La investigación forensic que el BBVA está realizando sobre los trabajos contratados a Cenyt empieza comienza a dar jugo al juez instructor Manuel García-Castellón. Aunque la documentación que se ha entregado a la Audiencia Nacional es secreta, ya han comenzado a salir a la luz algunos de los encargos que había recibido. Buena parte de ellos se hicieron por orden del área de Riesgos y Recuperaciones de la entidad para investigar a empresarios con deudas con el banco.
Entre los investigados, según ha podido saber EL ESPAÑOL, se encontraba la familia Sanahuja, uno de los grandes deudores de la entidad en pleno boom inmobiliario fruto de su asalto a Metrovacesa. Liderados por Román Sanahuja, desde el año 2006 comenzaron una auténtica batalla por el control de la compañía y derrocar a Joaquín Rivero y su socio Bautista Soler.
Unos envites que lograron su objetivo un año más tarde, previa inversión de 5.000 millones de euros por parte de los Sanahuja a través de Sacresa. Un negocio que no duraría mucho en sus manos, ya que en 2009 Metrovacesa acumulaba casi 7.000 millones de euros en deudas con los bancos. ¿La solución? La gran banca con Santander, Banesto y BBVA a la cabeza entraron en su accionariado. De hecho, hoy en día tanto Santander como BBVA tienen una participación mayoritaria en la compañía.
Ante este panorama, no es de extrañar que la entidad entonces presidida por Francisco González encargase un informe a alguna empresa de inteligencia, en este caso Cenyt. De hecho, en 2010, Sacresa (la sociedad inmobiliaria de los Sanahuja) se declaró en concurso de acreedores con un mora de más de 1.000 millones de euros.
Investigaciones habituales
Las investigaciones de este tipo suelen ser habituales en las entidades financieras cuando se encuentran con grandes deudores. Son legales, otra cosa son los métodos que pudiera haber empleado el excomisario para obtener las informaciones que proporcionara al banco azul. Además, en este caso, la entidad contrató a un funcionario público en activo, algo no permitido por la ley.
El caso de la familia Sanahuja se encuentra en el grueso de la información facilitada por el BBVA en la pieza que investiga a Villarejo por los posibles delitos de cohecho, revelación de secretos y delitos contra la intimidad.
Todavía resulta complejo conocer la extensión de las investigaciones desarrolladas por Villarejo, así como quiénes eran los responsables que firmaron los contratos y conocían las operaciones desarrolladas por el excomisarios. Por ahora sí se sabe que Antonio Béjar, el cesado presidente de Distrito Castellana Norte, ha reconocido que se contrató a Villarejo.
Precisamente el propio Béjar era el que mencionaba en su declaración ante el juez García Castellón que el departamento jurídico del BBVA era conocedor de los contratos con Villarejo. Poco más de 24 horas después, el que fuera su gran responsable, Eduardo Arbizu, abandonaba la entidad. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL desligan ambos hechos y lo achacan a una situación sobrevenida por el propio Arbizu.
La entidad, por ahora, mantiene silencio en torno a las investigaciones judiciales. Lo decía el propio consejero delegado del BBVA, Onur Genç, este miércoles en la presentación de los resultados semestrales de la entidad, aunque reconocía que todo este caso sí tiene impacto en la imagen del BBVA.