El juez admite a trámite la querella criminal de la Plataforma del Taxi contra Uber y Cabify

La guerra del taxi continúa su marcha en los Tribunales. En enero de este año la Plataforma Integral del Taxi (PIT) presentó una querella criminal contra las las principales empresas de VTC, así como contra Uber y Cabify  por daños y perjuicios a los taxistas, un procedimiento que ya comienza a dar sus primeros pasos. 

Según ha publicado la propia plataforma en sus redes sociales, el juzgado de instrucción número 3 de Madrid ve indicios de delito, pero pide más información al Ministerio Fiscal. 

Según las diligencias practicadas los hechos denunciados presentan características que “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, dice el fallo. No obstante, "no siendo determinadas la naturaleza y las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellas han intervenido", pide la puesta en marcha de diligencias previas y traslada el caso el caso al Ministerio Fiscal para un informe más detallado. 

En esta querella la Plataforma Integral del Taxi acusa de “competencia desleal” al sector de alquiler de vehículos con conductor y, por tanto, se solicita una “compensación por daños y perjuicios” de 1.400 millones de euros, derivados de la actividad de las VTC entre 2014 y 2022.

Una situación que afectaría, sobre todo, a las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Getxo, Castellón, Barakaldo, Durango, Alicante, Santander, Ibiza, Palma de Mallorca, Guadalajara, A Coruña, Portugalete, Burgos y Toledo. La demanda va contra Uber y Cabify pero también contra las grandes compañías de VTC.

Se considera en la demanda que las primeras actúan como intermediarias entre las empresas de alquiler de vehículos con conductor y el usuario. Esto es lo que hace que se “genere una compleja red de contratas y subcontratas que encubren la realidad de falsos autónomos al servicio de un sector sumamente opaco, tanto a nivel tributario, como a nivel de los conductores”.

Esta denuncia contempla también una serie de actuaciones contra algunas compañías. En concreto, contra Maxi Mobility Inc y Maxi Moblity Spain, que son la matriz y la empresa con la que opera en España Cabify.

En el escrito presentado al juez, el abogado Elpidio José Silva, solicita que el juzgado que solicite diversa documentación que considera esencial en la demanda. Asegura que pese a “controlar gran parte del mercado de intermediación de servicios mediante VTC” declara en 2017 pérdidas de 5,1 millones de euros pese a tener unos ingresos de 78 millones.