De Fomento a Transporte, Movilidad y Agenda Urbana: un cambio de nombre plagado de retos

Primero la llegada de la democracia y luego la entrada en la Unión Europea permitieron a España superar el histórico gap que tenía en materia de infraestructuras frente a las grandes potencias europeas. Una evolución que cuenta con su máximo exponente en los kilómetros de autovías y de alta velocidad ferroviaria, pero que también ha afectado a aeropuertos o instalaciones portuarias y logísticas.

Ahora, con la llegada del nuevo Gobierno las políticas que marcarán el futuro de las infraestructuras del país pasarán a estar bajo el paraguas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana dejando atrás la denominación de Fomento. Un cambio de nombre con el que se pretende reorientar las políticas de infraestructuras del país que seguirán contando con José Luis Ábalos al frente.

Desde Moncloa señalan que "el objetivo es mejorar la movilidad de las personas y las mercancías, una movilidad conectada, segura y sostenible". Un guiño a un cambio que Ábalos lleva adelantando desde los fallidos presupuestos generales que el gobierno de Sánchez intentó sacar adelante tras la moción de censura.

En aquellos días, el entonces ministro de Fomento también utilizó la palabra reorientación para referirse a la apuesta por la renovación de los Cercanías y en la modernización y mantenimiento de las infraestructuras que fijaban las cuentas que su partido propuso.

Al comenzar el año, el ministro fue un paso más allá y en otra de sus intervenciones públicas anunció que cada vez "vamos a hablar menos de cemento y más de datos en infraestructuras". Ahora, estas ideas van a quedar plasmadas en una decisión que va a marcar de forma muy profunda el negocio de la obra civil durante los próximos años.

Desde el Gobierno señalan que el nuevo ministerio incorpora "la Agenda Urbana a sus competencias, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas y Europa. En este ámbito, se mantienen las competencias de vivienda, pero irá más allá. Es una apuesta por un desarrollo integral de las ciudades y pueblos de toda España".

Un añadido que termina por configurar un super ministerio cuyo alcance efectivo habrá que ver debido a la gran cantidad de competencias transferidas a Comunidades Autónomas y Municipios en muchas de las nuevas asignaciones. 

Menos cemento y más listo

En lo que tiene que ver con carreteras, tras décadas marcadas por tan ingente como necesario desarrollo de kilómetros de autovías y autopistas ha llegado el momento de centrarse en sacarles el mayor partido. Al margen de terminar los tramos proyectados y en ejecución, el Ministerio va a tener que trazar la estrategia de mantenimiento y modernización de la red de altas prestaciones española.

Tras lanzar un globo sonda el pasado verano por el que parecía que Ábalos iba a impulsar una política de pago por uso en las autovías españolas, a finales de año el ministerio enfrió esta posibilidad. En medio del proceso electoral, defender que los usuarios iban a tener que pagar por utilizar las carreteras que uhasta ahora eran gratis no pareció un argumento alineado con el objetivo de maximizar el número de votos captados. 

Ahora, la configuración de un gobierno en coalición con Unidas Podemos parece alejar aún más esta posibilidad. Ideológicamente sería complicado para este Gobierno defender que los encargados de financiar el coste que generan las infraestructuras son los usuarios que las usan. Frente a esta visión parece que se impondrá la idea de que es el Estado el que tiene que ser quién soporte este coste.

Pero, al final, el dinero tiene que salir de algún sitio. Con unas políticas en las que se va a aumentar el gasto social por un lado y Bruselas en el otro exigiendo contención en el déficit, cargar a los Presupuestos Generales del Estado con la financiación de las infraestructuras va a poner más difícil aún que le salgan las cuentas al Gobierno. Más cuando autopistas como AP-7 o AP-4 tienen previsto levantar sus peajes.

