Torres (BBVA) ante un año crucial: entre los riesgos en la Audiencia Nacional y la vigilancia del BCE

Carlos Torres encara su segundo año al frente del BBVA tal como acabó el primero, pendiente de la Audiencia Nacional. En los próximos días se espera que el juez García-Castellón levante el secreto de sumario en la investigación que lleva a cabo sobre las escuchas que el excomisario Villarejo realizó, presuntamente, para el BBVA en la época de Francisco González.

Será entonces cuando se conozca el alcance de la investigación que está realizando la Audiencia, pero también cuando se conozcan los resultados del informe forensic que  realizó PwC para el propio banco.

Se trata de un documento cuyos resultados preocupan al Banco Central Europeo, ya que de él debería desprenderse si la entidad incurrió en algún delito, pero también si hubo algún fallo que pudiera resultar comprometedor para el propio Torres, su consejo de administración o para alguno de los procedimientos del banco.

Presuntos delitos

A corto plazo la estrategia jurídica es la que más preocupa en los despachos de La Vela. Los problemas penales del BBVA tienen nombre: cohecho, descubrimiento de secretos y corrupción en los negocios. Son los delitos (presuntos) por los que el juez García-Castellón, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, imputó al banco hace ahora cinco meses.

El instructor cree que hay indicios de que durante un "prolongado período temporal" (de 2004 a 2017), el BBVA llevó a cabo "contrataciones y pagos ilícitos" al grupo Cenyt, propiedad del comisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión. Los encargos "afectaron a varias áreas sensibles" del banco e implicaron a diversos ejecutivos, por lo que parece improbable que prospere el argumento exculpatorio de limitar la responsabilidad al jefe de seguridad del BBVA, el antiguo comisario Julio Corrochano.

Los investigadores sostienen que el BBVA pudo cometer un cohecho continuado por haber pagado a policías para que estos realizaran actos ilegales y contrarios a sus deberes como funcionarios públicos. Argumentan que cuando el banco contrata a Villarejo para llevar a cabo tareas de investigación patrimonial de morosos, o para contrarrestar acciones hostiles de Sacyr o de Ausbanc, sabe que Villarejo no es un simple detective privado, sino un policía que se lucra con actividades particulares para las que utiliza a otros funcionarios de Policía y recursos públicos.

En ese punto jugaría un papel destacado Enrique García Castaño, que era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía y, supuestamente, facilitaba a Villarejo información de las bases policiales para que cumpliera sus encargos con el banco (números de teléfonos, listados de llamadas, direcciones). Corrochano y García Castaño se conocen bien porque estuvieron destinados juntos en el País Vasco.

Directivos declarando

La información plasmada por Villarejo en sus informes al BBVA está plagada de datos personales de los investigados: sus actividades, familiares, amistades e incluso inclinaciones sexuales. Más comprometidos aún son los seguimientos y las escuchas telefónicas que esos documentos reflejan. Todo ello constituiría, según los investigadores, delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En todo este proceso, García-Castellón ha citado a declarar a numerosos directivos y exdirectivos que tienen o han tenido responsabilidades en el banco. Por el juzgado han pasado el expresidente Francisco González y el ex CEO Ángel Cano, pero también Juan Asúa, asesor de cabecera de Carlos Torres.

También han sido citados Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio era el responsable de Regulación y Control Interno, el que fuera jefe de Riesgos, Manuel Castro, o el responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega y su predecesor, José Manuel García Crespo.

Son sólo una parte de la docena de directivos y exdirectivos del BBVA que han tenido que prestar declaración ante el juzgado. Aunque entre todos ellos hay un nombre que destaca por encima de todos, el de Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte y anterior responsable del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del propio banco.

El BCE, preocupado

La figura de Béjar se antoja como clave en todo el proceso, puesto que ha sido el único (junto a FG) que se ha prestado a responder a las preguntas del juez y del fiscal. No sólo eso, sino que ha acudido en diversas ocasiones a prestar declaración, lo que hace pensar que su testimonio ha resultado esencial en esta investigación.

Esa presencia de directivos y exdirectivos de BBVA en el juzgado, y con la posibilidad encima de la mesa de que algunos de ellos puedan resultar imputados, preocupa al Banco Central Europeo.

El regulador ha instado al equipo de Carlos Torres a entregarle el forensic, algo a lo que se ha negado ya que el caso está bajo secreto de sumario, así que desde Frankfurt también se han dirigido al juzgado de García-Castellón para que les proporcione información sobre el proceso y los presuntos delitos que se investigan contra el segundo banco del país.

El BCE tiene entre sus funciones la de velar por la estabilidad del sistema financiero y, aunque no le preocupa la solvencia del BBVA (ya que ni los depósitos ni la evolución en Bolsa se han visto afectados por el caso Cenyt), sí está inquieto por lo que pueda ocurrir con el equipo directivo y el problema reputacional que pueda tener el banco. No hay que olvidar que el regulador vela también por la idoneidad del consejo de administración, así como porque se cumplan todos los procedimientos de control.

Cambios en el Consejo

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, en los despachos de Frankfurt se analiza de cerca la situación del banco. Allí no se descarta pedir cambios en la gobernanza de BBVA si de la investigación forensic o de la judicial se desprenden fallos, pero también podría reclamar ceses en el consejo en caso de que alguno de sus miembros deje de resultar idóneo para el cargo.

El mero hecho de que el BBVA haya sido imputado como persona jurídica ha puesto en el punto de mira a todos los ejecutivos y consejeros con responsabilidades en el banco anteriores a 2017 -año en el que todavía se perpetraron los hechos investigados por la Justicia-. Estaría así fuera de sospecha Jaime Caruana, uno de los consejeros que el BCE vería con buenos ojos para suceder a Carlos Torres Vila si el escenario empeora para el actual presidente, que fue nombrado por Francisco González.

Ante esta situación, no sería de extrañar que Torres aproveche los próximos meses para anticiparse al BCE y lleve a cabo cambios. En la próxima Junta de Accionistas tendrá que afrontar la renovación de varios de sus consejeros ya que, entre otras cosas, vencen mandato y además tiene que incrementar la presencia de mujeres en dicho órgano. Es un buen momento para recuperar la idoneidad de todos sus miembros, y también la confianza que el regulador tenga en todos ellos.

La deriva judicial y las relaciones con el Banco Central Europeo centrarán buena parte del día a día de un Torres que, al mismo tiempo, tendrá que lidiar con la maltrecha situación del negocio bancario en Europa. Los bajos tipos impuestos por el BCE lastran los resultados, pero también tendrá que hacer frente a la situación en Estados Unidos donde acaba de asumir un deterioro de 1.500 millones.

A todo ello hay que sumarle la ralentización económica que afecta a buena parte de las economías globales, y que afecta sobre todo a México (de donde procede la mayor parte del beneficio).