No es la adjudicación, es la ejecución: crece el miedo a un nuevo frenazo de la obra pública

El pasado mes de enero la presentación del apartado de Fomento de los fallidos presupuestos generales del Estado fue acogida con gran optimismo por parte de las compañías de construcción y servicios. Esta alegría no venía solo motivada por el aumento de la inversión en obra pública (se incrementó un 26,6% respecto a 2018) sino a cómo se iba a realizar esa inversión.

La apuesta por aumentar la inversión en conservación y mantenimiento de las infraestructuras del transporte suponía un cambio de ciclo tras años de importantes ajustes y de excesivo foco en la alta velocidad. Esta ilusión desapareció tras el rechazo que los Presupuestos Generales del Estado sufrieron en las cortes. Una decepción que se ha agudizado aún más tras la también fallida investidura y la necesaria prórroga de los presupuestos de 2018.

El principal temor del sector radica en la falta de presupuestos del país. Se confía en que el Estado siga licitando los proyectos previstos en fecha. En cambio, los miedos de los ejecutivos radican en un potencial frenazo del grado de ejecución de las obras licitadas. Un mecanismo muy utilizado durante los años de crisis que permite al Estado reducir el gasto anual en obra pública alargando los plazos de ejecución de las obras.

El propio Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Fomento reconoce en su último informe de 2018 que "fundamentalmente en los últimos tiempos y por problemas derivados de las propias obras o de carácter presupuestario, los plazos reales de ejecución distan mucho de parecerse a los ofertados en la licitación por todas las empresas y, en particular, por el adjudicatario".

Desde el sector constructor se teme que la parálisis política provoque que los plazos de los proyectos de obra pública se alarguen o incluso, en algunos casos, se paren debido a la falta de cuentas públicas. La incapacidad del Gobierno de poder aumentar la base de sus ingresos vía subida de impuestos, como tenía previsto, hace que, para cumplir con los objetivos presupuestarios y de déficit con Bruselas tenga que meter la tijera en los gastos. 

Comunidades autónomas ahogadas

Uno de los efectos colaterales de la falta de Gobierno ha sido la prórroga de los Presupuestos de 2018 para el próximo año. El Gobierno no ha podido actualizar las entregas a cuenta que tiene pendientes con las comunidades. Aunque las últimas filtraciones parecen indicar que la intención del ejecutivo de Sánchez es desbloquear parte de este dinero antes de las elecciones, desde el sector se impone la prudencia y no hay confianza total en que esto se cumpla. Por el momento indican que es sólo una intención, no una realidad. 

Las entregas a cuenta surgen de la previsión de recaudación que el Gobierno hace en los Presupuestos Generales del Estado. Después, en el año en curso de esos presupuestos, adelanta esa recaudación a las autonomías. Y por último, con las cuentas públicas cerradas, ya dos años después, Hacienda hace un cálculo entre los ingresos reales y lo que el Estado ha abonado para saldar las cuentas. De este modo, si es más el Estado abona la diferencia y si es menos, las regiones lo devuelven.

En este caso, el dinero pendiente sólo de 2017 ronda los 5.000 millones de euros. Una cantidad a la que habrá que añadir en pocos meses lo relativo a 2018. Esta circunstancia hace que desde el sector de la construcción se tema ya no por la liquidez de las Comunidades Autónomas en 2019 sino, también en lo que respecta a 2020.

En el mejor de los escenarios, España no estaría en disposición de contar con unas cuentas aprobadas hasta finales del primer trimestre de 2020. Una circunstancia que haría que, al menos, la primera mitad del próximo año la situación actual se mantenga. 

Objetivo prioritario: cuadrar el déficit

Y es que, si una objetivo destaca por encima de cualquier otro en materia económica en el ejecutivo de Pedro Sánchez es tener una buena relación con Bruselas. El pasado mes de junio, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea dieron luz verde a la salida de España del procedimiento por déficit excesivo abierto hace una década. 

El desfase de las cuentas españolas se quedó en el 2,5% del PIB, por debajo del umbral del 3% que establecen las normas fiscales comunitarias. Una senda que el actual Gobierno en funciones quiere mantener para este año. Es por ello que, ante la falta de capacidad del ejecutivo de dotarse de instrumentos para aumentar los ingresos, la única herramienta que tiene para hacer frente a imprevistos y desviaciones sea recortar los costes. 

El cada vez mayor coste que el estado de bienestar genera a las arcas del estado debido al progresivo envejecimiento de la población, hace que, en estas circunstancias, la obra pública sea la máxima amenazada en este contexto económico. 

En este contexto, el pesimismo respecto al mercado español ha crecido en las proyecciones de las compañías de infraestructuras y servicios tanto para final de 2019 como 2020. Una circunstancia que no afectará significativamente a las cuentas de las grandes compañías, cuyo negocio ya proviene mayoritariamente del extranjero, pero que sí puede poner en problemas a más de una empresa de menor tamaño más centradas en el mercado español.