La firma de abogados Rivero Mestre LLP ha presentado este lunes en una corte federal de Miami cuatro demandas colectivas contra los grupos hoteleros Cubanacán, Gaviota y Gran Caribe, bajo control del Gobierno cubano, y ha notificado a las cadenas hoteleras Accor, Barceló, Blue Diamond e Iberostar --asociadas con los primeros-- que disponen de 30 días para responder a los demandantes.

Las reclamaciones, presentadas contra las hoteleras cubanas por lucrarse con propiedades expropiadas en Cuba por las autoridades castristas a ciudadanos estadounidenses, se enmarcan bajo el amparo de la Ley Libertad, conocida como ley Helms-Burton, y afectan también a Trivago y Booking.com, según informa la prensa local.

El Gobierno de Donald Trump procedió en mayo al levantamiento del Título III de la ley Helms-Burton. Una ley, aprobada en 1996, que da a los estadounidenses el derecho a demandar a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades 'castristas', si bien todos los Gobiernos estadounidenses la dejaron sin efecto desde su aprobación "con la esperanza de que el régimen cubano hiciera una transición hacia la democracia".

Si las cadenas hoteleras no responden en el plazo de los 30 días estipulado por la citada ley, serán incluidas como demandadas, y también las dos compañías matrices de las compañías de reservas, esto es, Expedia y Booking", ha explicado el abogado Carlos Rodríguez, de la firma Rivero Mestre LLP.

Como los demandantes no saben quiénes son los ejecutivos de las hoteleras cubanas responsables en este caso, los nombres mencionados en la demanda son Raúl Doe y Mariela Roe, que llevan los "apellidos" estándar para desconocidos en las reclamaciones jurídicas estadounidenses.

Notificaciones que se suman a la de Meliá

La cadena canadiense Blue Diamond está sujeta a reclamaciones de las familias Del Valle, Falla y Echeverría. Esta última, a su vez, se enfrenta a la española Iberostar y al grupo galo Accor, mientras que la familia Trinidad es la que firma la reclamación al Grupo Barceló, informa Radio Televisión Martí.

Estas notificaciones se añaden a la de la familia Mata enviada a Meliá Hotels Internacional el pasado 20 de mayo, cuyo plazo está pendiente de cumplirse, indica el representante legal.

Meliá ha asegurado en reiteradas ocasiones no contar con bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de reclamación tras este levantamiento ya que, según ha recalcado, su papel es de mero gestor.

La hotelera de la familia Escarrer fue la primera española en llegar a la isla hace ya más de un cuarto de siglo, cuyo desembarco no estuvo exento de dificultades por la ley Helms-Burton. Actualmente es la española con mayor presencia en la isla (34), que suponen cerca del 30% de las estancias del país y, a final de año, serán 38, donde a excepción de cuatro establecimientos en los que la compañía tiene una participación poco relevante en el accionariado, el resto de hoteles son en régimen de gestión. Le sigue Iberostar, que llegó en 1993 con una veintena de establecimientos, mientras que Barceló cuenta con tres hoteles en la isla ubicados en Varadero.

El gobierno respaldará a las empresas españolas

El Gobierno ya dijo en abril que respaldará a las empresas españolas con actividad en Cuba ante las posibles demandas y sanciones, después de que Estados Unidos haya reactivado la norma que permitirá demandar a las compañías extranjeras implantadas en la isla caribeña.

Tras reactivar la ley, la Unión Europea ha avisado a Washington de que recurrirá a "todas las medidas adecuadas" para minimizar sus consecuencias. El art. 6 del 'Blocking Statute' de la UE permite a los Estados miembros afectados por la Ley Helms-Burton iniciar acciones legales en territorio del bloque comunitario en contra de las empresas estadounidenses demandantes de sanciones a las empresas europeas con intereses en Cuba.

Washington ha reforzado las sanciones contra Cuba por la crisis venezolana recientemente y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a la isla con imponerle un "embargo completo y el máximo de sanciones" si no pone fin a su injerencia en Venezuela y su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.