Los peajes del gas y la electricidad han vuelto a subir el voltaje de la relación entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los poderes político y empresarial. El ejercicio de esta competencia siempre ha estado sujeto a polémicas. En especial desde que el exministro Álvaro Nadal decidiera arrebatársela al 'superregulador' en una decisión que en enero de este año Teresa Ribera corrigió.

La idea de externalizar de los Gobiernos de turno esta función era dotar de más transparencia y criterio técnico una regulación vital para un sector estratégico, como el de la energía, así como para las familias y la industria que pagan una alta factura por un bien de primera necesidad. Sin embargo, vista la reacción de los mercados, las empresas y hasta los sindicatos, el experimento es mejorable.

La clave del patinazo parece estar en las formas empleadas por José María Marín Quemada para fijar la retribución del transporte de la electricidad y el gas con una norma con rango de Real Decreto.

Quizás movidos por las prisas -en septiembre acaba el mandato de Marín Quemada, no está claro si habrá ya Gobierno para nombrar sustituto y las circulares tenían que publicarse antes de fin de año-, la CNMC anunció el pasado 5 de julio un hachazo al sector energético especialmente duro para el gas.

Lo hizo poniendo cifras al recorte y sin previa consulta pública. En las empresas creen que hubiera sido más prudente lanzar primero una propuesta de metodología y después, ponerle cifras. Se hubiera ahorrado Marín Quemada el bochorno de tener que rectificar la pasada semana avanzando que el recorte podría ser "más suave" de lo anunciado, tras recibir todo tipo de presiones, incluyendo políticas.

Un paso atrás que sin estar trasladado al papel ya ha permitido a Naturgy y Enagás -las más afectadas- recuperar casi todo lo perdido en Bolsa. Pero que llegó tarde a otros efectos, como el de los ratings de las agencias de calificación, que son vitales para sus costes financieros.

La batalla entre el lobby de la energía y el regulador está siendo muy seguida desde el exterior. Y el Gobierno en funciones, lo sabe. En juego hay un volumen de inversiones de al menos 42.730 millones de euros de fondos internacionales en grupos energéticos españoles. 

Frente al perfil más bajo por el que ha optado Antonio Llardén como presidente de Enagás (una empresa con participación del Estado), Naturgy se ha mostrado más beligerante. Su presidente, Francisco Reynés decidió la pasada semana posponer la cumbre directiva que iba a celebrar en julio hasta que el panorama se aclare. La esperanza es lo último que se pierde y la compañía prefiere esperar a que se clarifique el recorte final antes de dar un paso drástico en falso. El ejecutivo mallorquín ha comentado a su entorno estos días que en un país serio, "la regulación tiene que ser realista con el nivel de riesgo que asumen las compañías con sus inversiones". 

Ahora bien, alguna de las filiales de Naturgy han pospuesto sus planes de inversión hasta comprobar qué ocurrirá. Sus pasos de paralizar inversiones han sido seguidos por otras gasistas más pequeñas, pero importantes para reforzar el mensaje: Madrileña Red de Gas y Gas de Extremadura.

El sector sabe que la inversión es un arma que puede sacar si no ante el regulador, sí ante el Ministerio para llevárselo a su terreno ahora que está abierto el periodo de alegaciones que acaba el 9 de agosto. En el entorno de la CNMC se considera que las eléctricas han reforzado más su apuesta por inversiones intensivas en nichos de alto valor añadido, como el consumo inteligente. Y esperan que las gasistas hagan lo propio.

Según se desprende del plan estratégico de Naturgy, España se llevará 2.231 millones de euros de la inversión capex (inversiones en bienes de capital) en los próximos cinco años, el 95% de su inversión en EMEA (Europa, Oriente Medio y África por sus siglas en inglés). Esto es unos 446 millones de euros anuales. 

Son cifras inferiores a las del sector eléctrico, pero no comparables. Cuando una eléctrica tira un cable de luz logra dar servicio seguro al cliente, algo que no es así para las gasistas, que deben hacer un esfuerzo de captación para rentabilizar su infraestructura. Y esa inversión es necesaria en este momento, dado el papel que otorga al gas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de Ribera.

