Once años después de presentar concurso de acreedores, Nozar sigue sumida en este proceso. Ahogada por los problemas que causaron la crisis financiera, la inmobiliaria de la familia Nozaleda, que llegó a ser una de las grandes de este país, presentó concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2009 víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Lo hizo en una situación límite, puesto que 10 meses antes, la promotora Avalatransa solicitó el concurso necesario de acreedores de Nozar en un proceso que fue recurrido por los Nozaleda. Cuando finalmente, la familia tuvo que ir al juzgado a presentar el proceso, se determinó cómo fecha de inicio del procedimiento la primera solicitud de noviembre de 2018.

Tras más de una década lidiando con los juzgados, la compañía consiguió evitar la quiebra y sigue con su actividad gracias a que ha vuelto a lograr financiación bancaria. Aunque sigue acaparando cada mes de junio titulares por figurar en la lista de morosos que publica Hacienda -con una deuda de 56,8 millones de euros en 2018-, la compañía ha logrado el respaldo de los bancos para poner en marcha nuevos proyectos de viviendas y ha logrado reducir su deuda con el fisco de manera significativa en el último año.

Si todo marcha bien, el grupo inmobiliario podría lograr cerrar este episodio en unos meses, según fuentes próximas a la empresa. A finales de este año, Nozar tiene previsto presentar un nuevo convenio para los acreedores y a comienzos de 2020 podría dar carpetazo al eterno concurso.

Su supervivencia es casi una excepción si se tiene en cuenta que las estadísticas dicen que de las empresas que se acogen a concurso de acreedores en España, el 90% suele acabar en liquidación. 

En cuanto este país tenga nuevo Gobierno, tendrá que modificar la ley concursal que aprobó en 2003 y entró en vigor en 2004 para cumplir con una directiva europea. Sin embargo, como advertían a EL ESPAÑOL el pasado 2 de julio los socios del despacho de abogados Prada Gayoso, si no se ponen medios económicos para dotar de recursos la nueva normativa, las empresas españolas en apuros seguirán tratando de evitar acogerse a concurso, un procedimiento que no es extraño en otras economías de nuestro entorno.

Colapso de documentación en los Juzgados de lo Mercantil de Alicante.

Para entender hasta qué punto la necesidad de recursos es imperiosa, basta con ver esta imagen de los juzgados de lo mercantil en Alicante. El autor, un abogado con casos abiertos allí, explica que las cajas que se amontonan en los pasillos son procedimientos de empresas que ya no caben en los archivos.

La falta de recursos de los juzgados de lo Mercantil es uno de los elementos que juega en contra de la supervivencia de las empresas que padecen problemas de solvencia. A eso se suma la falta de digitalización o la falta de funcionarios incentivados, que además, dependen de tres Administraciones distintas.

Tampoco ayuda a que los empresarios fracasados puedan poner en marcha nuevos procesos, lo que se conoce como la segunda oportunidad, puesto que para volver a empezar primero hay que cerrar de manera ordenada, según los expertos.

El caso de Nozar es una excepción. La inmobiliaria ya vislumbra esa segunda oportunidad antes de salir del concurso. Le llega el momento justo cuando el sector está en un momento alto que va a obligar a los reguladores a tomar medidas en el crédito bancario para prevenir futuras crisis. Su historia es paradigmática de cómo un concurso con final feliz puede durar más en España que un ciclo económico