Nuevo torpedo contra la competitividad de las empresas catalanas por parte de la Generalitat de Cataluña. Quim Torra y su equipo de Gobierno quieren impulsar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) catalán que pase de los 900 euros actuales a los 1.239 euros. Es decir, a 17.353 euros anuales en 14 pagas y que supone un 37% más que el actual SMI de 900 euros mensuales.

Se trata de una medida de corte “demagógico” para el profesor del IESE, José Ramón Pin, quien recuerda que el ejecutivo catalán no tiene competencias para dar ese impulso. Algo de lo que son conscientes en la administración regional, por lo que su objetivo es desarrollar su aplicación a través de varias vías: los propios trabajadores de la Generalitat, poniéndolo como exigencia a la hora de contratar con la administración y ofreciendolo a los sindicatos para que lo tomen como una referencia a la hora de negociar los nuevos convenios colectivos.

“Es manifiestamente ilegal la propuesta”, explica el economista Javier Santacruz, para quien “cualquier concurso que imponga una cláusula similar será tumbado por los tribunales”. ¿De qué estamos hablando entonces? “De un brindis al sol” para Santacruz o una “medida absolutamente electoralista” para José Ramón Pin.

La imagen de Cataluña

Ambos coinciden en que el mero anuncio de que Torra se esté planteando intentar promover ese SMI de 1.239 euros perjudica la imagen de Cataluña porque resta atractivo a la región y hacer perder competitividad a las empresas catalanas. “Va contra la productividad porque también tendría un efecto arrastre al alza del resto de salarios”, explica el profesor del IE Business School, Rafael Pampillón.

Ésa es precisamente la intención del ejecutivo autonómico, conseguir que los sueldos suban porque “un país libre no puede tener trabajadores pobres”, en palabras del Conseller de Economía, Pere Aragonés.

No piensan lo mismo los empresarios. La patronal Pimec ya ha ha mostrado su oposición a la idea. Su presidente, Josep González, cree que ese Salario Mínimo Interprofesional “lastraría la competitividad de la comunidad”. Una situación crítica para Cataluña que en los últimos meses ha visto como Nissan está fabricando 53.000 unidades frente a las 190.000 que tenía el año pasado.

El presidente de Seat, Luca de Meo, también ha dejado entrever que si siguen los disturbios en las carreteras catalanas podría plantearse cambiar las fábricas. “No se pueden poner palos en las ruedas”, insiste Pampillón, para quien si a todo el clima de inestabilidad le sumamos un “un aumento de los costes laborales en un momento en el que las perspectivas de la economía catalana no son muy positivas, veremos una menor atracción de capital nacional y extranjero. Una mayor huida”, sentencia.

Los datos

Desde BBVA Research alertaban hace unas semanas de que la incertidumbre económica está cerca de máximos de 2012, y que eso pasará factura al crecimiento de la región. Para este año estima un crecimiento del 1,8% en 2019 y un 1,6% en 2020, por debajo de la media del PIB de España.

Pero las consecuencias de estimular un SMI catalán tiene también un añadido al que Torra hace caso omiso. Si la primera medida es impulsarlo en la administración catalana, habrá un aumento significativo de los costes de personal. Algo complejo de gestionar para una Autonomía cuya deuda alcanzará en 2019 el 31,3%, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Veremos si el año que viene logra la ‘independencia’ fiscal y logra emitir deuda por sus propios medios. De momento las principales agencias de calificación mantienen un rating de bono basura para Cataluña, lo que hace imposible endeudarse para poder asumir más gasto público. Todo depende de lo que Hacienda avale, ya que en el mercado las condiciones que pondrían los inversores serían absolutamente imposibles de cumplir.

¿Llegará el SMI catalán? Lo veremos, pero todo apunta a que quedará en un fuego de artificio para “seguir empujando lo que interesa”, dice Santacruz.