Renovación de la CNMC

El próximo septiembre vence el mandato de Marín Quemada como presidente de la CNMC. Además, este año también hay que renovar a otros consejeros del regulador. Se trata de Clotilde de la Higuera, José María Guinart, María Ortiz, Benigno Valdés y María Fernández. Es decir, si Pedro Sánchez logra formar Gobierno y se desatascan las renovaciones de la mesa de la CNMC, tan sólo cuatro consejeros permanecerán en sus sillones en el medio plazo.

Entre ellos, Mariano Bacigalupo, marido de la ministra en funciones para la Transición Ecológica. 

La osadía de Bacigalupo de avanzar a finales de junio que habría recortes importantes en la retribución a la distribución ya sentó mal a las compañías por su efecto en los mercados. Sin embargo, la CNMC llevaba tiempo dejando entrever a través de los informes para calcular los peajes del gas que esta noticia llegaría tarde o temprano. Junto a Bacigalupo, permanecerán en el consejo Bernardo Lorenzo, María Pilar Canedo y Xabier Ormaetxea.

Dar un bandazo a las propuestas ya planteadas por la CNMC supondría poner en cuestión el criterio técnico de sus circulares. Por ello, si cambia el recorte final, como todo apunta, tendrá que explicarse bien que mantener el espíritu de la regulación es compatible con un hachazo menos agresivo y que ello, no perjudicará los intereses de los consumidores.

El gas ha sido el sector más ruidoso con la circular. Pero si se rebajan los peajes, desde los despachos de algunas eléctricas ya avisan que tendrá que ser para todos. Así que Marín Quemada no tiene un papel fácil.

Pese a todo, hay razones para esperar una mejora de las condiciones para las empresas. Además, de ser consecuente con la política que viene impulsando Ribera, las otras razones para pisar el freno con el recorte serían mantener el empleo en el sector y preservar la imagen de seguridad jurídica ante la quincena de grandes fondos internacionales que están presentes en empresas energéticas.

Esto último no es baladí. Esos fondos mueven otros 425.000 millones de euros en España a través de deuda soberana e inversiones directas.

Sin embargo, en esta batalla de argumentos hay otro vital desde el punto de vista político: cómo afectará el nuevo marco regulatorio al recibo que pagan los hogares, las pymes y la industria.

Las compañías denuncian que el hachazo tan sólo permitirá "ahorrar unos céntimos en el recibo". Y la CNMC no ha ofrecido aún cifras oficiales sobre ese ahorro, aunque tienen los cálculos. En el mercado circula uno que estima el ahorro del recibo del consumidor final de entre el 3 y 4% en el caso de la luz y de entre el 10 y 15% en el caso del gas.

En cualquier caso, ese ahorro completo no sería tal hasta 2023. La circular para la electricidad debe entrar en vigor en 2020 y la del gas en 2021. Y mientras, habrá que ver si el avanzado recorte de las inversiones no causa daños colaterales a quienes viven en determinadas zonas de España, en las que todavía no hay red de distribución. Es el caso de muchos puntos de Andalucía o Valencia. Zonas con consumidores que se quedarían sin el plan B de la actual hoja de ruta de las renovables y sin las ventajas, precisamente, de la competencia en el gas. La regulación debe fomentar también las inversiones.  

ATENTOS A...

Ezentis. La compañía que preside Guillermo Fernández Vidal y se dedica al mantenimiento y operación de redes de telecomunicaciones y energía, está siendo seguida desde el sector de las renovables. El motivo es que consideran que el grupo podría tener oportunidades en el 'mundo verde' dados los contratos que tiene ya con empresas eléctricas.

De momento, es algo que oficialmente se descarta por el cambio de modelo que supondría para la gestión de su CEO, Fernando González, y el coste que tendría formar a sus trabajadores en ese negocio. A la empresa se le abre ahora otra oportunidad con el despliegue del 5G que va a ser uno de los puntos que Sánchez subrayará en su discurso de investidura, según se desprende de España Avanza, el documento en el que resumió sus claves la pasada semana.