El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha defendido este miércoles la ampliación de capital de 2016, que se hizo con cálculos de auditoría interna, y ha alegado que su éxito dependía del frustrado Proyecto Sunrise o "banco malo", que su sucesor, Emilio Saracho, no tuvo intención de ejecutar.
Según han informado fuentes jurídicas, Ron, que ha incidido en la falta de transparencia que imperó en su salida de la entidad, ha asegurado que las tasaciones de las que advirtieron en su peritaje los expertos cedidos por el Banco de España estaban bien hechas y que el 98 % de los tasadores eran reconocidos internacionalmente.
En torno a este hecho ha girado buena parte del interrogatorio del juez José Luis Calama, que se ha centrado en los posibles problemas que arrastraban las tasaciones de la entidad el mismo año de la ampliación de capital.
Los expertos del Banco de España advertían en su informe que aunque no era "posible cuantificar el impacto de los incumplimientos a la normativa a diciembre de 2016, en especial la sobrevaloración de las tasaciones, se puede tomar como máximo la estimación incluida en el plan de negocio aprobado el 31 de mayo de 2017 en el que se cuantificaban pérdidas de 1.915 millones" por las provisiones de inversión crediticia y adjudicados de 4.180 millones.
Un importe que, "al igual que los 5.254 millones registrados en el ejercicio 2016, estaba vinculado en su mayoría a los activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas de este sector durante la fase expansiva de la economía que finalizó abruptamente en 2007", reza un párrafo del resumen ejecutivo que ha sido leído por el magistrado.
Según han explicado a Efe fuentes presentes en la declaración, Ron ha asegurado que nunca conoció las supuestas sobrevaloraciones a las que hace alusión el peritaje, pues en sus reuniones con los responsables de la auditoría interna del Popular éstos le comunicaban otra cosa.
UNA SALIDA POCO TRANSPARENTE
El que fuera presidente del histórico banco entre 2004 y 2017 también ha querido hacer alusión a su marcha de la entidad y al posterior relevo por el equipo dirigido por Emilio Saracho, quien aunque accedió de forma efectiva al cargo en febrero de 2017, ha indicado, ya mandaba en el banco "desde el 1 de diciembre de 2016".
Sobre ello, se ha remitido a un correo de la Sindicatura de Accionistas del Popular a la entonces presidenta de la Comisión de Nombramientos, Reyes Calderón, en el que se desaconsejaba la premura en el cambio.
"Estimada Reyes (...) temo que se empiece mal la reingeniería de todo un proceso llevado de una forma incompatible incluso con los estándares menos exigentes de gobierno corporativo", comienza el documento, firmado por el representante de la Sindicatura, José Francisco Mateu, y con fecha 25 de noviembre de 2016. En la comunicación, Mateu critica que se planteara este hecho sin contar con la presencia de todos los consejeros, una precipitación que considera "inaceptable desde cualquier punto de vista que se mire".
"Mal empezaríamos a hacer las cosas, como nuestro nivel de responsabilidad nos exige, si desde el minuto cero dificultamos la asistencia al debate a todos los consejeros", prosigue el representante de la Sindicatura, que subraya la importancia de alcanzar un consenso para "reducir el riesgo de divorcio" entre Comisión y Consejo de Administración.
Tras la lectura, Ron ha explicado que detrás de su cese como presidente estaban tanto Reyes Calderón como el empresario mexicano Antonio del Valle, que llegó a ser el máximo accionista individual del Popular.
Ambos orquestaron el relevo con total falta de transparencia, ha dicho el expresidente, que ha denunciado que no sólo éstos mantuvieron reuniones a las que él no fue convocado, sino que Del Valle, al que ha acusado de servirse de la prensa en su beneficio, le habría amenazado para que saliera de la entidad.
En opinión de Ron, el mexicano quería quedarse a toda costa con el banco, a lo que le sugirió que si esa era su voluntad, que lanzara una OPA.