La patronal CEOE ha decidido poner deberes al próximo Gobierno. Para ello ha preparado un decálogo de peticiones que, a su juicio, deberían cumplirse para que la economía del país pueda seguir funcionando al ritmo que necesita. 

Bajo el título "Prioridades empresariales ante las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019", los empresarios empiezan pidiendo al futuro Gobierno que salga de las urnas "estabilidad y moderación". Para ello consideran "imprescindible y urgente llegar a acuerdos de gobernabilidad entre las distintas fuerzas políticas". 

Según explican, lo que hace falta a partir de ahora es "un gobierno que garantice la estabilidad política e institucional y abra una nueva etapa de diálogo y consensos". El objetivo es lograr aportar "predictibilidad y seguridad jurídica", que "son necesarias para que se incremente la confianza de los ciudadanos, empresas e inversores".

Recuerdan, además, que "la incertidumbre provoca parálisis y aplazamiento de las decisiones de inversión". 

Así que bajo estas premisas, ¿qué piden los empresarios? 

Fomento del espíritu empresarial

La prosperidad y el dinamismo económico está muy ligado a la creación de nuevas empresas y al desarrollo de las ya existentes. Por ello, el entorno debe ser especialmente favorable para las empresas de reciente creación y/o de reducido tamaño. Los países con mayor nivel de desarrollo del mundo lo son porque tienen un entorno y un marco institucional propicio al emprendimiento y a la actividad empresarial.

La formación como vía para crecer más y mejor

Se debe preparar a las personas para adaptarse y afrontar los retos y desafíos de la nueva sociedad y del mundo del trabajo; y, además, es fundamental la formación de los empleados, en el sentido de que el aprendizaje permanente y la readaptación continua de los trabajadores constituyen una pieza clave para su adecuación a los cambios a lo largo de la vida, reforzando su empleabilidad. Por ello, sería necesario avanzar, en la medida de lo posible, en pactos de Estado en el ámbito de la educación, incorporando los frutos del diálogo social.

Reforzar la innovación y la digitalización

La investigación y desarrollo debe acercarse a las necesidades reales de las empresas para poder materializarse en innovaciones de productos y procesos que les permitan superar los nuevos retos que se avecinan. La I+D+i es un elemento diferenciador en los mercados internacionales y es indispensable un esfuerzo mayor de todos, tanto del sector público como del privado, para lograr que el gasto en esta partida en términos de PIB alcance el 3% lo antes posible.

Es imprescindible que se incorpore en la agenda política, económica y social del Gobierno. El desafío del envejecimiento demográfico necesita de una economía más productiva, que permita compensar el efecto contractivo de la ralentización de la población activa.

La sostenibilidad como instrumento de competitividad

La economía española debe sentar las bases de sus grandes transformaciones estructurales a futuro. La sostenibilidad debe ser el marco en el que se instrumente de manera progresiva y ordenada la descarbonización de la economía y la consiguiente transición en materia de energía, clima y economía circular, como fuente de modernización y de oportunidades para reforzar la competitividad de nuestro tejido productivo.

Las infraestructuras deben favorecer una mejora en la configuración de un modelo de movilidad sostenible, que incentive la reducción de emisiones en el transporte sin imponer prohibiciones y dejando a los operadores que alcancen sus objetivos de una forma ordenada, eficiente y gradual. Además, deben acometerse infraestructuras específicas para este contexto, como los las relativas al sector del agua, la gestión de residuos y/o medioambientales.

Intensificar la internacionalización de nuestra economía

Todavía hay margen para aumentar la base exportadora y continuar con el proceso de internacionalización de nuestra economía mediante una apuesta decidida por desarrollar un entorno favorable a la competitividad empresarial. Esta es la principal vía para consolidar un nuevo patrón de crecimiento basado en la recuperación de la actividad sin generar déficit exterior. En este contexto, es clave potenciar los sectores más expuestos a la competencia internacional. Por ello, es obligado favorecer la competitividad empresarial para acelerar su proceso de internacionalización.

Reformas estructurales para aumentar el crecimiento

Se deben implementar nuevas reformas estructurales que favorezcan la competitividad como palanca catalizadora tanto para revertir a corto plazo la actual tendencia cíclica, como para impulsar de forma sostenible el potencial de crecimiento a largo plazo y la generación de empleo.

