El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene una pesada mochila digital que viene arrastrando casi desde que llegó a Moncloa en verano de 2018. El presidente del Gobierno se comprometió a establecer una nueva fiscalidad para que los gigantes tecnológicos pagasen por lo que realmente facturan en España, además de mejorar las condiciones laborales de la economía colaborativa.

No obstante, el rechazo de grupos nacionalistas a su primer proyecto de Presupuesto a finales del año pasado lo cambió todo. Convocatoria de elecciones en abril y repetición en noviembre que han paralizado todas las iniciativas parlamentarias y en especial las digitales. En principio, toca volver a la normalidad ya que según la Ministra de Economía (y futura vicepresidenta) Nadia Calviño la idea es retomar su agenda digital cuanto antes, pero los cambios que se han sucedido en el sector en los últimos meses y el recientemente estrenado pacto con Unidas Podemos podrían trastocarlo todo.

En primer lugar, los dos partidos han acordado diez medidas en las que prácticamente no se hace referencia al mundo digital lo que deja mucho margen para la especulación en un reparto de carteras que podría enfrentar a Economía- y a Calviño- con los ministerios sociales que recaerían en Unidas Podemos y Pablo Iglesias.  En segundo lugar, su media estrella, la tasa digital, ha dado importantes pasos a nivel mundial de la mano de la OCDE, lo que podría entorpecer el camino del nuevo impuesto.

En total, estamos hablando de tres grandes iniciativas: el nuevo marco laboral para los riders de Glovo y Deliveroo, la tasa de determinados servicios digitales y la puesta en marcha de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que incluiría la equiparación de Netflix y HBO a las condiciones de inversión que tiene los actuales grupos audiovisuales y las telecos en España.

Impuesto a servicios digitales

En el caso de elevar los impuestos a las grandes tecnológicas, en principio habría apoyo de Unidas Podemos tanto en la elaboración del proyecto como en su posterior trámite parlamentario, aunque ya hay voces dentro del Gobierno que creen que sería mejor esperar a un consenso internacional ante la disparidad de criterios entre lo que propone la OCDE y la iniciativa española.

Según el proyecto de Moncloa, el nuevo impuesto a determinados servicios digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de -al menos- 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones. Se aplicará a servicios de publicidad en línea, de intermediación online y a la venta de datos a partir de información proporcionados por el usuario. El objetivo es recaudar 1.200 millones de euros al año.

Por su parte, la OCDE reasignaría algunos beneficios y los correspondientes derechos fiscales a países y jurisdicciones donde las tecnológicas tienen sus mercados. Garantizaría de esta manera que las compañías que realizan negocios importantes en lugares donde no tienen presencia física sean gravadas en tales jurisdicciones, mediante la creación de nuevas reglas que establezcan “dónde se deben pagar los impuestos y sobre qué proporción de estas ganancias”.

Este proyecto propone el aumento de la seguridad fiscal mediante un mecanismo de tres niveles. El primero es que gravar a las tecnológicas en base a un nuevo sistema que calcula sus beneficios globales residuales que luego se asignan a jurisdicciones locales. El segundo nivel incluye una remuneración fija atribuida a las funciones básicas de comercialización y distribución que tienen lugar en la jurisdicción del mercado; y un tercer nivel de resolución de conflictos, en especial diferencias entre cálculos del segundo nivel.

El proyecto español dice que el objetivo es tener una armonización mundial y europea en este tema, lo que significa que cualquier acuerdo mundial sustituiría automáticamente a la tasa española. En este sentido y de acuerdo a los tiempos parlamentarios, una corriente en Moncloa cree que quizás sería más prudente esperar a la OCDE para no generar demasiados trastornos en la fiscalidad española.

Tasa Netflix

El otro gran proyecto digital es la adecuación de la nueva Ley de Telecomunicaciones que deberá transponer la Directiva Europea de Medios Audiovisuales (AVMSD), aprobada hace más de un año en Bruselas. Esta consagra el principio de igualdad entre los operadores, independientemente del servicio que brindan y de la plataforma que utilizan para proteger mejor a los espectadores, alentar la innovación y promover el contenido audiovisual europeo.

Esto se traduciría en la aplicación de una tasa Netflix a los nuevos players audiovisuales para equiparar sus condiciones a las de las televisiones españolas y telecos. El objetivo es que paguen la tasa RTVE, consoliden sus ayudas al cine español y tengan que pagar los mismos impuestos que sus pares. Un proyecto que tampoco debería tener la oposición de Podemos, pero que todavía está muy verde a la espera de lo que diga el sector.

Estamos hablando de una reforma integral que deberá estar contenida en la nueva Ley Audiovisual que sustituya la normativa de 2010 y en la que también se deberían incluir cambios en la financiación de RTVE, en las tasas que pagan las telecos y en los impuestos que paga todo el sector audiovisual en su conjunto.

En estos momentos, Hacienda sigue elaborando sin ninguna prisa el documento con las principales conclusiones de la consulta pública que terminó el 22 de febrero y en la que preguntó a todo el ecosistema cómo debería ser el nuevo sistema de financiación del sector. Ahora, toca la audiencia pública en la que nuevamente se volverá a opinar, esta vez sobre un texto formal elaborado por los ministerios de Economía y Hacienda. Un documento que se ha retrasado sine die a la espera de que se conforme el nuevo Gobierno, presumiblemente con Podemos.

TRADE digital

"Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad". Éste es uno de los principales puntos del principio de acuerdo programático entre PSOE y Podemos y que podría ser uno de los primeros focos de conflicto entre Calviño y Pablo Iglesias.

Como ya contó este periódico el Gobierno estudia una nueva fórmula de relación laboral que podría poner fin a las disputas legales entre plataformas digitales como Glovo o Deliveroo y sus riders, algunos de los cuales les han denunciado ante los tribunales argumentando que trabajan bajo la figura de 'falsos autónomos'.

Y dentro del Gobierno, hay una facción cercana al Ministerio de Economía que cree que esta regulación podría partir de la propuesta que la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) presentó en verano. Una especie de TRADE (Trabajador Autónomo Dependiente) digital que tiene algunas características de un contrato formal como seguro médico o un mes de sueldo por invalidez, pero no incluye ni indemnizaciones, ni sueldo fijo, ni prestaciones sociales.

En definitiva, un autónomo con mayores coberturas y protección. Parece difícil creer que en Podemos -y considerando que tendrán el control de las políticas sociales-, se comulgue con este modelo. Glovo y Deliveroo han sido blanco recurrente de esta formación en sus discursos electorales en los que pedían mayor justicia social.

De hecho, Podemos nunca ha ocultado que se debe legislar de la manera más favorable a los trabajadores y uno de sus objetivos es precisamente terminar con estas relaciones de falsos autónomos, algo que va totalmente en contra del modelo propuesto por Adigital y que gana enteros en Economía. Un primer enfrentamiento ad portas y que podría enturbiar la agenda digital de Moncloa.