Alta velocidad liberalizada

Hay que tener en cuenta que, además del mantenimiento tradicional de estas infraestructuras, durante los próximos años la evolución tecnológica de los automóviles, con la electrificación y la sensorización como elementos más importantes, exigirá dotar de una capa de inteligencia a nuestra red de carreteras. Una inversión importante a corto plazo pero que, a largo, permitirá tanto mejorar la seguridad como el mantenimiento de las infraestructuras, lo que reducirá el coste de su mantenimiento.

En materia ferroviaria, de cumplirse la legislatura en su totalidad, este Gobierno será el encargado en cortar la cinta de las inauguraciones tanto del AVE gallego, como de la Y Vasca. Del mismo modo, el corredor Mediterráneo debería contar con un gran impulso dado que su finalización está prevista para 2025. El corredor Atlántico, por su parte, deberá deberá contar con las líneas maestras en los próximos cuatro años para garantizar su plena actividad antes de que concluya la década.

En paralelo a la finalización de la red, el gran reto del próximo Ministerio será maximizar su utilización. La puesta en marcha de la liberalización ferroviaria será el principal instrumento que tendrá el equipo de Ábalos para que cada vez más usuarios opten por el ferrocarril para desplazarse entre las ciudades españolas. La entrada de Ilsa y la SNCF como nuevos operadores para romper el monopolio de Renfe, así como el lanzamiento de Avlo, el servicio low cost de la operadora española, modificarán radicalmente el mercado ferroviario español.

Un proceso gradual que arrancará en diciembre de 2020 y que a partir de 2023 contará con la casi la totalidad de la nueva oferta ferroviaria. Si las previsiones de los analistas se cumplen, el mercado ferroviario español de alta velocidad crecerá un 60% desde los 21 millones actuales. Unos nuevos pasajeros que los operadores pretender captar mayoritariamente de la carretera y del avión.

Para que esto se cumpla, una de las primeras decisiones que tendrá que abordar el nuevo Gobierno será sacar los cánones ferroviarios de los actuales Presupuestos Generales del Estados. Este canon va a ser el principal coste para los operadores. De no separarse de las cuentas públicas, cada vez más difíciles de aprobar anualmente, Adif no tendrá la agilidad necesaria para ajustar el precio que los participantes en el mercado ferroviario paguen por usar sus infraestructuras. 

Pero los trenes no podrán llenarse si las estaciones ferroviarias no son capaces de absorber este tremendo incremento de tráfico. El ministerio de Ábalos tiene entre sus proyectos más candentes la descongestión de las principales estaciones españolas de alta velocidad. La puesta en marcha de la nueva Sagrera será clave para que, junto con la estación de Sants sean capaces de desatascar el cuello de botella que se avecina en la Ciudad Condal.  

Aeropuertos y puertos 3.0 

Una circunstancia que también sufrirá Madrid. En en este caso, la nueva estación de Chamartín reconfigurará el tráfico ferroviario de la ciudad. Un cambio muy profundo ya que ahora Atocha soporta gran parte del tráfico de AVE. En el futuro, la unión de ambas estaciones gracias a un túnel permitirá que ambas estaciones funcionen como una única con dos terminales. Con Chamartín centrada en los viajeros de negocios y Atocha en los turistas y los interesados en la parte cultural de la ciudad.

Si importantes van a ser las estaciones de tren para el nuevo ministerio, tanto o más lo serán los aeropuertos. Y en este sentido, la llegada de la alta velocidad a las terminales se presenta como uno de los proyectos clave para, realmente, impactar en la movilidad de los ciudadanos. Un objetivo compartido tanto desde el sector ferroviario como del de las líneas aéreas donde el nuevo CEO de IAG, Luis Gallego, se ha presentado como el máximo interesado en que los trenes de alta velocidad lleguen a las terminales españolas.

El marcado carácter ecologista del nuevo ejecutivo va a suponer una gran presión para que los vuelos entre ciudades separadas por menos de 600 kilómetros que cuentan con una alternativa ferroviaria desaparezcan paulatinamente. Para que pueda cumplirse a largo plazo este objetivo, que cada vez cuenta con más apoyos en Bruselas, facilitar las conexiones de tren y avión será clave.

