En 2008, José Luis Rodríguez Zapatero presumía en Nueva York de tener la banca más sólida del mundo. Un año más tarde, su ministra de Economía, Elena Salgado, le traía a la realidad y su Gobierno impulsaba los SIP (Sistema Institucional de Protección) o fusiones frías de las cajas de ahorro poniendo sobre la mesa las primeras ayudas públicas. En 2012, arrancaban los llamados "decretos Guindos" y en el mes de mayo caía Rodrigo Rato con el rescate de Bankia.

La UE daba un paso al frente y se emprendía el camino hacia la Unión Bancaria que convirtió al Banco Central Europeo (BCE) en el supervisor de la gran banca europea a partir de 2014 con el Mecanismo Único de Supervisión. Pronto estaría listo también el Mecanismo Único de Resolución, que se estrenó en España con la resolución (valga la redundancia) del Banco Popular para fortuna de otras entidades italianas y alemanas que salieron del foco de los mercados.

Los años de la crisis financiera fueron frenéticos para el Banco de España, el Ministerio de Economía y los despachos de los presidentes de la banca española. Entre test y test de estrés, los grandes banqueros recibían llamadas de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (primero) y Luis María Linde (después) para hablar de los posibles encajes entre banco y banco para fortalecer la solvencia y limpiar los balances de activos inmobiliarios.

También hubo llamadas de Luis de Guindos para pedir patriotismo y respaldar la salida a Bolsa de Bankia comprando acciones o apoyo a su banco malo, Sareb. O de Javier Aríztegui y Fernando Restoy (sucesivos presidentes del Frob) para sondear el interés de la gran banca por entidades moribundas como la CAM o Banco de Valencia.

Si se ponen en la piel de Ángel Ron, que el próximo miércoles acudirá a declarar como investigado a la Audiencia Nacional, dar la respuesta al juez de por qué el Popular no solicitó ayudas públicas en los peores momentos de la crisis no será sencillo.

El relato de esas llamadas que compartió con sus colegas de la Premier League financiera española es interesante para una columna periodística. Pero es posible que al juez José Luis Calama, el periplo le parezca poco serio. Pero es que este país, es como es.

Lo cierto es que en esos años frenéticos, Banco Popular estudió muchas opciones para blindarse un tiempo hasta que la crisis financiera pasara. Una de ellas, jamás contada, fue la fusión con Unicaja en 2014 antes de que el banco pusiera en marcha los planes para la ampliación de capital que ahora está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Ron se reunió varias veces con el que fuera presidente de Unicaja, Braulio Medel, para abordar una fusión, según fuentes solventes. Esa operación hubiera permitido a Popular beneficiarse de forma indirecta de las ayudas públicas que Unicaja había recibido a través de las antiguas cajas unidas en EspañaDuero. Unas ayudas, que por cierto, el banco andaluz devolvió en el año 2017, tras su salida a Bolsa ya con Manuel Azuaga como presidente.

Esas conversaciones se enmarcaron dentro de un plan con varias opciones que el Consejo de Administración de Popular tuvo sobre la mesa tras superar los primeros exámenes del BCE como supervisor en 2014 y antes de la ampliación de 2016 que investiga el juez.

Y es que en esa misma hoja de ruta, se contemplaba la opción de poner en marcha dicha ampliación de capital para mejorar las coberturas del banco y ganar tiempo para poder poner en marcha una estrategia con la que llegar a buen puerto y superar la crisis financiera. Una meta que, según el informe de los Peritos del Banco de España por el 'caso Popular' hubiera sido factible cumplir en 2018, pese a considerar que la ampliación debería haberse cerrado por un importe mayor.

Tras la cuestionada ampliación del año 2016, la posible fusión Popular-Unicaja volvió a estar sobre la mesa. Pero para entonces, las conversaciones eran ya a un escalón inferior y en un tono más informal, según las citadas fuentes. Además, la oposición del inversor Antonio Del Valle a ese movimiento dio al traste con esos planes.

Primero porque el banco comenzó a mirar a Sabadell para una fusión que encajaba mejor en los planes del inversor mexicano. Y después, porque las malas noticias que se sucedieron sobre la deriva de la entidad presidida por el banquero gallego convirtieron al Popular en un banco poco atractivo para estudiar cualquier movimiento corporativo.

La compra de Banco Pastor en 2011 no contribuyó a que Popular se planteara pujar por la CAM -como sí hizo Sabadell, con un movimiento que le permitió saborear más de 5.200 millones de euros de dinero público- y tampoco le dejó en condiciones para plantear en el Banco de España una operación de esas características con Banco de Valencia por los recelos del gobernador.

Quedarse con un banco zombi le hubiera permitido acceder sin mala prensa a unas ayudas públicas que no fueron inyectadas ni en el momento de su resolución, puesto que tuvo que ser el Banco Santander con dinero privado el encargado de fondear el banco en la trágica noche del 6 al 7 de junio de 2017.

Para entonces, el Estado español había inyectado en la banca nacional 76.3410 millones de euros, de los que había recuperado poco más de 4.100 millones.

ATENTOS A...

Los movimientos que Blackstone pueda iniciar en España si el PSOE consigue gobernar tras las elecciones del 10-N. Tras el malestar con el Ejecutivo que el responsable del gigante de la inversión en España, Claudio Boada, mostró en público ante la ministra Nadia Calviño el pasado año, cuando el Gobierno negociaba con Unidas Podemos su polémico plan para Vivienda, las relaciones entre ambos se han reconducido.

Tanto es así que las sociedades a través de las que Blackstone gestiona activos inmobiliarios en España podrían mover ficha en el plan que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha avanzado para construir vivienda pública en España con inversión público-privada. El Gobierno en funciones tiene un plan sobre la mesa para que empresas privadas puedan ser adjudicatarias de planes de vivienda y dedicarse a la gestión y promoción de éstas con concesiones. 

En realidad esa hoja de ruta ya estuvo sobre la mesa de la secretaria de Estado de Vivienda, Helena Beunza, en los tiempos en los que se negoció con Podemos implantar medidas tan dañinas para el sector, como el aumento de los plazos de los contratos para el alquiler. Si Pedro Sánchez logra gobernar sin Unidas Podemos tras el 10-N, no dudará en ejecutar un plan que permitiría construir vivienda pública en un país incapaz de controlar su déficit público.