La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación en profundidad por posibles ayudas públicas ilegales por la subvención de 20,7 millones que el Gobierno español pretende otorgar a la planta de Peugeot en Vigo. Bruselas cree que esta inyección no se ajusta a las normas de la UE y podría tener un impacto negativo sobre la competencia en el mercado de turismos.

La dirección de la planta con la que cuenta el Grupo PSA en Vigo ha asegurado que el anuncio de investigación por parte de la Comisión Europea (CE) sobre una subvención a esta empresa es un "proceso de control habitual", según informa Europa Press.

"La inversión pública es importante para impulsar el crecimiento económico en las regiones desfavorecidas de Europa. No obstante, debemos evitar carreras dañinas de subsidios entre los Estados miembros", ha avisado la comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, en un comunicado.

"La Comisión investigará cuidadosamente si el apoyo previsto de España es realmente necesario para que Peugeot invierta en procesos de producción verdaderamente innovadores en Vigo y si contribuirá a desarrollar la región sin distorsionar indebidamente la competencia o dañar la competencia en la UE", explica Vestager.

El grupo PSA tiene previsto invertir alrededor de 500 millones de euros en nuevas líneas de producción para lanzar nuevos vehículos y en mejoras del proceso productivo en su fábrica de Vigo. En noviembre de 2017, España notificó a Bruselas su intención de conceder ayudas públicas al proyecto por un importe de 20,7 millones, que aún no se han pagado.

El Ejecutivo comunitario tiene dudas de que esta subvención sea compatible con las directrices de la UE sobre ayudas de finalidad regional. En particular, Bruselas teme que los fondos se hayan usado para arrebatar proyectos de inversión de otras regiones más desfavorecidas en otros países miembros. En este sentido, considera que Peugeot habría invertido igualmente en la modernización de su fábrica en Vigo, sin necesidad de ningún apoyo público.

Además, la normativa europea no permite dar este tipo de ayudas a plantas ya existentes de grandes compañías, salvo si se trata de introducir una gran innovación, algo que no se da en este caso. Finalmente, Bruselas no puede descartar que esta subvención tenga impactos negativos sobre la competencia.

La apertura de una investigación formal da la oportunidad a todos los afectados de presentar sus alegaciones. No hay plazos para adoptar una decisión definitiva.