La desaparición de las rutas cortas no supone ningún drama para las líneas aéreas. Muchas de ellas son deficitarias y su existencia se debe, en gran parte, a que nutren a los vuelos de largo radio de pasajeros. El nicho en el que las líneas aéreas consiguen la mayor parte de sus beneficios y donde el avión no es una alternativa. El nuevo ministerio será el encargado de poner en marcha esta transición y de que sea lo más ordenada posible para que usuarios, líneas aéreas y operadores ferroviarios sólo se vean afectados por los beneficios de esta apuesta por la sostenibilidad.

En la reducción de las emisiones, también jugará un papel clave el transporte de mercancías. Si importante será reducir en número de vuelos, más aún lo será sacar las mercancías de la carretera. Para ello, el ferrocarril vuelve a presentarse como la gran solución. Del mismo modo que ocurre con la llegada de la alta velocidad a los aeropuertos, la mejora de las conexiones ferroviarias con los puertos y de las plataformas logísticas permitirá que, por fin, España tenga un plan claro para volcar sus mercancías al ferrocarril. 

Según los últimos datos publicados por la CNMC, la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril comparada con el conjunto de modos de transporte se situó en el 1,9%, solo por delante de Grecia e Irlanda, y lejos de la media de la Unión Europea que presenta cuotas en torno al 18%. La consecución de gran parte de los objetivos medioambientales de este Gobierno irán de la mano de conseguir sacar las mercancías de la carretera.

El gran reto de las ciudades 

Pero si unas protagonistas van a tener el nuevo diseño del ministerio de Ábalos serán las ciudades. Los grandes problemas de movilidad de los usuarios se dan, y se darán más en el futuro, en los entornos urbanos. Una circunstancia que ya señaló el anterior ministerio de Fomento con su gran apuesta por la renovación de Cercanías como proyecto clave con los distintos concursos valorados en más de 3.000 millones de euros que deberán ser adjudicados a lo largo del año.

Además de mejorar las infraestructuras, la movilidad de las ciudades va a verse afectada por las exigencias de cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por Bruselas que, irremediablemente, traerán consigo una necesidad de reducir la circulación de vehículos propulsados por combustibles fósiles.

Y es aquí donde, previsiblemente, veremos conflictos entre ciudades y el Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana. La ambición del nuevo Ministerio va a ser generar un marco de actuación para las ciudades de un determinado tamaño que sirva como base para las limitaciones de tráfico. Unas decisiones que en estos momentos las ciudades están poniendo en marcha, o no, de forma individual. Las diferencias ideológicas y estratégicas avecinan un probable conflicto competencial.

Situación similar a la que se vivirá en materia de vivienda. Una de las grandes banderas de Unidas Podemos ha sido la limitación del precio de los alquileres. Se espera que el próximo ejecutivo tome decisiones en esta dirección. Habrá que ver el grado de capacidad que tendrá para ponerlo en marcha y, de darse, la efectividad que tendrán.

Donde este ministerio sí podrá actuar desde el día uno será en la puesta en marcha de más viviendas para uso social. Una medida en la que, a diferencia de la limitación del precio de los alquileres, existe un mayor consenso en lo positivo que sería para impactar en el precio tanto de las viviendas como de los alquileres. 

Así las cosas el nuevo Ministerio capitaneado por Ábalos será uno de los grandes protagonistas de la próxima legislatura. Su capacidad competencia y económica lo convertirán en el brazo ejecutor de gran parte de las políticas de impacto del nuevo Gobierno. Medidas que, en teoría, tendrán por objetivo mejorar cómo los ciudadanos nos movemos dentro de las ciudades y entre las urbes. Una actividad que afecta como pocas a la competitividad del país. Del buen hacer de este ministerio dependerá que España dentro de cuatro años sean un país más atractivo tanto para los ciudadanos como para las empresas e inversores.