. En concreto, el directivo advirtió del riesgo que existe con "la nueva burbuja de renovables", con solicitudes para proyectos que triplican los objetivos de energía 'verde' del PNIEC.
"Si fuese banquero, entre mis niveles de riesgo más alto estarían los proyectos de renovables. Ya hemos pasado este proceso hace 10 años, que se crearon una serie de proyectos que acabaron en bancarrota y que todavía estamos pagando", declaró, insistiendo en que "toda esta nueva burbuja de renovables se va a financiar con ruinas y quiebras". "El país no aguanta esto, no se necesita esta energía", añadió.
La oferta, apuntan, va a triplicar la demanda. A lo que los más críticos suman el hecho de que España sea prácticamente una isla energética, que difícilmente puede exportar su excedente eléctrico con unos vecinos, Portugal y Francia, con electricidad suficiente; uno, el país luso, por estar caminando en la misma dirección que España; el otro, por su apuesta nuclear.
Una legislación que no llega
En este punto, las miradas se dirigen hacia el Gobierno; en concreto, con el interrogante de qué va a hacer la Secretaria de Estado de Energía para tratar que este dibujo de burbuja no se convierta en realidad.
"La ministra actual ha instaurado el concepto de transición justa, mi opinión es que la nueva directiva de mercado va en ese camino", explica Castro-Gil. No obstante, y aunque el ministerio de Ribera ya aumentó de 10.000 a 40.000 euros por MW los avales que se piden para solicitar la conexión a la red, las voces más críticas consideran que esto no es suficiente para evitar el desastre.
Tampoco creen que sea suficiente en el ministerio, desde donde están trabajando en "un itinerario lleno de hitos" para que llegar al final del proceso sea más complicado, con avales de diferentes tipos (hipotecarios, proyectos...). No obstante, las medidas no se pondrán en marcha hasta que no se forme Gobierno. "Lo haremos cuando tengamos capacidad legislativa", indican fuentes ministeriales, que, sin embargo, insisten: "No es burbuja, es falsa burbuja".