La portabilidad es una de las principales armas de las operadoras de telecomunicaciones para ganar clientes, pese a que genera los mayores costes en los equipos comerciales de cada compañía. Los últimos datos de la CNMC indican que la portabilidad móvil volvió a dispararse en septiembre y alcanzó la cifra más alta del año, con casi 670.000 números móviles que cambiaron de operador. 

Estos datos esconden un gran nivel de agresividad en las compañías ya que cada vez es más difícil 'robar' clientes a la competencia en un mercado más competitivo y que se ha abonado el bajo coste. En esta línea, las propias operadoras han decidido eliminar barreras de salida como la mayoría de sus compromisos de permanencia y la penalización que se establecía por cambiarse de operador antes de terminar el contrato.

Nunca ha sido tan fácil, ni tan rápido, cambiarse de compañía, aunque no es oro todo lo que reluce ya que la mayoría de las telecos en España siguen guardándose un as bajo la manga y una penalización por arrepentirse de un cambio de operador. Estamos hablando de la portabilidad preinstalada, un servicio que ofrecen todas las compañías, pero que esconde multas de hasta 260 euros en determinadas circunstancias.

La portabilidad preinstalada se refiere a la instalación temporal de una línea fija a quien ha decidido cambiarse de operador, con el objetivo de que mantenga servicios de internet en el hogar mientras se tramita esta sustitución (portabilidad), un proceso que suele tardar en algunos casos más de una semana.

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El operador con el que se ha contratado el nuevo servicio ofrece instalarle, con la conformidad del cliente, una línea fija nueva con una numeración temporal, para que no se quede sin conectividad durante este proceso y con la posibilidad de asignarle más adelante su número definitivo después de que se gestione la portabilidad tanto del fijo como de los móviles.

Un sistema que a simple vista es muy beneficioso para el cliente que nunca pierde la ansiada conectividad. El problema comienza cuando el usuario se arrepiente de este cambio y las operadoras que instalaron temporalmente el servicio fijo y de internet ejecutan onerosas penalizaciones que van desde los 100 a los 260 euros, dependiendo de la compañía.

La solicitud de portabilidad hay que comunicarla al operador de origen en el Nodo (órgano regulador de la portabilidad) y el operador tiene un día y medio, aproximadamente, para intentar que el cliente desestime la solicitud. Si el cliente, al final, decide no ejecutar la portabilidad, porque su operador le ha convencido con una nueva oferta, incurre en gastos y compromisos por la preinstalación de la línea fija.

La portabilidad preinstalada es una práctica transparente y recogida en los contratos y en las web de los operadores, pero no por ello es menos sorprendente, si consideramos que casi todas las compañías presumen de haber eliminado por completo las penalizaciones por abandonar a las operadoras.

Movistar es la única que no cobra

Si miramos las web de las propias telecos podemos comprobar que, a excepción de Movistar, todas cobran por esta portabilidad preinstalada.  En el caso de MásMóvil, si el cliente se da baja de la fibra antes de doce meses, cobra 150 euros por la permanencia. En ADSL esta penalización cae a los 100 euros, incluso si la instalación ha sido con una numeración temporal.

Yoigo tiene las mismas condiciones que MásMóvil pero no menciona la numeración temporal. La permanencia es solo en paquetes de internet, aunque es una de las compañías que prácticamente no hace preinstalaciones. 

En el grupo Vodafone, Lowi cobra 150 euros en caso de baja antes de 3 meses, pero si además se es cliente solo de fibra, en la instalación se cobran 70 euros y si se dan de baja antes de tres meses, se pagan los otros 80 euros restantes. En Vodafone cobran 150 euros por la instalación si hay baja en menos de doce meses. En los casos que hicieran portabilidad preinstalada, el cobro contaría desde la instalación de la línea provisional.

En el caso de Orange, cobra por la instalación si se desiste del pedido y si alguien se da de baja antes de doce meses se aplica la cláusula de permanencia. Finalmente, Jazztel cobra por la instalación hasta 260 euros en caso de que se desista del servicio contratado.