El 24 de mayo de 2018, Público sacaba a la luz unas facturas que revelan pagos por importe de 242.000 euros de BBVA a Cenyt, la empresa del temido excomisario José Manuel Villarejo. Es entonces cuando el ya expresidente de BBVA, Francisco González, llama a quien era responsable de Servicios Jurídicos, Eduardo Arbizu (ya destituido) para poner en marcha una investigación sobre lo sucedido. Cuenta para ello con la colaboración de Garrigues, el despacho de abogados de referencia del banco.

Ocho meses después, con FG ya jubilado, la entidad contrata a Uría y PwC para reforzar esa investigación interna con la elaboración de un informe 'forensic'. En ese momento, Arbizu ya ha pasado a estar al frente de Regulación y Control Interno y ha cedido el testigo a una persona que llevaba más de 16 años con un cargo de responsabilidad en su equipo, María Jesús Arribas.

El área de 'Forensic y Financial Crime' de PwC, de la que es socio Javier López Andreo, se pone a trabajar en las pesquisas, que desde Garrigues lidera la exfiscal Helena Prieto.

Falta poco para que el resultado de esa investigación se conozca. El juez Manuel García-Castellón ultima el levantamiento del secreto de sumario de la pieza y los nervios por lo que pueda desprenderse de ese contenido no se limitan a los empleados y exempleados del banco ya imputados por los presuntos trabajos de BBVA con Cenyt.

El contenido de esa investigación que el banco ha ido entregando a la Audiencia Nacional ha sido relevante para el devenir de un proceso judicial en el que el actual presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reiterado su disposición total a colaborar con la Justicia.

Pero el hecho de que Servicios Jurídicos fuera quien llevara las riendas de esa investigación abierta en mayo de 2018 hace que entre quienes siguen las intrigas de la sede de Vela haya quién apunte a que el 'forensic' podría convertirse en una "trampa". El miedo es que se dirija para apuntar a un cabeza de turco o unos cuantos garbanzos negros que cometieron un supuesto delito de administración desleal.

Se da la circunstancia de que el departamento que dirigía Arbizu -que abandonó el banco en julio de 2019 sin una clara explicación pública- debería haber sido uno de los informados de las actividades de Cenyt con BBVA si los controles hubiesen funcionado.

Entre 2007 y 2011 (años investigados) su cargo completo era director de Servicios Jurídicos, Asesoría Fiscal, Auditoría y Cumplimiento. Entre 2011 y 2018 pasó a ser Global Head of Legal & Compliance.

Para que un banco como BBVA firme una factura a un proveedor debe cumplir con unos requisitos estrictos y públicos. Además, la relación contractual debe ser aprobada por el Comité de Ecoeficiencia y Compras.

Así lo establece la Política de Compras de BBVA, que rige desde el año 2012 y fue actualizada en 2015. En ella, se fija un claro Código de Conducta para la selección de proveedores con el objetivo, entre otros, de "prevenir la corrupción" de las empresas con las que trabaja.

Según ese Código, consultado por EL ESPAÑOL, en caso de "negociaciones complejas" el contrato debe firmarse por más de una persona y debe ser revisado por las Comisiones de Contratación. Y si un empleado detecta irregularidades debe comunicárselo a Cumplimiento.

Si el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, en libertad bajo fianza, contrató en solitario a Villarejo, algo falló en al menos tres áreas claves del banco: Servicios Jurídicos, Auditoría Interna y Cumplimiento. 

Al frente de la primera, estuvo Arbizu en los años investigados. En las otras dos José Luis de los Santos Tejero (Auditoría Interna) y Antonio del Campo (Cumplimiento).

El 'forensic' debe determinar cómo fallaron los controles. Para ello, la auditora tiene acceso a las comunicaciones electrónicas con el uso de palabras clave para saber qué miembros de la organización estaban informados de los hechos investigados. También puede acceder a los datos de tesorería y las salidas de caja para determinar si hubo desvío de fondos o crear un mapa de vínculos.

Su contenido puede ser clave para el devenir del procedimiento judicial en el que BBVA ha contratado precisamente a Garrigues para su defensa. Pero, conocedora de los temores que rodean a esta investigación, la Fiscalía desmenuzará su contenido con total diligencia.

ATENTOS A...

Grifols. La farmacéutica española está en el punto de mira de Bank of America Merrill Lynch por una terapia basada en hemoderivados contra el Alzhéimer que está resultando eficaz en sus ensayos clínicos. Si logra la aprobación de las autoridades pertinentes, el banco de inversión estadounidense considera que podría revolucionar el sector. Un hito que se convertiría en un tesoro para la caja de la compañía catalana, que comercializaría un superventas sin tener apenas competencia en las boticas.

La empresa que preside Víctor Grifols cotiza a 27,10 euros y el potencial de AMBAR (Alzheimer Management By Albuim Replacement) hace que el informe firmado por cuatro analistas del gigante de la inversión apueste porque alcance los 32 euros por acción.