Una década después de que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT) recibiese 155.000 euros para un proyecto de formación del Plan Avanza 2, seis después de que el Ministerio de Industria exigiese su devolución por no llevarse a cabo según las condiciones previstas y casi tres de que se impusiese al Colegio una multa de 309.000 euros por estas irregularidades, el Ministerio de Hacienda sigue sin cobrar este montante.

Y lo más sorprendente es que la excusa argumentada por el actual Ministerio de Economía y Empresa es que las cartas solicitando el pago de esta multa han sido devueltas hasta en tres ocasiones. Así consta en las misivas a las que ha tenido acceso este periódico enviadas al Ministerio por una particular, en la que pide la ejecución inmediata de la multa.

En el año 2013, el por entonces Ministerio de Industria comenzó una investigación en relación a unas ayudas públicas que obtuvo en 2011 y que estaban encuadradas en el Plan Avanza Formación. El curso titulado 'Gestión eficiente de la comunicación online en la pyme para el desarrollo de comunidades efectivas y posicionamiento SEO' recibió 155.000 euros, pero el Estado consideró que la formación no se había llevado a cabo en las condiciones exigidas.

El Ministerio detectó una serie de incidencias y exigió su devolución. Entre estas incidencias se detectó que el curso no fue elaborado por la plantilla del COITT, que se distribuyó por una subcontrata y que a las personas a las que se les imputó el proyecto en la partida de gastos corrientes “no conocían el proyecto y no recuerdan haber trabajado en él”.

Devolución de cartas

En noviembre de 2014, la Audiencia Nacional no solo falló en contra del COITT -que apeló a la resolución del Ejecutivo- sino que aumentó la cifra por los intereses en la demora y las costas judiciales, a más de 163.000 euros. En diciembre de 2014, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones “procedió al reintegro de la subvención concedida por la anualidad 2011, por un total de 163.075 euros, intereses incluidos”, según consta en contabilidad.

No obstante, en 2016, el Ministerio impuso una sanción al COITT por estas irregularidades en los cursos del Plan Avanza y estableció una multa de 309.288 euros. El escrito fue remitido en octubre de 2016 a varios colegiados y la propia entidad ha provisionado esta cantidad en sus cuentas de 2016 a 2018 bajo el concepto “provisión para la sanción Plan Avanza”.

Pese a ello, en verano de este año el Gobierno seguía sin cobrar esta multa según reconocía el propio Ministerio de Economía y Empresa en sendas cartas enviadas a la ciudadana que exigió el cobro de esta multa.

Extracto de la carta enviada por el Ministerio.

En su última respuesta del 5 de agosto de este año -ante la tercera carta de esta particular- el Ejecutivo responde que la carta solicitando el pago se ha devuelto hasta en tres ocasiones y por eso no se ha ejecutado el cobro. El Ministerio indica en esta respuesta que se ha enviado a la calle Luis Vélez de Guevara, aunque la realidad indica que la sede del COITT se encuentra en la calle Edgar Neville, a seis kilómetros de distancia.

Repetición de elecciones

Problemas aparte, lo cierto es que casi una década de concedidas las ayudas, seis después de que el Ministerio de Industria exigiese su devolución por no llevarse según las condiciones previstas y casi tres de que se impusiese al Colegio la multa, el Ministerio de Hacienda sigue sin cobrar este montante.

Una situación que viene a agravar la crisis por la que atraviesa el Colegio de ingenieros de telecos. Como ya contó EL ESPAÑOL, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso de alzada contra la resolución de la Mesa Electoral de este colegio que en noviembre de 2017 proclamó como única la candidatura de Mario Cortés (actual presidente) y desestimó y declaró incompleta la lista de Juan Manuel Martínez.

Esta sentencia que es recurrible, y por tanto no es firme, obliga a realizar nuevamente el proceso electoral admitiendo la candidatura de Martínez. La sentencia también obliga a pagar las costas a la parte demandada, en este caso el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.

Estamos en la enésima vuelta de tuerca de estos comicios y ante la segunda vez en menos de tres años en que se obliga a repetir este proceso. Una lucha contaminada por una serie de resoluciones judiciales, acusaciones de fraude y “pucherazos”.