La formación del nuevo Gobierno y el nombramiento de los Secretarios de Estado y Directores Generales despejará definitivamente el camino a dos de los cambios que lleva varios meses esperando el sector audiovisual y el de telecomunicaciones: la subasta de espectro de 700 MHz para su futuro uso en el 5G y la nueva Ley Audiovisual.

En el caso de la normativa 5G, las fuentes administrativas consultadas indican en enero, o a más tardar a comienzos de febrero, saldrá a audiencia pública el Plan Nacional de Frecuencias, antesala y último paso para convocar la subasta para asignar el espectro con el que las operadoras de telecomunicaciones desarrollen comercialmente la nueva tecnología.

Del mismo modo, en las próximas semanas saldrá la audiencia pública de la Ley Audiovisual, un borrador definitivo del proyecto que será sometido a consulta del sector. En este documento se incluirá la esperada equiparación de las obligaciones fiscales de los operadores extranjeros como Netflix o HBO, a las empresas locales. 

De esta manera, en un plazo máximo de tres meses se quemarán las últimas etapas para dos proyectos claves para la legislatura del mercado de las Telecomunicaciones y quedarán listos para ponerse en marcha. En el caso de la Ley Audiovisual, en estos plazos estará en condiciones de entrar en el Congreso donde deberá enfrentarse al trámite parlamentario.

El avance de la tecnología 5G y la Ley Audiovisual han caminado en paralelo en los últimos meses, de la mano de las exigencias de Bruselas. En el caso de la nueva tecnología móvil, en los próximos días se enviará al sector el Plan de Frecuencias en el que sugerirán los tramos que se incluirán en la subasta pública y puede dar pistas respecto del número de operadores que puede haber en un espectro.

Ley Audiovisual

Si se permite compartir espectro, las operadoras podrán ofrecer más velocidad a sus clientes con la nueva red 5G, incluso en las zonas menos pobladas y donde los despliegues reportan una mayor cantidad de recursos.

Los procesos de audiencia pública suelen tardar quince días, tiempo en el que los actores del mercados dan su opinión sobre la normativa. En un plazo de un mes el proyecto incluye estas modificaciones -si las hay-, por lo que el Gobierno estaría en condiciones de lanzar la subasta definitiva en marzo de este año, como estaba previsto en el plan del segundo dividendo digital.

En el caso de la Ley Audiovisual, la audiencia pública se hará sobre un borrador de un proyecto casi finalizado. Este proceso se realizará antes de que finalice el primer trimestre.

En principal objetivo es transponer la normativa europea del sector aprobada en noviembre de 2018. Bruselas dice que los Estados miembros tienen dos años para adaptar su legislación local a las leyes europeas, un plazo que en este caso vence en noviembre de 2020. 

La norma europea busca mayor protección de los niños, límites a la publicidad e impulso a la producción europea son las principales novedades de la normativa audiovisual aprobada el martes por el Parlamento Europeo.

Netflix y HBO

Las reglas se aplicarán a las cadenas de televisión, y también a las plataformas de vídeo a la carta, como Netflix, y de distribución de vídeos, como YouTube y Facebook, así como a las retransmisiones en directo en estas plataformas.

En el caso español, lo que generará más revuelo será la equiparación de los deberes de los operadores nacionales extranjeros en temas capitales como la producción de cine español o la tasa RTVE.

El objetivo inicial es que estas nuevas plataformas OTT equiparen su carga fiscal a estos players tradicionales y que aporten el 5% de sus ingresos operativos para financiar el cine europeo y el 3% de sus ingresos brutos para financiar RTVE. 

En de caso de RTVE se deberá modificar su ley de financiación para recibir estos nuevos ingresos, lo que abre la puerta a otras modificaciones pendientes como el redimensionamiento de su estructura, su plantilla o la manera de elegir a sus directivos y presidente. 

En cualquier caso -y a diferencia del 5G- la Ley Audiovisual deberá pasar por el Parlamento. De esta manera, tras la audiencia pública de quince días y la elaboración definitiva del proyecto en un plazo aproximado de un mes, se presentará oficialmente la nueva ley.

Si se cumplen los plazos debería estar en el Congreso en este primer semestre para pasar por el trámite y por la negociación parlamentaria. De hecho, su discusión en las Cortes podría cambiar algunos de los aspectos relevantes que se incluyan en un primer momento.