La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, considera que el modelo de retribución de la distribución eléctrica y la retribución financiera a las redes del 5,58% propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) "son insuficientes y no dan las señales adecuadas para la descarbonización de la economía".
En un comunicado, la patronal de las grandes eléctricas, que ha presentado sus alegaciones a la circulares de la CNMC, defiende la necesidad de un "diálogo continuo con el sector y transparencia para evitar que el exceso de complejidad en la normativa genere incertidumbre en los planes operativos y de inversión de los agentes".
Además, pide que la regulación permita dotar a las empresas "de la visibilidad necesaria para poder realizar la actividad de manera eficiente", por lo que para ello es necesario una regulación adecuada que incentive a las compañías a elaborar sus planes de inversión y operación "de manera acorde a los objetivos de política energética nacionales y sectoriales".
"Para ello, ha de reconocer una retribución razonable a las inversiones incurridas y aprobadas por el regulador", subraya la patronal de las grandes eléctricas.
Tasa "insuficiente"
Así, alega que la tasa propuesta del 5,58% para el segundo periodo regulatorio, frente al 6,5% actual, es "insuficiente", por lo que pide su revisión al alza para que se posible atraer "las elevadas inversiones" de red necesarias para el desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno e incentivar "realmente" la descarbonización mediante la electrificación de la economía.
Asimismo, estima que la propuesta del regulador parece "más compleja" que la existente e introduce "importantes nuevas incertidumbres" en el esquema retributiva, lo que hace que no sea posible contar con una visión completa del marco regulatorio que se aplicará en el próximo periodo.
Además, advierte de que existe "un importante" cambio en los incentivos propuestos, ya que se elimina el actual incentivo de reducción del fraude y se reformulan los de pérdidas y calidad de suministro, resultando "complejos" y generando "incertidumbre".
Por otra parte, aelec considera que debe garantizarse "la necesaria certidumbre y seguridad jurídica" de las actuaciones efectuadas en el vigente periodo regulatorio, reconociéndose en función del modelo retributivo actual, bajo el que fueron diseñadas y aprobadas.
De esta manera, pide que el nuevo modelo se aplique para las inversiones y gastos en los que incurran las empresas a partir del 1 de enero de 2020, ya que no tiene sentido calcular retribución ni incentivos a partir de las realidades de años ya pasados, sobre los cuales las empresas ya no pueden actuar.
En concreto, la patronal eléctrica exige que las inversiones de 2019 y los incentivos de 2018 y 2019, liquidables en 2020 y 2021, respectivamente, deben calcularse conforme a la metodología vigente hasta ahora.
Posteriormente, respetando este principio, señala que los cambios propuestos de metodología deberían de aplicar a los gastos, incentivos e inversiones realizados a partir del 1 de enero de 2020, pero siempre y cuando para dicha fecha, las empresas de distribución sean "plenas conocedoras de ellos, en los casos que corresponda, y hayan tenido el tiempo necesario para adaptarse a los mismos".
También cuestiona el límite de inversión vinculado a la evolución de la demanda y la entrada de renovables que se plantea en la propuesta por la CNMC, frente al de la evolución del PIB actual, ya que no se entiende que "el límite que se proponga suponga una disminución del límite de inversión en los próximos años frente al que venía aplicándose hasta ahora".
"Un freno" a la electrificación
A este respecto, subraya que el límite de inversión no debe suponer "un freno" a la electrificación y debe estar alineado con necesidades de inversión previstas en el PNIEC, que asciende a casi 42.000 millones de euros, para cumplir con los objetivos de la transición energética.
Además, destaca que el nuevo término 'COMGES' (componente gestionable) debe revisarse "para reflejar la realidad de la actividad de distribución, de manera que se retribuyan las inversiones en digitalización, incluyendo la telegestión, y se reconsidere la exigencia de eficiencia por ser excesiva -de un 40%- y se ajuste a un nivel razonable.
Aelec también cree necesario recuperar en la formulación propuesta el factor de retardo retributivo (FRROM) del término de retribución por otras tareas reguladas desarrolladas por las empresas distribuidoras (ROTD) y considera que la metodología retributiva debe incorporar las inversiones relativas a medidas de protección de avifauna, y otras inversiones en sostenibilidad en las redes, sobre instalaciones existentes.