A lo largo de todo su mandato, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha repetido una estrategia negociadora tan estrambótica como poco efectiva: en los distintos conflictos comerciales que ha mantenido con Canadá, China o la Unión Europea, el mandatario estadounidense ha anunciado una serie de medidas potencialmente durísimas mientras se envolvía en la bandera de su país. Días después, culminaba estos ataques sentándose a negociar con los involucrados y anunciando acuerdos que, quitando cuestiones estéticas, no se traducían en grandes beneficios para las empresas de su país.

Trump ha hecho tambalearse a golpe de tweet sectores como la siderurgia, las telecomunicaciones o la aeronáutica con amenazas que luego quedaban en simples arreones propagandísticos vacíos de contenido. La próxima semana podemos asistir a un nuevo capítulo en este sentido.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene previsto anunciar su decisión sobre la reclamación que Estados Unidos realizó por las ayudas que Airbus recibió de la Unión Europea. El país reclama 11.000 millones de dólares que pretende compensar gravando con aranceles una serie de productos europeos. 

Lo curioso de la situación es que la Unión Europea, por su parte, también tiene en marcha otro proceso similar por las ayudas que Estados Unidos otorgó a Boeing que, en este caso, podrían rondar entre los 10.000 y los 12.000 millones de dólares. Las cantidades son casi las mismas. La diferencia entre ambos casos es temporal. Un complejo proceso que lleva 14 años en marcha.

Se prevé que la decisión en firme de la OMC en favor a Estados Unidos llegará seis meses antes que la europea. Esto otorga medio año a Trump de carta blanca para poner en marcha una serie de aranceles a productos europeos que pueden tener un impacto muy significativo en distintas industrias. En la lista preliminar los afectados iban desde el aceite al queso o los aviones. 

De cara a la galería, esta medida pretende encarecer estos productos para recaudar un dinero extra que compense ese desequilibrio que marcan las reclamaciones. La realidad del proceso es bien distinta. En el caso de Estados Unidos, de la cantidad final que la OMC confirme respecto a esos 11.000 millones reclamados, la contabilización de esa cantidad no se haría con lo recaudado por el arancel.

Por poner un ejemplo, si Estados Unidos decide poner un arancel del 100% a los aviones europeos, un avión que hoy costaría 100 millones de euros pasaría a valer 200 millones. En el caso de que la aerolínea decida no comprar un avión ya pedido, al duplicarse su precio, los 100 millones no gastados por esa línea aérea en un producto europeo se restarían de los 11.000 que reclama Estados Unidos.

Una operación con la que no entraría un sólo dolar en las arcas estadounidenses y que, por el contrario, dejaría a la aerolínea sin poder utilizar un avión con el que ya contaba en su programación. Además, debido a la gran demanda de aviones actual y a los tiempos de la industria aeronáutica, la compañía aérea no tendría nada fácil comprar un avión de las mismas características a Boeing.

Las aerolíneas de EEUU, en contra

En este caso, además, Estados Unidos estaría afectando empleo y puestos de trabajo en su propio territorio. Aerolíneas estadounidenses cuentan con aviones Airbus en sus flotas actuales y con pedidos pendientes de recibir. Estos hipotéticos aranceles afectaría desde el día uno a todos los aviones que recibieran estas compañías por lo que, o aumentaría sensiblemente su precio o, lo más seguro, las empresas se verían obligadas a no poder comprarlos.

Es el caso de JetBlue, la sexta línea aérea más importante del país, tiene pendiente recibir 85 aviones de la familia A321 y 60 de la A220. Airbus cuenta con una planta en Mobile, Alabama donde ensambla estos aviones. Si EEUU gravara los componentes de aviones, esta factoría tendría grandes problemas a la hora de realizar su trabajo lo que afectaría tanto a las entregas de aeronaves como a los miles de empleos que la compañía tiene en esta planta. Una circunstancia que se replicaría en sus otras sedes de Kansas, Virginia, Florida o Colorado.

Ante esta situación las propias aerolíneas estadounidenses han pedido formalmente a su Gobierno que no tome medidas en esta dirección. Hay que pensar que el contexto para estas empresas es aún más complejo debido a la crisis del 737 MAX de Boeing. La prohibición de vuelo que tiene este modelo, competencia de la familia A320 de Airbus, debido a los dos accidentes mortales que sufrió a finales de 2018 y principios de 2019 hace que, las aerolíneas de EEUU que esperan recibir modelos Airbus de esta familia no tengan alternativa en Boeing.

El fabricante estadounidense tardaría años, en el mejor de los escenarios, en poder entregar ese tipo de aviones. Una situación que se replicaría si Europa, cuando tenga su dictamen favorable de la OMC, tomara la misma medida contra los aviones de Boeing. Aerolíneas como Ryanair o Norwegian directamente no podrían recibir los aviones que tienen pedidos al fabricante estadounidense para renovar sus flotas.

Estados Unidos y Europa se convertirían en monopolios aeronáuticos monomarca. Las aerolíneas de ambos territorios se verían muy afectadas y perderían cualquier tipo de capacidad de negociación a la hora de elegir sus aviones. Un total despropósito para esta industria.

Este ejemplo se podría replicar en casi todas las industrias afectadas por la medida. En lugar de conseguir recaudar un dinero, estas decisiones lo único que provocan es un frenazo de la economía, una reducción de la competencia y, en definitiva un parón al desarrollo sin que existan contrapartidas beneficiosas. Y es que, el objetivo tras estos movimientos no es recaudar un dinero, es sentarse en la mesa de negociación con la mayor capacidad de dañar al rival.

Impeachment y elecciones 2020

Como si de un arsenal armamentístico se tratara, las guerras comerciales actuales replican los mismos movimientos que llevamos décadas viendo en la geopolítica: esta es la capacidad de destrucción con la que cuento. Busquemos un acuerdo antes de tener que pulsar el botón.

Con el proceso de Impeachment abierto contra el presidente Trump y las elecciones presidenciales de 2020 a la vuelta de la esquina, la actual Administración estadounidense cuenta en la decisión de la OMC con un comodín propagandístico que activar durante los próximos seis meses hasta que la Unión Europea obtenga su consiguiente sentencia favorable que le otorgue el mismo poder. 

Desde fuentes comunitarias señalan que la voluntad de europea ha sido, es y será concluir este conflicto de forma negociada. Ante dos resoluciones de cuantías similares no se entiende cómo Estados Unidos no acepta sentarse a la mesa a negociar para dar carpetazo a estos 14 años de conflicto. Pero no todo son buenas palabras. En el peor de los casos, Europa está dispuesta a responder.

Así lo avisó hace unas semanas Sabine Weyand, directora general de Comercio en la Comisión Europea, quien dejó claro que si Estados Unidos opta por la imposición de aranceles sin sentarse a la mesa de negociación antes de tomar esta medida no dudarán en activar todos los mecanismos posibles para defender a las empresas comunitarias.

En este contexto, la próxima semana arranca un proceso en el que, de no imponerse la cordura, habrá mucho que perder y muy poco que ganar. Un periodo en el que la nueva clase política, con Donald Trump a la cabeza, deberá mostrar si, como todas las señales apuntan están dispuestos a dirigir la economía mundial haciendo buena la frase de Nikolái Gavrílovich Chernyshevski: "Cuanto peor, mejor".