Viernes, 26 de julio, por la mañana. Antonio Béjar acude a declarar por segunda vez a la Audiencia Nacional como imputado en el 'caso BBVA-Villarejo'. A su salida, la Fiscalía Anticorrupción pide para él libertad provisional bajo fianza de 500.000 euros.
Viernes por la tarde. Tormenta en la sede del banco que preside Carlos Torres Vila ante la deriva de la causa. El contenido de su declaración ha llegado a la Vela. Tras conocerlo, se convoca un Consejo de Administración extraordinario e inmediato en Distrito Castellana Norte (DCN).
Viernes por la noche. El presidente de DCN (Béjar) es cesado en una Junta General de Accionistas convocada con carácter urgente para que abandone el cargo. La decisión se produce a 48 horas o un fin de semana de que su proyecto estrella, la 'Operación Chamartín', sea aprobado en el Ayuntamiento de Madrid. El motivo oficial es la necesidad de "salvaguardar" la imagen de Madrid Nuevo Norte en este momento clave.
Tres días antes, el 23 de julio, una información publicada por El País había apuntado a que DCN (propiedad en un 75% de BBVA y en otro 25% de la constructora San José) habría ordenado la destrucción de documentación presuntamente relacionada con los contratos con Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo.
En aquel momento, el banco -también imputado en la causa- decidió no mover ficha y esperar, manteniendo la presunción de inocencia de quién todavía está imputado en una causa secreta en la que hay otros ejecutivos en activo. Pero los siguientes pasos de Béjar, ex responsable del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA, provocaron un cambio de actitud en la sede de las Tablas. Y ello a pesar de que Béjar negó en la Audiencia Nacional que esa documentación destruida estuviera relacionada con el temido Villarejo.
Tres semanas clave
Hacía 24 días que Béjar se había convertido en un verso suelto del grupo de directivos imputados por el 'caso BBVA-Villarejo'. Desde que el pasado 2 de julio el juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón, le incluyó en el listado de los llamados a declarar por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos, el ya expresidente de DCN se había distanciado voluntariamente del núcleo duro de BBVA.
Tanto es así que fue el único de los directivos en activo que decidió salirse de la estrategia del banco al confiar su defensa al abogado penalista Javier Gómez Bermúdez, uno de los más conocidos en este país por su papel como exmagistrado en la Audiencia Nacional.
Una decisión similar a la adoptada por Ángel Cano, ejecutivo que no acabó bien con el BBVA de FG, y por el ahora consejero independiente de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez Barredo. El resto de los ejecutivos imputados que trabajan en Madrid para BBVA, liderados en imagen por Julio Corrochano, están diseñando su defensa con Rodríguez Mourullo, el prestigioso despacho contratado por el banco.
De izda a dcha y de arriba a abajo: Ángel Cano, exCEO de BBVA; Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial; Javier Malagón Navas, ex director general de Finanzas; Antonio Béjar, ex responsable del área inmobiliaria; Ricardo Gómez Barredo, ex responsable de contabilidad y supervisión; Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo del banco; Inés Díaz Ochagavía, exjefa de seguridad y Julio Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA.
Se da también la circunstancia de que Antonio Béjar ha sido el único de los ocho imputados que ha decidido colaborar con la Justicia prestando declaración. El resto ha preferido acogerse a su derecho a no declarar.
El exdirectivo admitió el pasado 4 de julio que el departamento de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias, del que estaba a cargo en BBVA, contrató los servicios de Cenyt. Es más, explicó que lo hicieron para realizar investigaciones patrimoniales a clientes morosos, al menos entre 2010 y 2013. Sin embargo, afirmó desconocer que detrás de Cenyt estaba Villarejo.
Un cese precipitado
Desde que el juez le llamó a declarar como imputado, Béjar decía tener la conciencia tranquila, pero se mostraba inquieto por ser la primera vez que iba a tener que vérselas con la Justicia. Con una causa penal detrás, su situación como presidente de una empresa que tendrá que ejecutar un proyecto de colaboración público privada no era fácil.
Sin embargo, nadie esperaba una salida tan precipitada, sin plan B para su sucesión al frente de la empresa a dos días de una fecha clave para el proyecto de Madrid Nuevo Norte que recibirá la bendición del consistorio con José Luis Martínez Almeida.
De hecho, algunos se preguntaban -para a continuación descartar esa posibilidad- si detrás del cese improvisado habría habido alguna injerencia política ante su esperada presencia en el Pleno que empezará el próximo lunes a las 9:30 de la mañana.
Fuentes conocedoras de lo que ocurrió en la Junta General de Accionistas que aprobó el cese casi se atreven a descartar esas injerencias. No obstante, si han existido acabarán saliendo en la prensa. Reconocen que esa Junta se convocó de urgencia y que se aprobó el cese sin entrar en el fondo del asunto. Por ello, apuntan a que tras la fulminante decisión podría esconderse el malestar en la cúpula del banco que ha sucedido a Francisco González por su estrategia de defensa.
De hecho, fuentes presentes en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid niegan a este periódico que desde algún partido político se hayan producido movimientos estos días para pedir el cese de Béjar, un ejecutivo bien valorado por los concejales.
"Con esta decisión el banco ha prejuzgado", sostienen en el entorno del directivo saliente. Apuntan, además, a que con la decisión se ha sentado un precedente del que deberían tomar nota los futuros investigados. "Ese puede ser el camino que espere a quienes se salgan de la línea oficial de la defensa", advierten. Y es que, dice el dicho popular, 'cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar'.
