El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha suspendido provisionalmente la ejecución del laudo arbitral favorable a NextEra, que condenaba al Estado español al pago de 291 millones de euros, la mayor indemnización impuesta hasta ahora por el recorte a las renovables.
El organismo dependiente del Banco Mundial ha adoptado esta decisión tras proceder al registro de la solicitud de anulación del laudo presentado por el Reino de España, según consta en sus registros.
De esta forma, España logra bloquear la ejecución del fallo en el que el pasado mes de mayo el tribunal de arbitraje internacional reconocía a la compañía esa indemnización.
Las solicitudes de anulación por parte del demandado suelen ser habituales en este tipo de disputas internacionales con el objetivo de dilatar en el tiempo su ejecución.
De hecho, a día de hoy, no se ha ejecutado ninguno de los laudos perdidos por el Estado español, después de que se haya procedido en todos ellos a solicitar su nulidad.
España acumula ya más de una decena de derrotas en los tribunales de arbitraje. Junto a este de NextEra, el Estado español ha sufrido los reveses por los recortes aplicados a las renovables en el pasado por los gobiernos del PSOE y del PP como el de Infrared Environmental Infrastructure, Antin (112 millones de euros, Masdar (65 millones de euros), Eiser (128 millones de euros), 9REN (41,7 millones de euros) o Demeter y Cube (33 millones de euros), entre otros.
Además, España ha registrado otras derrotas más en otros arbitrajes internacionales, como el de la danesa Athena Investments en el Institutuo de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), con una indemnización de 11 millones de euros, o el de NovEnergia, en la que el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.
Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de seis millones de euros de Solarpak Management, que había denunciado ante el SCC.
RESOLUCIONES EN EL AIRE
Y es que la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.
Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.
MÁS DE UNA TREINTENA DE DEMANDAS
España suma más de una treintena de demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi así como ante otras instituciones internacionales relacionadas por las reformas energéticas de las renovables acometidas en a principios de esta década.
Estas reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes ascienden a más de 8.000 millones de euros.
Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de toda la cantidad demandada a España.