6 de junio de 2017. Emilio Saracho, presidente del Banco Popular desde hace sólo 107 días, se despierta con los últimos datos de liquidez de la entidad: ha perdido 3.000 millones de euros en las ultimas semanas, especialmente a partir del 31 de mayo, cuando trasciende a los medios de comunicación que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) había advertido a altos cargos de la Unión Europea de que el Popular podría necesitar una resolución ordenada si no encontraba un comprador.

Saracho reúne a su equipo para evaluar la situación. Aún quedan en la caja 600 millones, pero los depositantes tienen cursadas órdenes de retirada de fondos por valor de 1.600 millones. Eso significa que la entidad está ya incumpliendo el ratio LCR (siglas inglesas de Coeficiente de Cobertura de Liquidez), índice que garantiza que los bancos tienen un fondo adecuado de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas, que pueden convertirse inmediatamente en efectivo para cubrir necesidades de liquidez en un escenario de problemas de 30 días naturales.

No hay perspectivas realistas de que el Popular pueda remontar sus dificultades de liquidez en ese plazo, por lo que la previsión es que el incumplimiento del LCR sea permanente.

Para colmo, ese mismo día 6 el Banco de España comunica a Popular que no podrá contar con más fondos del ELA, la provisión urgente de liquidez.

Saracho decide dar instrucciones de preparar una carta para advertir al Banco Central Europeo del riesgo de inviabilidad del Popular. También ordena a los servicios jurídicos que preparen la iniciación de procedimientos de suspensión de pagos en dos Juzgados de lo Mercantil.

El todavía presidente del Popular toma una decisión más: hay que tener preparado un protocolo para llamar a los gobernadores civiles de todas las provincias en cuanto se presente la suspensión de pagos. El banco tiene 4 millones de depositantes que pueden colapsar sucursales y cajeros, con el riesgo de que se produzcan problemas de orden público.

"Esa noche del 6 al 7 de junio la pasé en vela. El escenario era aterrador", confesó Saracho al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama durante su declaración como investigado el miércoles y jueves pasados.

Larga noche en el FROB

Saracho no fue el único que no durmió esa noche. Con el banco incapaz de surtir de liquidez al día siguiente a sus clientes en oficinas y cajeros, el presidente del FROB, Jaime Ponce, tuvo que comandar in extremis desde España la resolución del banco con las autoridades europeas encargadas de la supervisión y la resolución.

Al mismo tiempo, Ponce y su equipo coordinaron la compra de Popular por parte de Banco Santander para que la entidad que preside Ana Botín pudiera inyectar dinero y evitar la situación caótica antes descrita.

Fuentes presentes esa noche en el despacho en el que se redactaron todos los contratos y se tomaron decisiones en un contexto de alta tensión narran a EL ESPAÑOL que Ponce fue la persona en la que confió Luis de Guindos para ejecutar el plan. El exministro de Economía permaneció esas horas pendiente del teléfono para estar al tanto de las novedades.

Pero fue el FROB el que coordinó la resolución del banco con el Mecanismo Único de Resolución (MUS) y su presidente el que no durmió en la madrugada del 7 de junio de 2017.

En el despacho coincidieron equipos del Banco Santander, miembros del Ministerio de Economía, bancos de inversión y despachos de abogados. A miles de kilómetros, los responsables de la JUR y el MUS permanecían atentos a las novedades de Ponce.

Venta por un euro

En tiempo récord se ejecutó la resolución, lo que significa llevar a cero el valor del banco, y se firmaron los contratos de venta por el simbólico precio de un euro a Santander. Ese euro se ingresó en una cuenta de la Junta Única de Resolución.

Al llevar a cero el valor del banco, los bonistas y accionistas perdieron los 2.000 millones de euros de valor que conservaba la entidad. Es precisamente esa cuantía la que reclaman ahora en Luxemburgo y en la Audiencia Nacional esos afectados por la caída del banco.

Por su parte, Santander tuvo que ejecutar una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para absorber el conocido banco e inyectar la liquidez necesaria en las oficinas, de manera que las sucursales de Popular pudieran abrir al día siguiente y no se produjera el escalofriante escenario dibujado por Saracho en su declaración en la Audiencia Nacional.

Cinco días después de esa noche, Luis de Guindos resumió así en el Congreso la situación: “nos hubiéramos encontrado con el banco cerrado el miércoles, los depositantes no hubieran podido sacar su dinero. Estábamos hablando de 35.000 millones de euros de depósitos de menos de 100.000 euros y de algo más de 60.000 millones en total”.

Con el sol ya en el horizonte, la nota de prensa anunciando la resolución del banco y el Hecho Relevante comunicando al mercado la adquisición por parte de Santander ya estaban redactados.

A primera hora del 7 de junio, el FROB informó al presidente del Popular de que la entidad había sido resuelta y adquirida por 1 euro por el Banco Santander, que inmediatamente inyectó 7.000 millones de euros. Las sucursales abrirían con normalidad y las retiradas de depósito podrían ser atendidas.

Antes de la apertura de las Bolsas se pulsó el botón de envío en el ordenador para hacer pública la noticia. Además de calmar a los depositantes, había que acallar a los mercados que especulaban con una posible OPA de Santander sobre Popular.

El banco abrió con normalidad ese 7 de junio. Pero 300.000 accionistas y los titulares de los bonos subordinados y convertibles del banco perdieron toda su inversión.

Sin embargo, se evitaron dos males mayores para los supervisores. La imagen de un banco Europeo incapaz de devolver los depósitos que custodia y lo más importante, un rescate con dinero público.