La revisión a la baja del crecimiento acumulado en el primer semestre publicado en la Contabilidad Nacional por parte del INE, en un contexto de ralentización de los indicadores coyunturales de actividad y empleo, ha implicado una revisión a la baja de las previsiones de cierre para este ejercicio tanto del Gobierno como del consenso de analistas. En este escenario de desaceleración económica, una de nuestras principales fortalezas es la estabilidad económica y nuestro diferencial positivo de crecimiento con las economías europeas. A diferencia del pasado, esta nueva coyuntura nos llega mejor preparados, en una posición cíclica en la que seguimos mejorando nuestros desequilibrios macroeconómicos tradicionales, ya que tenemos superávit exterior, la inflación está contenida y se sigue reduciendo el desempleo y la deuda privada.

La implementación de reformas estructurales contribuyó a que la economía española superara la grave crisis económica. Conviene destacar que, si las bases de nuestra economía siguen siendo sólidas y los desequilibrios contenidos, es precisamente gracias a las reformas abordadas durante los últimos años, que han mejorado su resiliencia en los momentos difíciles. Por lo tanto, no se deben revertir las reformas estructurales que tanto han beneficiado a nuestro país.

Proseguir la consolidación presupuestaria mejorando la eficiencia del gasto público

Para disminuir los elevados niveles de la deuda pública española hay que avanzar en el proceso de consolidación fiscal evitando incrementos adicionales del gasto público estructural. Además, se deberían incorporar criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y de evaluación continua para mejorar la eficiencia del gasto público de las Administraciones Públicas.

Es obligado combatir el fraude en sus diversos ámbitos: fiscal, social y laboral para asegurar la consolidación presupuestaria. Con independencia de la fuente utilizada, el actual peso de la economía sumergida en España supone tanto un lastre, para la recaudación tributaria y la actividad económica, como un elemento de competencia desleal entre los empresarios que cumplen las normas y aquellos que las evaden.

La tributación empresarial debe ser competitiva

La necesidad de incrementar el potencial de crecimiento de nuestra economía y la actual situación cíclica desaconsejan subidas adicionales de impuestos, especialmente en aquellos que recaen sobre las empresas, ya que la presión fiscal que soportan se sitúa por encima de la de nuestro entorno. La presión fiscal empresarial en España supone el 10,5% del PIB frente al 9,3% del promedio de la UE. De hecho, la proporción de la recaudación total procedente de las empresas en España es superior al promedio de la UE: 30,4% frente al 26,2%.

No se deben subir los impuestos en España, en cuanto que tenemos una presión fiscal normativa la que se deriva del diseño del sistema impositivo- superior a la de nuestro entorno, siendo especialmente gravosa en lo relativo al Impuesto sobre Sociedades y a las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. Además, el superior nivel de economía sumergida en nuestro país con relación a Europa (en torno al 22% del PIB frente al 13% de la UE) y nuestra inferior renta per cápita impiden utilizar el indicador de presión fiscal recaudatoria -la participación de los ingresos públicos en relación al PIB- como justificación técnica para aprobar subidas impositivas.

Resulta prioritario eliminar el Impuesto sobre Patrimonio, que no existe prácticamente en nuestro entorno, así como reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que alcanza niveles excesivos en algunas Comunidades Autónomas. De cualquier modo, los activos y participaciones empresariales deben quedar exentos de cualquier tipo de imposición patrimonial.

La seguridad jurídica y la garantía del derecho de propiedad para favorecer la inversión

La seguridad jurídica es la mejor garantía para invertir en nuestro país. Es una suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable y prohibición de la arbitrariedad. Es fundamental para crear un sistema en el que sea razonable prever las consecuencias económicas de las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos, lo que es indispensable para generar la confianza que facilite la inversión y el desarrollo económico y social. La seguridad jurídica es también clave para garantizar el derecho de propiedad, que es una institución crítica dentro de una economía de mercado. Cualquier actuación de los poderes públicos que limite la actividad de los individuos o empresas ha de ser proporcionada y estar justificada por razones de interés general.

Libertad de empresa y unidad de mercado

Con independencia del modelo de organización del Estado, la unidad de mercado es clave para conseguir un libre e igual acceso y ejercicio de la actividad económica. La fragmentación del mercado genera costes para las empresas, que tienen que lidiar con diferentes regulaciones dentro del territorio español, afrontando duplicidades y discriminaciones normativas en muchas ocasiones difícilmente justificables, lo que termina por socavar su competitividad. Es necesario un impulso renovado de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para garantizar a nuestros ciudadanos y empresas la posibilidad de funcionar con iguales requerimientos con independencia del lugar de España en el que radiquen.