Ryanair opera en España, en algunos casos, movida por las subvenciones. Un think-tank ecologista, Transport & Environment, ha determinado en un informe publicado en julio que 52 de los 214 aeropuertos a los que vuela Ryanair en Europa están subvencionados por el poder público.
Si bien no hay cifras oficiales en nuestro país, la empresa de Michael O'Leary cobra alrededor de 80 millones de euros de diferentes entidades públicas, principalmente comunidades autónomas, según han publicado varios medios.
La aerolínea low cost se ha valido de esta práctica durante muchos años. Y parece que le ha salido bien, porque sigue recurriendo a ella cada vez que lo necesita. Esta semana la compañía anunció que cerrará sus bases en Las Palmas y Tenerife Sur en enero, y que pone en revisión Girona.
Unos anuncios que, sin embargo, no se creen los sindicatos. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en una reunión mantenida con los sindicatos por el cierre de las bases de Gran Canaria y Tenerife Sur, el director de Estrategias de Recursos Humanos de la aerolínea indicó que si el gobierno les aporta alguna subvención, se plantearán seguir operando en la isla.
"Si hubiera una manera de conseguir más dinero del gobierno canario, podríamos encontrar una vía", esas han sido las palabras textuales del directivo de Ryanair, han manifestado fuentes de USO a este diario.
Esta es una práctica a la que la empresa ha echado mano en diferentes ocasiones. Las últimas regiones en las que ha intentado conseguir subvenciones o rebajas a base de amenazas han sido Girona y Vigo.
Una estrategia habitual
Desde USO explican que Ryanair suele utilizar este tipo de estrategias para presionar a los entes locales. Lo intentaron anteriormente también en Vigo con escaso éxito.
Al parecer, la compañía irlandesa exigió al Ayuntamiento de Abel Caballero que triplicase el importe que había concedido por asiento durante los últimos tres años y llegar a los 18 euros por plaza. Lo que Ryanair pretendía con esto es recibir del gobierno local la misma cuantía que este paga a Air Nostrum.
El gobierno de Caballero se negó completamente a cumplir las exigencias de la aerolínea, lo que derivó en una ruptura de la relación entre ambas partes.
Nadie tiene constancia
También lo intentaron en Girona, donde la noticia del posible cierre de la base cogió por sorpresa a los organismos públicos. Ni la Generalitat, ni la Diputación ni la Cámara de Comercio tienen constancia oficial de los planes de la aerolínea low cost, por lo que de momento no dan credibilidad a la noticia
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad tampoco. Solo ha recibido una carta en la que la empresa explica un posible replanteamiento de su estrategia operativa. Tampoco han recibido ninguna nota oficial la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de las Comarcas de Girona (AGi), en el Patronato de Turismo y la Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona. Es más, estos se han enterado de los supuestos planes de Ryanair a través de los sindicatos.
Y en Aena, más de lo mismo. La poca información que tienen la han obtenido a través de los medios de comunicación. Esta noticia, dicen desde Aena, les ha cogido de sorpresa porque, según han comentado a el Diari de Girona, hace unos meses recibieron un comunicado en el que Ryanair se planteaba aumentar las operaciones en el aeropuerto de Girona.
Lo cierto es que del aeropuerto de Girona ingresó más de 45 millones de euros en subvenciones entre 2008 y 2016. En 2012 se cerró un acuerdo con la Generalitat para inyectar ocho millones de euros públicos al año hasta 2016.
El guarismo se sumó a los 13,94 millones de euros que llegaron a las arcas de la aerolínea entre 2008 y 2011, unas ayudas públicas que están siendo investigadas en uno de los 28 procesos abiertos en la Comisión Europea para determinar supuestos pagos ilegales a la operadora para volar a distintos estados comunitarios. Ahora, podría volver a pedir incentivos a cambio de mantener su base.
Otros motivos
Pero los sindicatos alegan otra razón de peso que puede estar detrás de estos cierres. Y es que, el grueso sindical de la mesa negociadora está en Canarias y Girona. "Para nosotros es una táctica para amedrenta a los participantes en la mesa negociadora diciéndoles que van a cerrar su base, porque económicamente lo de Canarias no se sostiene por ningún sitio", han explicado las mismas fuentes sindicales a EL ESPAÑOL.
"Siempre han amenazado con Canarias pero precisamente porque los que tiene sentados en la mesa son los de Canarias. Los que llevan desde el principio en la lucha son los de Canarias", añade.
Desde el sindicato USO tienen claro las razones. No se creen que el cierre de la base de deba a motivos de rentabilidad, sino que "es una medida de presión para ver si bajan las tasas" y beneficiarse de ello, para seguir recibiendo subvenciones o para cargarse al grueso de la mesa negociadora, que es de Canarias y Girona.