La imputación formal de BBVA como persona jurídica en el ‘caso Villarejo’ está más cerca y los escenarios a los que se enfrenta la entidad se van concretando.

Los servicios jurídicos del Banco Central Europeo (BCE) ya han analizado las distintas herramientas que tienen a su disposición en caso de que tuvieran que actuar y no se descarta que el supervisor exija el cese de algún consejero o incluso de la cúpula si el levantamiento del sumario salpica la reputación de quién debe gestionar el segundo banco español o hay nuevos imputados. 

Desde que el juez García Castellón comenzó a investigar las presuntas relaciones entre la entidad y Cenyt, BBVA ha trasladado siempre el mismo mensaje: se desconocían los hechos y se está colaborando estrechamente con la Justicia. Sin embargo, según avanzan las pesquisas bajo secreto de sumario, el escenario se complica para el banco.

Se da por descontado que el magistrado admitirá la imputación de BBVA pedida por la Fiscalía, en un movimiento con el que Anticorrpución quiere impedir que la entidad pueda personarse como perjudicada por las prácticas supuestamente delictivas de algunos de sus directivos. 

Posibles multas y ceses

Un complejo escenario que amenaza a BBVA con tener que enfrentarse no sólo con una sentencia que imponga elevadas multas e incluso una intervención si se demuestra su responsabilidad penal en el presunto escándalo. También, podría poner en aprietos la relación entre la actual cúpula del banco y el supervisor europeo, puesto que en el BCE no se descarta actuar antes de que la Justicia dicte sentencia. 

El el entorno de Fráncfort se considera improbable, al menos por el momento, que el consejo de administración del BBVA sea implicado en pleno. Pero desde hace meses, desde Frànkfort se sigue de cerca todo lo que ocurre en la sede de 'La Vela', donde la entidad tiene su centro de operaciones.

Los servicios jurídicos del BCE han estudiado varios escenarios, pero con la investigación bajo secreto de sumario, creen que todavía es pronto para actuar.

El motivo es que los directivos imputados no tienen el alto rango en el que entran en juego sus competencias o no están ya en activo. Sin embargo, si en el momento en el que se haga pública la instrucción, algún miembro del consejo resulta salpicado, el supervisor podría intervenir. Lo haría pidiendo su cese si considera que el escándalo daña la imagen de idoneidad en el cargo. En ese caso, actuaría de la mano del Banco de España y buscando un acuerdo con BBVA.

Fuentes conocedoras de la regulación europea reconocen que en caso de que el consejero en cuestión fuera imputado, el marco de actuación estaría más claro. Pero eso no cierra la puerta a actuar por un escándalo mediático que afecte a la reputación de cualquier miembro del consejo.

'Fit and propper'

El BCE cuenta con las competencias necesarias para declarar la idoneidad de los consejeros de los bancos que están bajo su supervisión. Entre esos requisitos, figura la no existencia de antecedentes penales, la necesidad de que tenga las competencias necesarias, que dedique el tiempo suficiente al cargo o el honor. Esa última competencia es la que podría verse afectada en caso de que alguno de los consejeros o altos directivos del banco no resulte acusado de ningún delito, pero sí salpicado por el escándalo. 

¿De qué manera intervendría el BCE? Precisamente a través del proceso que emplea para declarar la idoneidad de los consejeros. Es el conocido fit and propper por el que el regulador examina a los candidatos una vez que los proponen las entidades antes de su nombramiento oficial. Aunque un consejero apruebe el examen, el BCE puede reabrir el procedimiento. No de forma automática, pero sí 'proactiva'. Por tanto, ante un hecho que afecte a la reputación, la institución que lidera Mario Draghi podría tomar cartas en el asunto. 

Eso sí, esa reapertura es confidencial. Si el consejero cesa no tendría que reconocer que se debe a una petición formal del BCE. Podría, por ejemplo, esgrimir motivos personales para abandonar el cargo. 

