El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha acudido este miércoles a declarar ante el juez que investiga a los principales responsables de la entidad desde 2016 con el fin de esclarecer los motivos que desembocaron en la resolución del banco en junio de 2017 y si hubo un delito de estafa en la ampliación de capital de 2016 o de manipulación de mercado en 2017.

En un largo interrogatorio que continuará mañana, jueves, el exbanquero gallego ha mostrado al juez José Luis Calama documentos del auditor PWC en los que se recoge información sobre las tasaciones inmobiliarias que están en el punto de mira, según cuentan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.

Este punto ha sido denunciado por su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, como clave de la gestión anterior a la crisis de liquidez que comenzó a padecer el banco con la salida de depósitos tras la Junta General de abril de 2017 y derivó en la resolución de Banco Popular con el traspaso por un euro al Banco Santander.

Preguntado por el juez, Ángel Ron ha explicado cómo vivió el proceso de sucesión y la llegada de Saracho a la presidencia del banco. El expresidente de la entidad ha enseñado correos electrónicos intercambiados entre la Sindicatura de accionistas y la exresponsable de la comisión de nombramientos, Reyes Calderón, en los que la Sindicatura expresaba su descontento con la salida del presidente del momento.

El representante de la Sindicatura, José Mateu, puso en duda en esos correos los estándares de Gobierno corporativo del banco por la actuación.

Polémica con las tasaciones

Por otra parte, Ron también ha defendido ante el juez las operaciones del banco que se han puesto en entredicho en los últimos tiempos.

El que fue presidente del Popular durante más de 12 años ha mostrado datos sobre las retasaciones con informes elaborados a partir de muestras de más de 50.400 expedientes que demostrarían que las tasaciones se hicieron de acuerdo a la circular del Banco de España.

Según sus estimaciones, en 2015, el 99% de las tasaciones de Banco Popular cumplían con la normativa del Banco de España respecto a su antigüedad y en 2016, el porcentaje alcanzaba el 95%.

En las declaraciones de otros directivos, el magistrado preguntó por este punto. Emilio Saracho, que ya declaró durante horas ante el juez y el fiscal Antonio Romeral el pasado 2 de octubre, se detuvo también en las polémicas tasaciones al denunciar que poco después de su llegada a la presidencia del banco, preguntó al equipo de riesgos sobre cuánto capital faltaba sin encontrar respuesta.

Fue entonces, cuando encargó una retasación masiva de unos 80.000 inmuebles en manos del banco que destapó irregularidades en las valoraciones, de acuerdo con Saracho.