El 'paseíllo' de entrada a la Audiencia Nacional lo cruzará el próximo jueves un hombre de rostro desconocido, pero cuyo testimonio será clave para la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por el 'caso Cenyt-BBVA'.
Se trata de Adolfo Fraguas -director de los Servicios Jurídicos del banco y abogado del área que dirige en la entidad María Jesús Arribas- será el letrado que responda a las preguntas del magistrado a BBVA como persona jurídica.
Entre los múltiples nombres que contiene la información en manos del juez, hay una decena de figuras que formaron parte de órganos clave de la entidad en los años de Francisco González como presidente. Sobre ellos, Fraguas -que representa a una entidad que ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia- tendrá que aportar datos en la Audiencia Nacional para ayudar al magistrado a acotar mejor sus pesquisas.
El objetivo no será otro que tratar de esclarecer desde qué escalafón partió la orden de contratar los servicios del excomisario Villarejo. Acotar esta pregunta es vital para el juez que aún no ha puesto fecha a la previsible declaración de FG por este caso.
Por establecer un orden aleatorio, dos de los primeros nombres que saldrán en el interrogatorio serán el del exconsejero delegado del banco, Ángel Cano y el del exdirector de Recursos Humanos y Servicios de la entidad entre 2006 y 2015, Juan Ignacio Apoita.
Ángel Cano y Juan Ignacio Apoita.
Cano está imputado como investigado y se acogió a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional. Su testimonio podría haber sido clave para el juez. No sólo por su papel como número dos del banco entre los años 2010 y 2015. También por su cargo anterior, como director de Medios (área en la que se integraba Recursos Humanos) en los años previos (2003-2009).
Y es que este cargo es el que conecta a Cano con Apoita. Los dos ejecutivos, ya fuera del banco, tienen una cosa en común. Fueron las personas a las que reportó Julio Corrochano en los años en los que Cenyt elaboró trabajos para la entidad.
Hubo una tercera persona, Donna De Angelis, que fue nombrada en mayo de 2015 directora de Talent & Culture (área en el que se incorporaba Recursos Humanos). La ejecutiva estadounidense abandonó BBVA tan sólo un año después de su meteórico nombramiento, lo que mantiene su nombre al margen del posible escándalo. Nunca más se supo de ella en España.
El heredero del cargo en 2016 fue Ricardo Forcano, actual Global Head of Engineering & Organization en el equipo que lidera Carlos Torres.
El interés del juez por el área de Recursos Humanos no es difícil de entender. El exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, dependía de ese área y por tanto, entre los años que se investigan (2004 y 2017) reportó a los citados ejecutivos.
Corrochano está en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros desde el pasado julio. ¿Contrató a Cenyt sin conocimiento de sus supervisores?, ¿tuvieron éstos algo que ver en la elección de esta agencia de detectives? Y en este caso, ¿hubo una orden desde más arriba?
Son respuestas clave en la búsqueda de responsables en un caso vital para el sistema financiero español, puesto que la segunda entidad del país está imputada como investigada por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
Ángel Cano, Antonio Béjar, José Luis de los Santos, Ignacio Pérez Caballero, Ricardo Forcano, Antonio Campos, Eduardo Arbizu.
Hay más nombres clave para el juez. Como ya publicó EL ESPAÑOL en esta columna, otros tres departamentos jugaron un papel en este caso que hay que esclarecer.
Se trata del cesado Eduardo Arbizu, exresponsable de Servicios Jurídicos; José Luis de los Santos Tejero, exresponsable de Auditoría Interna; y Antonio del Campo, exresponsable del área de Cumplimiento.
Este último departamento es el encargado de velar por el código ético de la entidad, un código que en el banco se asentaba en lo que algunos llamaban doctrina FG, que estaba basada en tres pilares: todo lo que hiciera BBVA tendría que ser legal, publicable y moral.
Uno de los hombres que durante años tendría que haber velado por ello es el exdirector del Gabinete de Presidencia de FG, que en 2018 tomó las riendas de Auditoría Interna en el banco. Se trata de Joaquín Gortari, que en la primera fase de los años de la investigación estuvo en Estados Unidos, pero en 2010 se convirtió en una mano derecha del expresidente en Madrid.
Los seguimientos encargados a Villarejo de promotores inmobiliarios han puesto en el foco de la investigación al Departamento de Riesgos del banco. Mucho se ha escrito sobre el papel que pudo desempeñar Antonio Béjar, destituido de DCN tras declarar en la Audiencia Nacional por este caso.
Sin embargo, según se desprende del CV de Béjar que todavía es posible encontrar en DCN, el expresidente de la 'Operación Chamartín' solo fue responsable de ese departamento entre los años 2008 y 2014. Después, heredó el cargo Ignacio Pérez Caballero (2014-2016), que precisamente está imputado como investigado por el juez, aunque se ha destacado más su último cargo como director de Red de Banca Comercial.
Preguntar por ellos no implica achacar delitos. Pero se acerca la hora de la verdad en el caso. Y ante las dudas que se plantean sobre el contenido del forensic, será vital que Fraguas explique bien el papel de todos ellos para colaborar con una investigación sobre la que pronto debería levantarse el secreto de sumario.
ATENTOS A...
CIE Automotive.
El grupo vasco que preside Antonio María Pradera está liderando una ambiciosa expansión internacional con operaciones corporativas en el segmento del llamado Middle Market de fusiones y adquisiciones (esto es, de empresas de tamaño medio). En lo que va de año ha cerrado tres operaciones y la banca de inversión no descarta nuevos movimientos pese a las amenazas de que la economía mundial pegue un susto a su sector. Gracias a las compras que ha hecho desde enero, CIE Automotive ha expandido su negocio en México con dos adquisiciones (Maquinados de Precisión y Cortes de Precisión), valoradas en unos 59 millones de euros) y en Italia, con la compra de Somaschini por algo más de 79 millones de euros.
