El Banco de España concederá un tiempo adicional a los proveedores de servicios de pago para migrar hacia soluciones que permitan el cumplimiento de la nueva normativa que exige aplicar una autenticación reforzada del cliente en los pagos electrónicos en virtud de la nueva normativa PSD2, según ha informado este miércoles.

Este sábado 14 de septiembre todos los proveedores de servicios de pago europeos deberán aplicar el nuevo reglamento europeo, que tiene entre sus objetivos mejorar la seguridad de los pagos y reducir el fraude en el proceso de autenticación, estableciendo requisitos para la aplicación de la autenticación reforzada del cliente, entre otros.

Debido a la complejidad de los mercados de pagos en la UE y a la necesidad de acometer cambios que permitan a los emisores aplicar la autenticación reforzada, especialmente para los actores involucrados que no tienen la condición de proveedor de servicios de pago como los comercios electrónicos, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) acepta que los supervisores bancarios nacionales concedan un tiempo adicional limitado para la aplicación de la nueva norma.

En concreto, permite que las autoridades nacionales competentes trabajen de manera excepcional con los proveedores de servicios de pago y el resto de partes interesadas, incluyendo consumidores y comercios, para conceder un tiempo adicional limitado que permita a los emisores de instrumentos de pago y a los adquirentes de operaciones migrar hacia soluciones que cumplan con los nuevos requisitos.

En este sentido, el Banco de España ha comunicado que, en el marco de esta flexibilidad que permite la EBA, está trabajando con las autoridades europeas para asegurar el cumplimiento de la directiva (UE) 2015/2366 de servicios de pago (PSD2) y del Reglamento Delegado (UE) 2018/389 y revisará los planes de migración que presenten los proveedores de servicios de pago.

Flexibilidad

La flexibilidad supervisora está condicionada a que los operadores acuerden con el Banco de España sus planes de migración para ejecutarlos de forma urgente.

Aunque el supervisor español no ha especificado el tiempo adicional que concederá a las entidades, fuentes conocedoras consultadas por Europa Press han señalado que la mayoría de sectores involucrados solicitaron formalmente al Banco de España una moratoria de 14 meses para la entrada en vigor de la norma.