Comienza el juicio contra los 133 controladores aéreos que hicieron huelga en 2010

Un juzgado de Madrid celebra desde este miércoles el juicio a los 133 controladores a los que la Fiscalía -que ya ha llegado un acuerdo con más de un centenar de ellos- acusa de abandonar sus funciones durante la huelga de diciembre de 2010, lo que llevó al cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que al menos 119 de estos trabajadores han reconocido los hechos ante el Ministerio Público, admitiendo una condena que oscila entre 31.500 euros y cinco meses de inhabilitación para seis representantes, y unos 15.000 euros para el resto.

Otras fuentes, sin embargo, apuntan que únicamente quedaría por conformarse el entonces portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo.
En cualquier caso, las penas pactadas son inferiores a las que pedía la Fiscalía, que inicialmente reclamaba multas de entre 60.000 y 75.000 euros, y solicitaba que los controladores indemnizaran, de forma conjunta y solidaria, a los viajeros en concepto de cancelación de vuelo y de otros gastos derivados pendientes de reintegrar.

A pesar de que la USCA alcanzó un principio de acuerdo por el que se comprometía a abonar 15 millones de euros en indemnizaciones a los perjudicados para tratar de no llegar a juicio, el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid inicia esta semana una vista oral que, según el calendario, durará 26 sesiones.

Desarrollo del juicio

Comenzará con la exposición de las cuestiones previas, trámite tras el que dará comienzo el interrogatorio de la veintena de controladores citados para este miércoles.

Según la Fiscalía, "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados -funcionarios públicos- de sus puestos de trabajo se produjo el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte y, por consiguiente, la cancelación de 1.352 vuelos entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010, durante el puente de la Constitución.

"Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación", añade.

La fiscal denuncia además cómo, entre las 17.00 y las 17.15 horas del día 3, un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó a su responsable un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

En este sentido, apunta, el que prácticamente toda la plantilla prevista para ese turno entregara tal formulario, obligó a la dirección de Aena a reducir de forma progresiva la capacidad de los distintos sectores en los que se organiza el espacio aéreo.

Así, al comienzo del turno de noche tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados; la mayoría se encontraban, relata el escrito, en una asamblea convocada por USCA, sindicato mayoritario.

La situación se consolidó un día más tarde, cuando de los 73 que tenían que acudir a su puesto de trabajo, "sólo" lo hicieron 19, una estrategia que pretendía "mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal".

El Ministerio Fiscal pone de relieve que estas acciones, que se hicieron de manera "consciente", fueron coordinadas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" por USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con Aena para el segundo convenio laboral del personal aeronáutico.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, durante las negociaciones del convenio, tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde marzo de 1999.