Mientras la falta de Gobierno mantiene paralizada la construcción de vivienda pública en España -receta lógica para acabar con la "emergencia social del acceso a la vivienda" (el entrecomillado es del consejero Damià Calvet), la Generalitat ha decidido aplicar su recetario asestando un duro golpe a la propiedad privada.

Horas antes de la Nochebuena, el Govern aprobó en segundo intento un decreto ley en materia de vivienda que persigue regularizar la okupación de familias vulnerables de forma inmediata.

Para ello, la norma obliga a fondos, bancos y personas físicas propietarias de más de 15 viviendas a destinar sus inmuebles al alquiler social durante siete años, abre la puerta a que la Administración pueda expropiar un edificio con obras inacabadas cuando esté ocupado y otorga a los poderes públicos más poder para adquirir viviendas por la vía del tanteo y retracto. 

Un "plan de choque" que coloca la inversión de los fondos inmobiliarios en el punto de mira para promocionar Cataluña como 'destino okupa' por las mayores garantías a la okupación que la Generalitat quiere apadrinar con esta nueva normativa única en España.

Una situación que también convierte en vulnerables a las familias que viven en las comunidades de vecinos con pisos okupados, que son las que en muchos casos denuncian un aumento de la inseguridad por sus nuevos vecinos y otros sucesos cotidianos como roturas permanentes de la cerradura del portal de su casa o los contadores de luz.

Desde el mundo empresarial ya se advierte que incorporar los parámetros del nuevo decreto a los activos de los fondos, provocará un efecto directo en las valoraciones de sus carteras de vivienda en Cataluña.

Un impacto en los precios que afectará a los catalanes propietarios de vivienda (que al igual que ocurre en el resto de España, son los más numerosos) con una potencial caída del precio de sus viviendas que repercutiría en el llamado 'efecto riqueza' y por tanto, en la economía.

Olvida también el decreto que fondos y banca no solo hacen alquiler social sino que antes de llegar a ejecutar un desahucio siempre exploran la vía extrajudicial del acuerdo para evitar el efecto reputacional que supone para ellos la expulsión de una familia de su hogar.

Algo que se vislumbra en los datos sobre lanzamientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde las ejecuciones hipotecarias en una ciudad como Barcelona representan un 9,7% del total (porcentaje que incluye también las de segunda vivienda que no afectan a colectivos vulnerables).

En relación a los salarios, la vivienda está muy cara en España. Pero expulsar a los mal llamados fondos buitre del mercado no resuelve el problema, sino que puede agrandarlo. Echar a estos actores de un mercado en el que más del 95% de los pisos arrendados está en manos de particulares provocaría una caída de la oferta en alquiler y una subida de los precios de los arrendamientos. Al menos hasta que llegara la temida normativa nacional para limitar esos precios. 

Es tarea de los poderes públicos ocuparse de quienes llegan a la necesidad de okupar una vivienda por falta de recursos. Pero no golpeando la propiedad privada sino construyendo un parque de vivienda social en alquiler que permita a las familias más vulnerables tener un techo en condiciones dignas. Y en un país asediado por el déficit público, ese plan pasa por fomentar la colaboración público privada entre las Administraciones y los fondos que continuamente tratan de demonizar con decretos como el aprobado esta Navidad por la Generalitat de Quim Torra con el aplauso del Ayuntamiento de Ada Colau.