Fridman ficha al despacho Baker Mckenzie y pide declarar desde Londres por el 'caso Zed'

El magnate ruso Mikhail Fridman, que declarará como investigado en el 'caso Zed', ha cambiado el bufete de abogados que le representará ante los tribunales. El principal accionista de la cadena de supermercados Dia ha fichado a los letrados del prestigioso despacho Baker McKenzie.

Así lo ha anunciado el entorno del empresario en un comunicado emitido este viernes, en el que también solicitan que el propietario de Dia declare por videoconferencia alegando problemas de salud y obligaciones profesionales.

Los nuevos representantes de Fridman, Baker McKenzie, cuentan con presencia en 48 países, con un total de 78 oficinas, y poseen experiencia en penal económico, litigación transfronteriza y en insolvencias.

El bufete ha aprovechado el comunicado para defender la inocencia de su cliente, ya que no ven delito en ninguna de las acusaciones que se han vertido sobre Fridman, al considerar que este no tenía control de Zed ni de VEON, ni tampoco sobre un crédito sindicado de 140 millones en el que el Amsterdam Trade Bank era el prestamista minoritario.

En esta línea, los abogados de Baker Mckenzie han apoyado su postura recordando que el grupo Zed poseía un consejo de administración controlado por la familia Dolset, y en el que no se encontraba Mikhail Fridman.

Asimismo, en la publicación se anunciaba que los recién nombrados defensores del magnate ruso han solicitado al juez que su cliente declare por videoconferencia desde Londres. Allí es donde reside el empresario y donde se someterá a dos operaciones oftalmológicas, fijadas desde antes del verano.

Por preescripción de los médicos responsables de las cirujías, Mikhail Fridman no deberá tomar ningún vuelo tras las mismas durante un periodo prudencial. Por ello, los abogados de Baker McKenzie entienden que su solicitud debe ser aceptada, y que su cliente podrá declarar por videoconferencia "o cualquier otro medio audiovisual".

Unas declaraciones en las que Fridman comparecerá como investigado, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechazara su recurso al auto del 6 de agosto, en el que sí consiguió retrasar la fecha prevista al 7 de octubre.