No hay convite empresarial en España en el que no se cuele la pregunta de si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lograrán sacar adelante su pacto de Gobierno a la desesperada con el independentismo. Hace ya algunas semanas, al presidente de un gran banco español le preguntaron en una cena distendida si tenía miedo a un Gobierno PSOE-Podemos. Su respuesta sorprendió a algunos. Vino a decir que veremos qué es lo que hacen con los impuestos, incluido con el que afecta a la banca que ya se guardó en el cajón en 2018. Pero que la clave para que España aguante el envite de la coalición de izquierdas pasa por no tocar la reforma laboral.

No lo decía porque su banco tenga previsto hacer nuevos ajustes de plantilla sino porque con un crecimiento por debajo del 2%, España se juega empezar a destruir empleo. Y más allá del drama social, las consecuencias de ese escenario serían nefastas para el ya de por sí decaído negocio bancario en España -por la vía de la demanda de crédito o el aumento morosidad, entre otros-, como también para el mundo de la empresa.

Esta anécdota me vino a la mente la semana pasada, cuando en una charla distendida entre varios periodistas y un consejero del PP, se sacó el monotema de qué efectos tendrá sobre la economía unos Presupuestos diseñados por PSOE y Podemos. Como político de un partido que con Pablo Casado ha vuelto a abrazar el liberalismo, fue crítico con la anunciada subida de impuestos. Pero su mayor preocupación es la misma que la del banquero: donde España se la juega es en lo que hagan con la reforma laboral. "Si la derogan, se destruirá empleo". Y, de nuevo, más allá del drama social, el consejero destacó: "Se disparará el gasto público por las prestaciones de desempleo y nos pasará factura".

El mantra de la vicepresidenta Nadia Calviño como garante de la estabilidad económica, empresarial y presupuestaria en España se recita mientras Podemos corea su desembarco en el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz como ministrable.

Como se explicó en 2012, para conocer los efectos de una reforma laboral es preciso que pasen años. Ahora que los economistas ya afirman que la reforma de Fátima Báñez va a permitir que España siga creando empleo -aunque sea de manera tímida- con el PIB creciendo por debajo del 2%, el fantasma de la contrarreforma laboral asusta al mundo empresarial y económico.

No es ningún secreto lo que opina sobre este asunto la CEOE. A Antonio Garamendi no le gusta hacer distingo entre la preocupación de las empresas por la reforma laboral o por otros asuntos puestos sobre la mesa, como el aumento de impuestos o la subida del SMI. La patronal representa a un amplio elenco de intereses y el presidente tiene que incorporarlos a su discurso oficial.

Pero en materia laboral teme que se abra el melón de la contrarreforma para nada, puesto que para el empresario de Getxo el problema del empleo en España está más ligado a las carencias del sector industrial y los retos en materia de competitividad de la economía española que a la normativa laboral.

A Garamendi le esperan tiempos difíciles. Si se cumple el deseo de la ministra en funciones, Magdalena Valerio, que tiene buena sintonía con Unidas Podemos, al líder de la CEOE le tocará tragarse el sapo de una nueva subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que se sumaría a la del 22% que se aplicó en enero de 2019 y será la antesala de otras tres (si se completa la legislatura) .

Sin embargo, más allá de defender los intereses del lobby, en privado, Garamendi ha reconocido estar preocupado incluso por el Presupuesto de la patronal que depende del Estado en caso de que Pedro y Pablo compartan Gobierno.

Solo este año, la CEOE ha manejado en sus cuentas más de 2,1 millones de euros de dinero público. Una parte se debe a las subvenciones que le corresponden como patronal por su representación en órganos consultivos y otra por los proyectos cofinanciados por las Administraciones Públicas en los que participa como lo haría cualquier organización privada.

En esta partida, se incluyen 592.000 euros por proyectos con los Institutos de la Seguridad Social, 335.000 euros por los encargos con CES (Consejo Económico y Social), otros 180.000 euros por los del ICEX, etc. Hay ejercicios (curiosamente este no) en los que a estas partidas se añaden otras por su presencia en proyectos por la Igualdad, que tan presente estaría en la agenda del nuevo Gobierno. 

Se trata de un 17% de los ingresos totales de la CEOE y una partida sobre la que la coalición de izquierdas puede tener mucho que decir para llamar al orden a unos empresarios que ya padecieron fuertes recortes en su Presupuesto público durante los años de la crisis económica por los tijeretazos a las subvenciones que aplicó el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Para predicar en el desierto, la CEOE puso en el mando de su think tank a uno de sus primeros espadas: Íñigo Fernández de Mesa. Y en este laboratorio de ideas e investigación ya se han puesto a trabajar en el discurso que se debe introducir en la soliviantada opinión pública española para centrar del debate.

El problema de España no se soluciona con más impuestos, sino con más eficiencia en el gasto público. Es decir, con mejores políticos que manejen mejor las cuentas. Lo ha dicho ya José Luis Escrivá en los Spending Review de la AIReF, lo dicen los estudios de la OCDE y en enero lo dirá el Instituto de Estudios Económicos (IEE), cuando presente un informe en el que ya trabaja sobre el dispendio de la recaudación.

ATENTOS A...

Siemens Gamesa ha sido la única empresa del Ibex 35 que se ha colado en un ránking elaborado por Goldman Sachs para sus clientes sobre cómo cumplen las grandes corporaciones con los criterios del ESG (Medioambiente, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo). El banco de inversión que en España representa Olaf Díaz-Pintado ha colocado a la empresa de renovables que en su pata financiera está comandada por David Mesonero como CFO en el puesto número seis de las empresas que más cumplen con estos requisitos.

Pese a que es la única compañía con sede en España que figura en el listado elaborado por Goldman para difundir entre sus clientes, hay otras multinacionales que aparecen en otros rankings. Es el caso de Inditex, BBVA y Amadeus. Dentro del sector energético, el banco de inversión estadounidense ha colocado también a Repsol e Iberdrola, empresas que han puesto su dirección financiera bajo la batuta de Antonio Lorenzo y José Sainz Armada, respectivamente.