Teresa Ribera ya no está en funciones. Tampoco es la ministra de un Ejecutivo nacido de una moción de censura con la mirada puesta en las elecciones. Ahora tiene experiencia de Gobierno y más poder que nunca al ser vicepresidenta. De un Gobierno débil y de coalición, pero con el viento de cola a favor de su Transición Ecológica.
El papel de la ministra frente a José María Marín Quemada con el tijeretazo de la CNMC a la retribución de eléctricas y gasistas ha dejado probado que Ribera entiende que el discurso social debe ser compatible con la rentabilidad de las empresas.
No poner en riesgo puestos de trabajo o inversiones en renovables con ingresos procedentes de la energía tradicional también es social. En definitiva, la sostenibilidad también tiene que aplicarse a la cuenta de resultados y la economía. Resultado de ese credo es su conocida buena relación con Ignacio Galán, que ha sido su embajador ante los inversores internacionales que son los que deben financiar la transición 'verde' de la economía española.
Teresa Ribera y Antonio Brufau.
Pero Ribera también es la ministra que vino a llamar a Antonio Brufau 'antiguo' por defender ante sus accionistas una transición ecológica cauta. El empresario catalán cree que España no debe perder peso en determinadas industrias que pueden deslocalizar sus emisiones a otros países contaminando igual y trasladando empleo a otros lugares.
El hielo entre el presidente de Repsol y el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido más que evidente con sonadas ausencias en actos clave, como fue la presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Sin embargo, la distancia que separa al Ejecutivo de la petrolera que da empleo a más de 17.300 personas en España es más de formas y tiempos que de fondo.
Prueba de ello es que Repsol fue la empresa española que más contribuyó a la COP25 con un anuncio de gran calado: ser la primera empresa del mundo de su sector que en 2050 no producirá emisiones netas.
En realidad, fue casi por coincidencia porque el plan estaba en marcha y pendiente del visto bueno final de su consejo desde hacía algunas semanas. Pero fue un tanto más que se apuntó Ribera ante la atenta mirada internacional de los asistentes y seguidores de la cumbre por el clima.
Esa reconversión ecológica que Brufau y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, quieren acelerar no será gratis. Supondrá que Repsol asuma pérdidas históricas en 2019 por acometer un ajuste contable de 4.800 millones de euros para la transformación de su negocio de hidrocarburos al de una energética libre de emisiones contaminantes.
En realidad, es el rumbo que ha decidido tomar la empresa no por la ministra, sino porque es el sino de los tiempos -por si alguien se perdió el pasado miércoles el viaje de Ana Botín a Groenlandia-.
Mañana, martes, Exane BNP Paribas organiza un Investors Day con Repsol. La petrolera acude con un reciente informe de Goldman Sachs apoyando su estrategia y lo que es más importante: con la bendición del fondo de pensiones del Gobierno noruego, que se nutre de la riqueza que da el 'oro negro' pero solo invierte en negocios sostenibles.
Norges Bank se ha convertido en el tercer máximo accionista de la firma española al hacerse con más del 3% de su capital. El movimiento del mayor fondo soberano del mundo se produce nueve meses después de que Oslo ordenara a sus gestores dejar de invertir en empresas con fuerte presencia en el crudo y el carbón no inmersas en un proceso de diversificación hacia otros negocios eco.
Dicen el sentido común y algún buen conocedor de los manejos del poder que el 'plan verde' de Repsol y el nuevo momento político propiciarán un deshielo entre una Ribera empoderada y un Brufau que ha dado un paso para demostrar que puede ser un hombre tan "moderno" como imaginaba la vicepresidenta antes de que el empresario pidiera cautela a su Gobierno ecológico.
Antonio Brufau, Ignacio Galán, Josu Jon Imaz, Aitor Esteban, Teresa Ribera y Ana Botín.
Junto al gesto del fondo noruego, Repsol cuenta con el PNV también como aliado para esta nueva etapa.
El nacionalismo vasco, con Aitor Esteban a la cabeza, tendrá la llave para la aprobación de todas las leyes y será el mediador con el Gobierno para más de una empresa del Ibex 35. Incluidos bancos y compañías de hidrocarburos -léase Repsol-, a las que María Jesús Montero tiene en la diana para aplicar subidas adicionales en el Impuesto de Sociedades.
Imposible no nombrar en este punto a Josu Jon Imaz. Político vasco reconvertido a gestor, aunque en su entorno se trate de restar peso a ese pasado político y se resalte más su papel ejecutivo que institucional.
Fruto de los estrechos lazos con la Lehendakaritza, Repsol montó su primera red de electrolineras en el País Vasco.
Una red que se está expandiendo por el resto de España y es un pilar fundamental para la transición 'verde' de la movilidad. Y que ha servido para que las eléctricas -que se llevan mejor con Ribera que las petroleras y los fabricantes de coches diésel- se pongan las pilas para no quedarse atrás en este negocio futuro.
Pocos confían en el entorno de Brufau en que la ministra cambie su opinión respecto al diésel. Pero sí se espera que en este nuevo capítulo político la relación se suavice.
Repsol vende gasolina y diésel, combustión contaminante pero que formará parte del modelo de vida de los Estados de Bienestar europeos hasta que la tecnología y los números hagan viables una sociedad 100% ecológica.
Brufau ha situado esa meta en 2050. Es posible que la toma de conciencia social sobre el deterioro del planeta acelere ese plan en el futuro. Pero el compromiso de la empresa ha quedado claro. Ribera no debe olvidar que sin la colaboración de las empresas y un acuerdo sólido internacional, no podrá ganar su batalla contra el diésel.
ATENTOS A...
El 1,8%. Es el crecimiento estimado para 2020 que Nadia Calviño incluyó en el cuadro macroeconómico que envió a Bruselas el pasado octubre. Una proyección que fue ratificada por la AIReF, el organismo independiente que entonces presidía su ahora compañero en el Consejo de Minsitros, José Luis Escrivá.
Nadia Calviño y José Luis Escrivá.
La evolución de la economía española en el tiempo que dure esta legislatura va a ser el examen más importante al que tendrá que someterse el Gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
En este contexto, en el entorno académico ya se ha lanzado la pregunta en los últimos días de cuál debe ser el umbral de crecimiento para otorgar un aprobado a un Gobierno en el que los empresarios no acaban de confiar por la presencia de Unidas Podemos en el Ministerio de Trabajo.
En su último cuadro macroeconómico como ministra en funciones, Calviño -con el aval de Escrivá- demostró ser más optimista que el resto de organismos y servicios de estudio en materia de crecimiento. Un ejercicio recurrente en los Gobiernos para ayudar a cuadrar las cuentas presupuestarias dando más margen al gasto público.
Ahora para pasar el examen económico, ese optimismo podría volverse en su contra. La Unión Europea espera un avance del PIB español del 1,5% en 2020 y el Banco de España del 1,7%. Todo lo que sea perder esos rangos supondrá un fuerte revés para la primera coalición de la Democracia.
