La Unión Europea se ha marcado como objetivo garantizar que de aquí a 2025 todos los hogares estén conectados a redes ultrarrápidas con una velocidad de descarga de al menos 100 megabits por segundo, ampliable a 1 gigabit por segundo. Una meta imprescindible para acelerar la digitalización de la economía comunitaria pero que la propia Comisión admite que no podrá lograrse únicamente mediante la iniciativa privada. Para corregir loa "fallos de mercado", Bruselas ha autorizado este martes a España a subvencionar con 400 millones de euros el despliegue de banda ancha de muy alta velocidad en zonas rurales.

"Los consumidores y las empresas españolas deben beneficiarse de todo el potencial que encierra el crecimiento digital, con independencia de dónde se encuentran. Esta medida permitirá abordar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales de España", explica la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager. "Con esta decisión respaldamos el uso de fondos públicos para los servicios de internet de muy alta velocidad destinados a los hogares y las empresas en zonas donde la inversión privada es insuficiente", ha agregado.

El régimen de ayudas aprobado por Bruselas tiene un presupuesto de 400 millones de euros y se ejecutará entre 2020 y 2022. Su objetivo es abordar los déficits de conectividad en toda España y mejorar y acelerar la cobertura con redes de muy alta velocidad. La medida apoyará el despliegue de redes capaces de proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por segundo (Mbps), ampliables a 1 gigabit por segundo (Gbps) a zonas específicas.

Las nuevas redes cubrirán zonas en las que no están presentes ni previstas en un futuro próximo redes de alta velocidad que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 30 Mbps. En menor medida, cubrirá igualmente zonas en las que ya está presente o prevista en un futuro próximo una red de alta velocidad, pero en las que no existe ni está prevista una red que permita una descarga de más de 100 Mbps. "Las nuevas redes también darán acceso a mejores servicios de banda ancha, lo que estimulará el desarrollo de una economía digital moderna", sostiene Bruselas.

Las autoridades españolas han elaborado un inventario completo de las infraestructuras disponibles actualmente y han llevado a cabo consultas públicas para determinar las zonas que serán cubiertas. Además, van a organizarse nuevas consultas públicas para garantizar que se limiten al mínimo las distorsiones de la competencia.

Todas las redes financiadas con cargo a este programa ofrecerán acceso al por mayor a todos los operadores de forma abierta, transparente y no discriminatoria. Por eso, el Ejecutivo comunitario considera que incentivarán las inversiones privadas en la prestación de servicios de internet de alta velocidad a los hogares y las empresas en las zonas objetivo.

Tras examinar en profundidad el programa español, la Comisión ha llegado a la conclusión de que "los efectos positivos del régimen sobre la competencia en el mercado español de banda ancha superan los posibles efectos negativos provocados por la intervención pública". Por todo ello, Bruselas da luz verde a la subvención con arreglo a las normas sobre ayudas públicas de la UE.

Esta medida es la prolongación de un régimen español anterior, aprobado por la Comisión en 2013, que pretendía apoyar el despliegue de redes de acceso de próxima generación en zonas insuficientemente cubiertas.