El Gobierno acaba de aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes un real decreto para establecer el cálculo de la tasa de rentabilidad para las renovables. En concreto, según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, existirá una reducción del 7,39% al 7,09%.
Según ha comentado la ministra, la aprobación del decreto ley que "encaja dentro de las necesidades de transformación de nuestro modelo energético, que está en plena ebullición". A su juicio, la nueva tasa ayudará a generar confianza y, sobre todo, a recuperar la de aquellos que "se sintieron traicionados" en 2013.
En este sentido, el Ejecutivo pretende así evitar nuevos litigios contra España en organismos como el Ciadi. El decreto ley del Gobierno contempla que las plantas que estuvieron afectadas por los recortes en 2013 verán la tasa del 7,39% mantenida durante todo el periodo regulatorio si, a cambio, los inversores renuncian a los procesos judiciales o arbitrales que estén en marcha, a nivel nacional e internacional.
Esta nueva normativa, que se ha aprobado vía decreto-ley para que estuviera lista antes de fin de año, pretende transmitir seguridad jurídica en el sector renovable, con "gran potencial" en nuestro país. En este sentido, la nueva normativa se extenderá dos periodos regulatorios de seis años.
8.000 millones en indemnizaciones
España suma más de una treintena de demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi así como ante otras instituciones internacionales relacionadas por las reformas energéticas de las renovables acometidas en a principios de esta década.
Estas reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes ascienden a más de 8.000 millones de euros.
Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de toda la cantidad demandada a España.
7 millones para compensar al carbón
Además, este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una orden del Ministerio que dirige Ribera por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por el cierre de centrales de carbón por un importe de hasta 7 millones de euros.
En concreto, según explica la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-Fica), estas ayudas están dirigidas a fomentar el desarrollo económico alternativo de estos términos municipales por el proceso de cierre de las centrales termoeléctricas de carbón.
La orden ministerial establece que serán objeto de ayuda los municipios afectados o en los que la dirección de la central haya manifestado la voluntad de un posible cierre y hayan obtenido la autorización para cerrarla en los doce meses anteriores a la entrada en vigor de esta orden.
La orden fija, además, que solo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una inversión total elegible, como suma de todas las medidas de actuación que se planteen en la solicitud, superior a 25.000 euros y que no supere el importe máximo subvencionable de un millón de euros.