Fecha clave: 2017

Las voces más duras de Fráncfort consideran que, ya en este momento, el mero hecho de que la entidad sea imputada “pone en cuestión a la cúpula del banco”, explica a EL ESPAÑOL una fuente conocedora de los entresijos del supervisor europeo, algo sobre lo que un portavoz oficial declinó pronunciarse.

Esas mismas voces colocan en el punto de mira a todos los ejecutivos y consejeros con responsabilidades en el banco anteriores a 2017 -año en el que todavía se perpetraron los hechos investigados por la Justicia-. Estaría así fuera de sospecha Jaime Caruana, uno de los consejeros que el BCE vería con buenos ojos para suceder a Carlos Torres Vila si el escenario empeora para el actual presidente, que fue nombrado por Francisco González, cuya imputación parece también cuestión de tiempo.

Sea como sea, en el BCE son conscientes del impacto que podría tener cualquier medida de este tipo en la segunda entidad más grande de España. Las fuentes consultadas explican que el regulador podría decantarse por exigir al banco medidas concretas, más allá de las exigencias que lanzó en público el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, cuando pidió “celeridad” en la investigación de BBVA. Por ejemplo, podría exigir el cese de algún ejecutivo o incluso, llegado el caso, el de su presidente.

Responsabilidad penal

En el plano penal, si se prueba la responsabilidad del banco como persona jurídica en los hechos investigados con una condena en firme, BBVA se enfrentaría a sanciones económicas elevadas. En caso de que la condena probara hechos muy graves, el Código Penal contempla que una sociedad pueda llegar a ser disuelta, suspendida o intervenida. 

Esta amenaza no es baladí, puesto que se trata de un banco sistémico para la Eurozona. No hay precedentes de una sentencia tan grave que pueda guiar los pasos del supervisor europeo en este sentido.

De ahí que desde Fráncfort hubiera prisas en su momento por tomar decisiones antes de que la Justicia interviniera, puesto que con el caso en los tribunales, el margen de maniobra es muy pequeño.

Pese a que el Código Penal introdujo en 2010 la posibilidad de imputar a una entidad como persona jurídica, si se demuestra que los presuntos delitos cometidos entre 2004 y 2017 son continuados podría afectar al banco desde el origen de los hechos.

Torres Vila pide calma

El movimiento de este miércoles de la Fiscalía hizo que BBVA emitiera ayer un comunicado oficial en el que explicó que ha puesto a disposición del juez el contenido más importante de la auditoría forensic que encargó a PWC y que no será hecho público mientras el juez instructor mantenga el secreto sumario.

Así, la entidad sigue dispuesta a “colaborar con la Justicia”, aunque fuentes financieras reconocen que ha generado preocupación el hecho de que no les dejen personarse en una causa que sienten que les hace daño. De hecho, no se puede descartar que en las próximas horas la entidad vuelva a solicitar su personación como perjudicado en el caso, según fuentes jurídicas. 

Ante el cariz que están tomando los hechos en la Audiencia Nacional, el presidente del banco, Carlos Torres Vila, se ha dirigido a la plantilla esta semana a través de una comunicación interna avanzada por El País a la que ha tenido acceso este periódico.

"Nuestra investigación del asunto avanza a buen ritmo, aunque no puedo comentar nada porque, como sabéis, está supeditada a la investigación judicial, todavía bajo secreto de sumario. Como era de esperar, hemos visto también que se van dando pasos en esa causa judicial, con la que seguimos colaborando activamente", explica Torres Vila.

El directivo pide también paciencia a los empleados del banco. "Mientras el asunto se resuelve tenemos que evitar prejuzgar hechos no constatados y, sobre todo, debemos mantener nuestro foco en nuestros clientes y trabajar conforme a nuestros valores para hacer realidad nuestro propósito y tener un impacto positivo en la sociedad", recuerda.

La próxima semana, BBVA presentará resultados y el consejero delegado, Onur Genç, tendrá que enfrentarse a preguntas sobre este asunto. El banco tiene un papel complejo. Pese a la demanda de información, el hecho de que la investigación esté bajo secreto de sumario impide aplicar transparencia a este asunto.