Emilio Saracho, presidente del Banco Popular durante los 108 días que precedieron a su resolución por el Banco Central Europeo (BCE) en 2017, ha abierto este miércoles la crucial ronda de declaraciones ante el juez de los gestores y auditores que se encuentran querellados por la caída de la entidad en 2017.

En una comparecencia preparada hasta el más mínimo detalle y muy medida, Saracho no ha 'tirado a matar' a su antecesor, Ángel Ron, pero sí ha descrito un escenario de mala gestión bancaria por parte del equipo que le precedió. De él dijo que alteró conscientemente la información sobre el estado financiero del Popular para ocultar la falta de provisiones.

Saracho se defendió de la imputación de manipulación del mercado que se le atribuye en las querellas promovidas por Aemec, Estel y Adicae, en las que se sostiene que el expresidente filtró noticias negativas con la finalidad de hacer caer la cotización de la acción y favorecer así que el mexicano Antonio Del Valle, dueño del 4,2% del Popular antes de la resolución, adquiriera la entidad a la baja, en una operación que contaría con el concierto de Saracho.

El financiero no negó sus contactos con la prensa. Admitió que, con el conocimiento del Consejo de Administración, anticipó a algunos periodistas el discurso que iba a pronunciar en la Junta General de Accionistas del 10 de abril de 2017, por la que el juez instructor, José Luis Calama, preguntó con especial interés.

Saracho explicó que modificó la intervención que había preparado inicialmente porque siete días antes de la Junta conoció el informe de auditoría de PwC que ponía de manifiesto la existencia de provisiones y garantías erróneamente calculadas -en parte correspondientes a la financiación concedida a inversores para acudir a la ampliación de capital de 2016, por la que se investiga a Ron y su equipo-, lo que obligó a 'reexpresar' las cuentas.

Tras la intervención del entonces presidente en la Junta General del Popular la acción cayó. Pero se recuperó unos días después, cuando la familia chilena Luksic compró el 3% del capital social. Poco después la acción volvió a desplomarse. Lo hizo tras una noticia aparecida el 11 de mayo de 2017 en El Confidencial en la que se aludía al "riesgo de quiebra" del Popular.

Saracho admitió haber hablado con el periodista autor de esa noticia -que generó una salida de depósitos, afectando a la liquidez de la sociedad- pero no en los dramáticos y alarmistas términos que se reflejaron en la información. El financiero, que llegó decir que fue una "entrevista robada", se querelló contra el medio digital.

El expresidente del banco se desligó de la filtración de la noticia sobre la salida del consejero delegado Pedro Larena (un hecho que, según dijo, conocía todo el Consejo de Administración) y de la información aparecida en Reuters el 31 de mayo de 2017, según la cual la Junta Única de Resolución (JUR) estaba haciendo preparativos para el caso de que hubiera que resolver el Popular, lo que originó una fuga de depósitos de especial gravedad.

En todo caso, Saracho sostuvo ante el juez que las filtraciones sobre la situación del Popular tenían una base "real". Este punto es clave en su defensa porque el delito de manipulación del mercado no sólo exige que la difusión de noticias o rumores perjudique a la entidad sino que requiere que sean "falsos o engañosos".

"Dar malas noticias al mercado no es delito; lo que es delito es que esas malas noticias sean falsas", resume la defensa de Saracho, que esgrime a su favor los informes de la CNMV que descartan indicios de manipulación.

Fuentes del Ministerio Fiscal coinciden en que para sostener la imputación es preciso probar que las noticias deliberadamente difundidas para alterar la cotización eran falsas. Consideran, en este sentido, que Saracho ha dado una explicación coherente de los hechos, aunque matizan habrá que contrastarla con la versión que ofrezca el resto de implicados y, especialmente, con los expertos de los órganos de supervisión y control que serán interrogados a lo largo de la instrucción.

Proyecto 'Sunrise'

En el puntilloso interrogatorio del juez, que ha durado más de dos horas, Saracho también ha sido preguntado por su gestión de la cartera inmobiliaria del banco. En concreto, por el llamado 'proyecto Sunrise', que elaboró el equipo de Ron justo antes de su marcha para sacar el ladrillo del balance de la entidad y que era visto con buenos ojos por el Banco de España.

 

En ese proyecto se dibujaba un plan de futuro para el banco con operaciones para reducir su exposición al mercado inmobiliario mediante la creación de una sociedad paralela para aglutinar los 'activos tóxicos' de la entidad.

El exbanquero ha explicado que no pudo ponerlo en marcha por falta de tiempo y por no contar con el visto bueno de las tres instituciones necesarias, el BCE, la CNMV y el Gobierno. Además, se ha mostrado algo escéptico con la viabilidad de una operación que hubiera forzado al banco a emitir más deuda.

El lastre inmobiliario fue uno de los motivos del origen de los problemas del Banco Popular. En ese contexto, Saracho también ha sido preguntado por las tasaciones, que asegura no estaban hechas cuando llegó a la presidencia.

Próximas comparecencias

Según el exejecutivo, el anterior equipo de dirección tasó sus activos con una metodología que no era la recomendada en ese momento por el Banco de España (conocida con el nombre de estándar ECO).

Saracho volverá a declarar este jueves en la Audiencia Nacional. Tras él, el juez ha citado al exvicepresidente del banco, Roberto Higueras, los exconsejeros delegados, Francisco Gómez y Pedro Larena, y el expresidente del banco, Ángel Ron, que acudirá a la calle Génova el próximo 30 de octubre.

En su declaración de este miércoles, no mencionó directamente a Ron, pero sí a algunos miembros de esa ejecutiva, que el gallego dirigió durante más de una década.